Los cinco hombres viajaron a Tailandia en marzo de 2014, tras huir de la persecución, la discriminación y otras graves violaciones de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (China)

Después de que las autoridades tailandesas devolvieran a China a 40 uigures refugiados el 27 de febrero, otros 5 refugiados uigures corren el riesgo de ser igualmente devueltos a China, donde estarían en peligro real de sufrir graves violaciones de los derechos humanos. Estos hombres se desplazaron a Tailandia en 2014 para escapar de la persecución y el gobierno tailandés debe cumplir sus obligaciones y garantizar los derechos de estas personas, incluido el de protección internacional.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Primer ministro

Prime Minister Paetongtarn Shinawatra

Government House

1 Phitsanalok Road

Bangkok

Tailandia

Fax: (+66) 2618 2358

Correo-e: prforeign@prd.go.th  

Señor Primer Ministro:

Es inadmisible que su gobierno devolviera a China a 40 uigures refugiados el 27 de febrero, violando las obligaciones internacionales de Tailandia en materia de derechos humanos y el principio de no devolución, que prohíbe transferir a una persona a un país o jurisdicción donde corra peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Me preocupa la situación de otros cinco hombres uigures recluidos en la prisión central de Klong Prem, en Bangkok, que también corren el riesgo de ser devueltos a China.

Me inquieta saber que, antes de deportarlos, su gobierno negó a los 40 hombres refugiados el acceso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que habían solicitado e impidió que se evaluara su necesidad de protección. Las personas refugiadas deportadas habían estado sometidas a detención arbitraria prolongada en condiciones que constituían un trato cruel, inhumano o degradante, en centros de detención de migrantes designados para estancias cortas, sin acceso a atención médica adecuada, a sus familiares ni a asistencia letrada.

Me entristece que el gobierno tailandés no haya protegido a estos hombres, pese a la reciente promulgación de una ley nacional que prohíbe la devolución y a la adopción de un mecanismo de nueva creación para controlar qué personas necesitan protección internacional. En consecuencia, lo insto a que demuestre su compromiso de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a que tome las siguientes medidas:

1. Garantizar que los cinco hombres uigures tengan acceso a un procedimiento completo, eficaz y justo para evaluar su solicitud de asilo; a una atención médica adecuada y a asistencia letrada de su elección; y comprometerse a no devolverlos a China ni a ningún tercer país desde el cual puedan ser devueltos a China.
2. Investigar la devolución de 40 hombres uigures devueltos a China y garantizar que las personas responsables de ello rindan cuentas en un juicio justo. 
3. Poner fin a la detención arbitraria de personas refugiadas y migrantes y modificar la legislación y los reglamentos en consonancia con las normas internacionales. 

Atentamente,

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los cinco hombres viajaron a Tailandia en marzo de 2014, tras huir de la persecución, la discriminación y otras graves violaciones de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (China). Dos de los hombres eran menores, ya que contaban 16 años en aquel momento. Se hallaban entre los más de 300 hombres, mujeres, niños, niñas y personas mayores que las autoridades detuvieron en dos operaciones dirigidas contra presuntos campamentos de trata de personas a mediados de marzo de 2014. Las autoridades trasladaron a estas personas a centros de detención de migrantes en virtud de la Ley de Inmigración de Tailandia, que permite la detención indefinida de quienes se hallan en Tailandia sin autorización oficial.

En junio de 2015, las autoridades permitieron que 172 mujeres y menores del grupo viajaran a Turquía. En julio de 2015, Tailandia incumplió sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluido el principio de no devolución, al facilitar la devolución de otros 109 hombres, mujeres, niños y niñas uigures a China, después de que las autoridades tailandesas los entregaran bajo custodia a las autoridades chinas en julio de ese año. El 9 de julio de 2015, miembros armados de las fuerzas de seguridad chinas obligaron a estas personas a subir a un vuelo chárter con destino a China. En aquel momento, Amnistía Internacional denunció las deportaciones como “un acto despreciable, además de ilegal según el derecho internacional”. En 2020, los cinco hombres escaparon de la Oficina de Inmigración de Mukdahan, en el noreste de Tailandia, y citaron las condiciones opresivas de la reclusión, como el hacinamiento y la humedad, como motivo de fuga. Por dicha fuga, las autoridades los han condenado a penas de prisión hasta 2029. Dada la deportación de 40 uigures a finales de febrero (véase infra), preocupa que las autoridades puedan conceder un indulto a estos hombres con el fin de acelerar su deportación a China. 

