Esta sentencia demoledora sienta unos precedentes profundamente dañinos sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica, y pone en peligro el futuro mismo de Greenpeace

Ante la noticia de que un jurado estadounidense de Dakota del Norte ha ordenado a Greenpeace pagar al menos 660 millones de dólares estadounidenses a la empresa de combustibles fósiles Energy Transfer, tras declarar a la organización responsable de difamación y de los actos de manifestantes opuestos al oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Esta sentencia demoledora sienta unos precedentes profundamente dañinos sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica, y pone en peligro el futuro mismo de Greenpeace. Tiene graves implicaciones para los pueblos indígenas y para otras personas que defienden el medioambiente y actúan por el clima, trabajando sin descanso para proteger los derechos humanos. No cabe duda de que tendrá un efecto disuasorio en quienes hacen campaña para exponer las actividades indebidas de empresas poderosas en Estados Unidos y el resto del mundo.

La vía de acción legal elegida por Energy Transfer podría verse como una demanda SLAPP (demanda estratégica contra la participación pública), que ha tenido el efecto de reprimir los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica y de infligir un daño importante a Greenpeace, agotando sus recursos mediante causas judiciales prolongadas y peticiones de cantidades exorbitantes por daños y perjuicios, y mermando su capacidad de defenderse. 

Esta sentencia demoledora sienta unos precedentes profundamente dañinos sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica, y pone en peligro el futuro mismo de Greenpeace.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Aunque las demandas SLAPP no son una novedad, en los últimos años hemos visto un aumento alarmante de su uso para actuar contra defensores y defensoras de los derechos humanos, silenciar las críticas e impedir la transparencia y la rendición de cuentas en ámbitos fundamentales como la justicia climática. Esto ha dado lugar a que muchos países y organismos regionales adopten legislación antiSLAPP y otros instrumentos esenciales para contrarrestar la amenaza generalizada que estas demandas representan. Tales protecciones no son extrañas en Estados Unidos, pero la ausencia de leyes antiSLAPP en Dakota del Norte podrían haber hecho posible este resultado.

Además de castigar a Greenpeace, esta sentencia podría haber tenido también un efecto disuasorio en los pueblos indígenas, que a menudo son quienes están en primera línea de la defensa de la justicia climática y medioambiental. Amnistía Internacional defiende desde hace tiempo el derecho de los pueblos indígenas a protestar contra el oleoducto Dakota Access, así como su derecho a ser debidamente consultados y a que se lleve a cabo una evaluación del impacto en sus tierras, su cultura y su acceso a agua potable.

En última instancia, proyectos de infraestructura de combustibles fósiles como este oleoducto perjudican no sólo a los pueblos indígenas sino también al resto de la humanidad y el planeta. La ciencia es clara al respecto: necesitamos con urgencia un abandono gradual y equitativo de la extracción, producción y uso de combustibles fósiles para evitar los peores efectos del calentamiento global. Es hora de que el mundo reprima la codicia empresarial que está destruyendo nuestro planeta y dañando a todos sus habitantes.”