La expulsión de 238 personas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump

Ante la reciente expulsión ilegal de Estados Unidos a El Salvador de 238 nacionales venezolanos acusados de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:

“La expulsión de 238 personas de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución. Además, es un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente Bukele.

Según información pública disponible, han sido expulsados individuos que estaban en pleno proceso judicial, que fueron arrestados a pesar de que cumplían sus obligaciones en materia de inmigración, que ya tenían protecciones concedidas en Estados Unidos en aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratados, o que fueron clasificados como miembros de bandas por sus tatuajes o su relación con el estado venezolano de Aragua, sin más pruebas. De hecho, el propio personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense ha admitido que “muchos” no tenían antecedentes penales y algunos fueron expulsados por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro. Es importante señalar que estas expulsiones no constituyen deportación, que es un proceso establecido en la legislación estadounidense. Estas personas fueron expulsadas sin orden de traslado, al parecer para cumplir cárcel por tiempo indefinido en un sistema en el que se ignoran por sistema los derechos humanos fundamentales.

Con el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en Las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el poder ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginadas se presentan como soluciones al crimen. Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos ahora los expulsados. Los informes indican hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia. Ninguna persona debe ser sometida a esas condiciones.

Existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de “seguridad” del presidente Bukele en El Salvador y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad. Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios. En El Salvador, esta discriminación va dirigida contra quienes viven en comunidades empobrecidas y quienes tienen un empleo precario, educación limitada o tatuajes visibles. De igual modo, en Estados Unidos, personas venezolanas que huyen de la penuria y buscan seguridad son calificadas de delincuentes por sus tatuajes o su vinculación al estado venezolano de Aragua, o por mentiras racistas sobre su vinculación a grupos delictivos transnacionales con origen en su país natal. Estas políticas son profundamente injustas y vulneran las normas internacionales de derechos humanos.

El principio de no devolución (non-refoulement), piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, prohíbe de forma inequívoca a los Estados expulsar, devolver o trasladar personas a un país donde corren peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria o tortura y otros malos tratos. Al trasladar a estas personas a El Salvador en tales circunstancias, Estados Unidos las ha puesto en grave peligro y ha incumplido sus obligaciones jurídicas. Por otra parte, es preciso exigir responsabilidades a El Salvador por facilitar políticas que violan los derechos de las personas migrantes y las que buscan seguridad. El traslado posterior de estas personas de El Salvador a Venezuela sería igualmente contrario al principio de no devolución. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha pedido a los Estados que garanticen que las personas venezolanas no serán deportadas, expulsadas u obligadas a regresar a su país. Amnistía Internacional ha pedido una prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela, dado que el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos.

Resulta especialmente preocupante que se esté normalizando la erosión del debido proceso en El Salvador, tanto a nivel nacional como internacional. En lugar de condenar estas prácticas, otros gobiernos —como el de Estados Unidos— parecen dispuestos a imitarlas. Es la peligrosa consecuencia de que unas prácticas autoritarias se vuelvan sistemáticas y recurrentes: dejan de ser abusos aislados para convertirse en política oficial del Estado. El 27 de marzo de 2025, El Salvador cumplirá su tercer año consecutivo sometido al estado de excepción, régimen que ha institucionalizado patrones de abuso que ya se están reproduciendo fuera de sus fronteras, lo que debilita aún más el marco internacional de los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de El Salvador y demás países de las Américas que se abstengan de participar en programas injustos de deportación y traslado.

Las autoridades salvadoreñas deben restablecer urgentemente el debido proceso en todo el país y garantizar los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de todas las personas actualmente detenidas, incluidas las más de 84.000 arrestadas durante el estado de excepción vigente. El gobierno salvadoreño debe garantizar que sus políticas y prácticas no propician más abusos contra los derechos humanos ni ponen en situación de riesgo a personas vulnerables.

Pedimos también al gobierno estadounidense el retorno inmediato de los individuos trasladados ilegalmente a El Salvador, el fin de todas las expulsiones en aplicación de esta orden ejecutiva, el acatamiento de las decisiones de las autoridades judiciales estadounidenses, la suspensión inmediata de todos los programas de detención y deportación masiva y el restablecimiento del derecho al asilo en la frontera sur de Estados Unidos.

Amnistía Internacional se solidariza con las personas afectadas por esta política injusta y seguirá haciendo campaña en favor de la protección de los derechos humanos tanto en las Américas como en otros lugares.”