Las autoridades dominicanas deben poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones anti derechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un entorno habilitante para la discriminación

Este 21 de marzo, día internacional de la eliminación de la discriminación racial, Amnistía Internacional urge a las autoridades dominicanas a que cumplan con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el derecho a defender derechos humanos sin discriminación de quienes luchan contra el racismo estructural en el país. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló: 

“Las autoridades deben actuar contundentemente frente a las crecientes amenazas contra personas defensoras de los derechos de personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana en situación de apatridia y afrodescendientes. De lo contrario, éstas podrían derivar en violencia física y el silenciamiento permanente de una parte de la sociedad civil dominicana.”  

Las autoridades deben actuar contundentemente frente a las crecientes amenazas contra personas defensoras de los derechos de personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana en situación de apatridia y afrodescendientes. De lo contrario, éstas podrían derivar en violencia física y el silenciamiento permanente de una parte de la sociedad civil dominicana

-Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Las autoridades dominicanas deben poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones anti derechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un entorno habilitante para la discriminación. Esto incluye garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana que quedaron en situación de apatridia por la sentencia del Tribunal Constitucional (168-13) en 2013, y poner fin a la política migratoria racista que se basa en expulsiones colectivas de personas haitianas y el perfilamiento racial contra personas negras.

Asimismo, las autoridades deben de abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes contra las personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y las personas que defienden estos (o sus) derechos. Lo que implica dejar de negar y reconocer las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de una política migratoria racista; y dejar de señalar a la población migrante haitiana como la responsable de la precarización de servicios públicos como la educación y la salud.

La falta de garantías y medidas de protección que permiten a las personas ejercer el derecho a defender derechos, el contexto de ataque contra personas defensoras, y el entorno de racismo estructural resultan en discriminación racial indirecta porque restringe la capacidad de las víctimas de racismo y discriminación racial de acceder a la justicia. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas efectivas de protección, acceso a la justicia y reparación, así como cooperar con organizaciones para prevenir la discriminación racial. 

“Las políticas racistas del gobierno han validado un entorno de terror. En los bateyes, comunidades compuestas por personas migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, impera el miedo a los operativos migratorios. Hemos recibido dolorosos testimonios de personas que, aun portando documentación regular, dudan de buscar atención médica o ir a trabajar por tanto temor”, comentó Ana Piquer.

Las políticas racistas del gobierno han validado un entorno de terror. En los bateyes, comunidades compuestas por personas migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, impera el miedo a los operativos migratorios. Hemos recibido dolorosos testimonios de personas que, aun portando documentación regular, dudan de buscar atención médica o ir a trabajar por tanto temor

-Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Nos alarma que los discursos racistas también han incrementado su presencia en medios de comunicación y redes sociales, lo que ha derivado en un asedio digital que estigmatiza, desacredita, difama e incluso amenaza a personas defensoras. Amnistía Internacional ha conocido casos donde se ha exhibido información personal, práctica conocida como “doxing”, lo que, además de constituir un agravio a su privacidad, pone en riesgo su integridad física en un contexto de xenofobia y racismo sistémico. Mujeres defensoras han contado a Amnistía Internacional que los mensajes que reciben suelen ser de contenido misógino. En al menos un caso, hay registro de ataques cibernéticos que han conseguido incluso la inhabilitación del sitio web de una organización no gubernamental.

Desde finales del año pasado, el Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOTSCHA) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciaron ataques hacia sus sedes; asimismo, medios de comunicación y la organización Participación Ciudadana reportaron incidentes similares. Al tiempo que se multiplican las concentraciones que utilizan y promueven discursos racistas y xenofóbicos, las personas defensoras de la justicia racial han expresado temor de que las amenazas digitales o verbales que han sufrido se materialicen en agresiones físicas.

Las autoridades también han restringido la libre expresión en espacios públicos con base en prejuicios racistas. Este 8 de marzo, policías interrumpieron un acto público por el día internacional de la mujer al confundir una expresión sincrética de la cultura nacional de la República Dominicana con una canción en lengua creole. Además de limitar injustificadamente la libertad de reunión pacífica de las manifestantes, esta intervención fue una transgresión a los derechos culturales basada en estereotipos raciales por razón de idioma que refleja el estigma contra la cultura haitiana y las personas que son percibidas como aliadas de las personas haitianas. Las autoridades deben facilitar, en lugar de restringir, las reuniones pacíficas contra la discriminación en espacios públicos físicos, de acuerdo con los objetivos definidos por sus promoventes; y asegurar que los operativos policiales se realizan libres de prejuicios racistas.

Al respecto, Johanna Cilano, investigadora regional para El Caribe de Amnistía Internacional, señaló que “El gobierno está obligado internacionalmente a proteger de cualquier ataque a las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a quienes se oponen a la política migratoria racista en República Dominicana. No hacerlo sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión de cualquier persona en el país”.

El gobierno está obligado internacionalmente a proteger de cualquier ataque a las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a quienes se oponen a la política migratoria racista en República Dominicana. No hacerlo sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión de cualquier persona en el país

-Johanna Cilano, investigadora regional para El Caribe de Amnistía Internacional

Por último, estas amenazas y ataques hacia las personas defensoras de derechos humanos deben ser investigadas sin discriminación de manera independiente, imparcial, incluyendo la investigación de posibles motivos discriminatorios. Solo con la acción del Estado, medidas preventivas y de protección, así como  la condena de estos hechos se garantizará que no vuelvan a ocurrir. Amnistía Internacional ha recibido información al respecto de denuncias ante la Procuraduría General y la Policía Nacional que no estarían siendo investigadas con debida diligencia; y cuyo avance dependería exclusivamente de las gestiones realizadas por las personas defensoras agraviadas.

“El presidente Abinader tiene la oportunidad de liderar acciones concretas para fortalecer el respeto a las voces críticas y garantizar un entorno donde la defensa de la justicia racial sea protegida. Avanzar en esta dirección no solo reafirmaría el compromiso del país con los derechos humanos, sino que también evitaría que estas violaciones se normalicen y se extiendan a cualquier persona que exprese opiniones diferentes a quienes promueven la discriminación”, sostuvo Ana Piquer.

“El presidente Abinader tiene la oportunidad de liderar acciones concretas para fortalecer el respeto a las voces críticas y garantizar un entorno donde la defensa de la justicia racial sea protegida. Avanzar en esta dirección no solo reafirmaría el compromiso del país con los derechos humanos, sino que también evitaría que estas violaciones se normalicen y se extiendan a cualquier persona que exprese opiniones diferentes a quienes promueven la discriminación

–Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional urge al gobierno de República Dominicana a que adopte medidas urgentes y reforzadas para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos sin discriminación, especialmente de quienes luchan contra la discriminación racial.