En las últimas semanas, el presidente Trump ha desatado una serie de acciones que deshumanizan, criminalizan y causan un sufrimiento real a personas que han huido de crisis de derechos humanos para buscar seguridad

DETENER LA SEPARACIÓN DE UNA FAMILIA QUE BUSCA SEGURIDAD

El 21 de marzo, las autoridades de inmigración estadounidenses detuvieron a los progenitores de una familia de cinco personas y los separaron de sus tres hijos, menores de 12 años. A pesar de que la familia cuenta con un Estatus de Protección Temporal (TPS) y tiene pendientes sus solicitudes de asilo, ha sido acusada de entrada “ilegal” en Estados Unidos más de dos años después de su llegada a la frontera sur del país. Todas las personas tienen derecho a solicitar asilo, independientemente de la manera en que hayan entrado en Estados Unidos, y detener a cualquier persona con un TPS válido es ilegal. Pedimos al gobierno de Trump que ponga de inmediato en libertad a los progenitores para que se reúnan con sus hijos, que aún son niños, y que cese la cruel práctica de la separación familiar.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Todd Lyons

Acting Director, Immigration and Customs Enforcement

500 12th St SW

Washington, DC 20536, EE. UU.

Correo-e: Todd.M.Lyons@ice.dhs.gov

Estimado señor Lyons:

Lo insto a poner de inmediato en libertad a César y a Norelia (Números de Registro de Extranjero 246149580 y 246149581) para que puedan reunirse con sus tres hijos, aún niños. El 21 de marzo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Washington, DC, Estados Unidos, detuvo ilegítimamente y separó a una familia venezolana que cuenta con un Estatus de Protección Temporal (TPS) válido y activo y tiene pendientes sus solicitudes de asilo, y la acusó de entrada “ilegal” en Estados Unidos, más de dos años después de su llegada a la frontera sur del país.

Esta es una de las primeras veces que Estados Unidos ha hecho uso de la Sección 1325 del Título 8 del Código de Estados Unidos (8 U. S. C. 1325) —la disposición de la ley sobre inmigración en la que se basó la política de separación familiar del gobierno de Trump durante su primer mandato— para atacar a una familia que lleva años en Estados Unidos, en lugar de aplicarla a llegadas recientes a la frontera entre Estados Unidos y México.

Se trata de una subversión flagrante e indignante de la ley con el fin de usarla para atacar a inmigrantes y separar familias que ya han construido su vida en Estados Unidos. Toda persona tiene derecho a buscar asilo. La gente debe tener acceso inmediato a unos procedimientos de asilo justos y eficientes y, en virtud del derecho internacional de refugiados, no puede ser penalizada por entrar irregularmente en un país en el que busca protección. Una vez que se le concede el TPS, una persona no puede ser detenida por su condición migratoria en Estados Unidos.

Los niños vieron cómo se llevaban esposados a sus progenitores y los arrojaban a un sistema que inflige violencia y prolonga su sufrimiento. La separación de familias que buscan asilo provoca un trauma duradero, especialmente a los niños y niñas, puede constituir tortura y es una violación flagrante de sus derechos humanos.

Lo insto a dar marcha atrás de inmediato y poner en libertad a César y a Norelia para que se reúnan con sus hijos, y a poner fin a la práctica de la separación familiar, la detención familiar y la detención y deportación colectiva.

Atentamente,

[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En las últimas semanas, el presidente Trump ha desatado una serie de acciones que deshumanizan, criminalizan y causan un sufrimiento real a personas que han huido de crisis de derechos humanos para buscar seguridad. En todo el país, el gobierno de Trump sigue aplicando tácticas cada vez más crueles y escandalosas para sembrar el miedo en las comunidades, separar y detener a familias y atacar a activistas y a apreciados miembros de la comunidad.

El 21 de marzo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Washington, DC, Estados Unidos, detuvo y separó a una familia venezolana que cuenta con un Estatus de Protección Temporal y tiene pendientes sus solicitudes de asilo, y la acusó de entrada “ilegal” en Estados Unidos, más de dos años después de su llegada a la frontera sur del país.

César y Norelia, sus tres hijos, menores de 12 años, y otros miembros de su familia huyeron de Venezuela, donde sufrían persecución a causa de su apoyo al partido de oposición en el país. Entraron en Estados Unidos en 2022 a través de Texas. Toda la familia tiene solicitudes de asilo pendientes, y cuenta con un TPS válido y activo para Venezuela. El TPS permite a las personas de determinados países en los que corren peligro residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Una vez que se le concede el TPS, una persona no puede ser detenida por su condición migratoria en Estados Unidos.

César y Norelia ya habían sido detenidos anteriormente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos el 11 de marzo de 2025. El 12 de marzo, un juez federal ordenó su liberación en espera de una vista judicial programada en Texas. El 13 de marzo, César y Norelia fueron llevados desde la cárcel hasta el tribunal federal en Washington DC, donde fueron puestos en libertad y detenidos inmediatamente por el ICE. El ICE los puso en libertad ese mismo día. Desde entonces, Norelia y César cumplieron con sus requisitos para con el ICE hasta que fueron detenidos de nuevo el 21 de marzo. César se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención de Farmville y Norelia en el Centro de Detención de Caroline.

El gobierno de Trump ha empezado recientemente a utilizar la 8 U. S. C. 1325 —la disposición de la ley sobre inmigración en la que se basó la política de separación familiar del gobierno de Trump durante su primer mandato— para atacar a personas y familias que llevan años en Estados Unidos, en lugar de aplicarla a llegadas recientes a la frontera entre Estados Unidos y México. El caso de César y Norelia sienta un precedente, ya que podría afectar a miles de personas más que entraron irregularmente en Estados Unidos pero recibieron protección legal.

Todas las personas tienen el derecho humano universal de solicitar y recibir asilo en caso de persecución y de violaciones graves de los derechos humanos. Además, tienen derecho a no ser devueltas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro o donde estén en riesgo de sufrir tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de su situación migratoria. Este principio, conocido como no devolución (non-refoulement), es una protección consagrada en el derecho internacional consuetudinario, los derechos humanos, el derecho de refugiados y el derecho humanitario, y exige a los Estados que se abstengan de devolver, expulsar o trasladar por cualquier vía a cualquier persona a su país de origen o a cualquier otro lugar en el que existan razones fundadas para creer que correrá el riesgo de sufrir abusos graves contra los derechos humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha pedido a los Estados que garanticen que las personas venezolanas no serán deportadas, expulsadas u obligadas a regresar a su país. Amnistía Internacional ha pedido una prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela, dado que el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 reconoce que pedir asilo puede requerir que las personas refugiadas incumplan normas de inmigración y señala que las personas que buscan seguridad no deberían ser objeto de requisitos específicos ni sufrir sanciones por esa razón. Los Estados no pueden excluir a una persona del estatuto de refugiado hasta que no se haya evaluado su solicitud adecuadamente y no puede penalizarse ni excluirse a nadie del estatuto de refugiado basándose en su forma de entrada en el país en el que busca acceder a protección internacional.

Además, la separación de familias provoca un trauma duradero, especialmente a los niños y niñas, y es una violación flagrante de sus derechos humanos. Amnistía Internacional ha determinado anteriormente que las políticas de inmigración que separan a familias pueden constituir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya que causan un sufrimiento mental severo. El gobierno de Trump debe dar marcha atrás de inmediato y poner en libertad a César y a Norelia para que se reúnan con sus hijos, y debe poner fin a la práctica de la separación familiar, la detención familiar y la detención y deportación colectiva.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 24 de junio de 2025.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: César (masculino), Norelia (femenino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: No procede