Lunes, 07 de abril, 2025

*Se han cambiado los nombres para proteger la identidad

El primer informe de Amnistía Internacional dirigido por jóvenes revela que el acoso en Internet por parte de las autoridades filipinas, en particular la práctica del “etiquetado en rojo” o de calificar a las personas de comunistas, crea un clima de temor que disuade a los jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos de participar en acciones de activismo y expresarse libremente. 

En el informe “Left to their own devices: The chilling effects of online harassment among young human rights defenders (YHRDs) in the Philippines”, jóvenes activistas de entre 18 y 24 años comparten sus experiencias de etiquetado en rojo, de ver en Internet información personal publicada sin su consentimiento y de ser víctima de troleo. Describen cómo el acoso online les ha llevado a la autocensura, ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión y de asociación y, en algunos casos, les ha obligado a abandonar su trabajo como activistas o periodistas. 

El efecto disuasorio del acoso online menoscaba gravemente los derechos de estos jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos. No sólo amenaza a la persona, sino que también socava su capacidad para realizar su trabajo de defensa de los derechos humanos. 

Mia Tonogbanua, vicepresidenta y exrepresentante de la Junta de representantes juveniles de Amnistía Internacional Filipinas 

El informe destaca cómo la edad, la orientación sexual, la condición de estudiantes y las afiliaciones institucionales de los y las jóvenes activistas magnifican los riesgos y el impacto del acoso que sufren en Internet. 

Esta investigación forma parte de InvestigAcción, el primer proyecto de investigación dirigido por jóvenes de Amnistía Internacional en el que las voces jóvenes, a menudo ignoradas en el trabajo tradicional de derechos humanos, ocupan un lugar central. Nueve jóvenes se dedicaron a documentar e investigar las experiencias de jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos llevando a cabo una investigación documental, elaborando un cuestionario por Internet y entrevistando a jóvenes de entre 18 y 24 años. Amnistía Internacional proporcionó recursos, orientación y asistencia técnica. 

Amenazas de muerte, autocensura y miedo

El acoso online auspiciado por el Estado ha tenido efectos perturbadores en jóvenes activistas, que describen haber sufrido angustia psicológica, aislamiento de sus familias y círculos sociales y sensación de que su contribución a la labor de derechos humanos estaba devaluada. 

Habagat*, estudiante activista, recibió amenazas de muerte tras ser marcado públicamente con una etiqueta roja en la página de Facebook de la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista (NTF-ELCAC). 

“No pude dormir bien durante tres semanas después de lo ocurrido”, recordaba. “Temía constantemente por mi seguridad”. 

La NTF-ELCAC es un cuerpo especial creado por el gobierno filipino en 2018 como parte de su respuesta a la actual insurgencia comunista en el país. Desde su creación, ha sido criticada por activistas y grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, por dedicarse al etiquetado en rojo. 

Marisol*, defensora de los derechos ambientales, dijo que había recurrido a “jugar sobre seguro” y a la autocensura para minimizar las reacciones negativas ante temas controvertidos. Sin embargo, este enfoque la ha dejado en una situación problemática: “Es como si no te posicionaras sobre lo que hay que hacer”. 

Sarita*, una joven defensora de la paz y la seguridad en el sur de Filipinas, dijo que el acoso online le había hecho “sentir muy débil, muy inferior en comparación con estos políticos que tienen todos los poderes”. 

El ciberacoso afecta a varios derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, la salud, la reparación, la no discriminación y el derecho a defender los derechos humanos. 

Los y las jóvenes activistas también hablaron de un miedo generalizado a participar en debates públicos. Algunas de estas personas lo atribuyeron a la preocupación por las represalias de las autoridades en forma de ciberacoso. Otras muchas expresaron dudas sobre el valor de sus voces y su experiencia como jóvenes frente a la violencia y el odio en los espacios de Internet. 

Llamamiento a la acción colectiva y a la rendición de cuentas

A pesar de estos retos, jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos han encontrado formas de adaptar su enfoque para garantizar que pueden continuar con su defensa de los derechos humanos, por ejemplo, mediante el establecimiento de comités internos de bienestar, la aplicación de protocolos de seguridad y el acceso a servicios de salud mental. 

Ser un joven defensor o defensora de los derechos humanos en Filipinas no es seguro, cómodo ni ideal. Aún así… los jóvenes y las jóvenes activistas siguen luchando, alentados por estrategias de atención y compromiso con la justicia.  

Mia Tonogbanua, vicepresidenta y exrepresentante de la Junta de representantes juveniles de Amnistía Internacional Filipinas

El gobierno filipino ha incumplido sistemáticamente su obligación de proteger los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país. Quienes perpetran el ciberacoso no rinden cuentas de manera efectiva, mientras que los defensores y defensoras de los derechos humanos deben hacer frente a las consecuencias de este acoso sin apoyo ni protección suficientes. 

En el momento de la publicación del informe, el gobierno filipino no había respondido a una solicitud de comentarios sobre las conclusiones del informe de Amnistía. 

Amnistía Internacional insta al gobierno filipino a poner fin a los actos de etiquetado en rojo, intimidación, hostigamiento, amenazas o agresiones promovidos por el Estado contra activistas, y en particular contra jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos. 

El presente trabajo de investigación se basa en las conclusiones de investigaciones previas de Amnistía Internacional, entre ellas cómo los dos gobiernos sucesivos del presidente Duterte y del presidente Marcos hijo han utilizado como armas las herramientas digitales, información errónea y leyes antiterroristas imprecisas para crear un clima de miedo e intimidación entre los jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos en Filipinas.