Antes de su entrada en prisión, estas personas, junto con decenas de otras uigures detenidas, estuvieron recluidas ilegalmente durante años sin cargos ni juicio en virtud de la Ley de Inmigración, que no define período máximo de detención. Se las retuvo sin darles la oportunidad de que se evaluara su necesidad de protección y sin mecanismo de revisión judicial ni vía para valorar la necesidad o proporcionalidad de su detención. Su reclusión indefinida en centros de internamiento de extranjeros equivale a una detención arbitraria, prohibida por el derecho internacional. Además, Amnistía ha confirmado las malas condiciones de detención en los centros, incluido el acceso irregular e insuficiente a la atención sanitaria, lo que podría equivaler a un trato o pena cruel, inhumano o degradante. Cinco personas uigures detenidas —entre ellas un menor de tres años y un bebé recién nacido— han muerto bajo custodia.

En enero de 2025, las autoridades del gobierno tailandés visitaron a personas refugiadas uigures en el Centro de Inmigración de Suan Phlu y, según informes, las presionaron para que firmaran unos documentos en los que aceptaban su deportación a China. Posteriormente, las autoridades negaron a los hombres el acceso al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con quienes habían solicitado reunirse para tramitar su solicitud de asilo. Expertos en derechos humanos de la ONU, gobiernos y miembros de la sociedad civil pidieron al gobierno tailandés que cumpliera su obligación de no colaborar en la devolución. La devolución también está prohibida en virtud del artículo 13 de la Ley de Prevención y Supresión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas de 2022 de Tailandia, que establece que ninguna organización gubernamental ni autoridad pública podrá expulsar, deportar o extraditar a una persona a otro país cuando existan motivos fundados para creer que esa persona corre peligro de ser sometida a tortura, trato cruel, inhumano o degradante, o desaparición forzada. Lamentablemente, en la madrugada del 27 de febrero de 2025, las autoridades tailandesas trasladaron a un grupo de 40 hombres uigures desde el Centro de Detención de Extranjeros de Suan Phlu al aeropuerto de Don Mueang, donde al parecer tomaron un vuelo directo a Urumqi (China).

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la nueva normativa vigente en Tailandia desde el 22 de septiembre de 2023, que establece un Mecanismo de Control Nacional para conceder protección a los solicitantes de asilo que huyen de la persecución, sea discriminatoria. Además de eximir a trabajadores migrantes de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam, la normativa permite a las autoridades denegar la protección por motivos de “seguridad nacional”, sin tener que justificar las razones de la decisión, lo que podría dar lugar a la exclusión de grupos específicos de personas refugiadas y solicitantes de asilo, como uigures, rohinyás y norcoreanos.

Amnistía Internacional ha documentado abusos masivos y sistemáticos por parte del gobierno de China contra la población uigur y otros grupos predominantemente musulmanes que viven en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, por ejemplo en los campos de internamiento, donde se ha sometido a detención arbitraria a más de un millón de personas. La población uigur se ha visto sometida a graves restricciones de la libertad de expresión, reunión y religión, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, juicios injustos, ejecuciones, homicidios extrajudiciales y violaciones de los derechos económicos, culturales y sociales. Amnistía Internacional ha determinado que el gobierno chino ha perpetrado, como mínimo, los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento, tortura y persecución contra personas uigures, kazajas y de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes. 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: inglés y tailandés También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 13 de septiembre de 2025.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Cinco uigures en riesgo de devolución forzada [género masculino].

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/asa39/2065/2015/es/.