Los grupos armados acusan con frecuencia a la sociedad civil local de colaborar con facciones rivales para justificar ataques contra ella. Además, en las últimas semanas, la estigmatización a nivel local contra las organizaciones sociales ha ido en aumento en las redes sociales

El 3 de marzo, el presidente Gustavo Petro declaró que las organizaciones de la sociedad civil del Catatumbo están “permeadas por las armas” y “subordinadas a las armas”. Esta declaración, además de ser injustificada e inaceptable, pone en peligro a los miembros de estas organizaciones y legitima la violencia que estas personas, así como la población civil del Catatumbo en general, sufren desde mediados de enero. Varias organizaciones colombianas de derechos humanos han pedido al presidente que se retracte de estas declaraciones. Instamos al presidente Petro a que deje de hacer declaraciones estigmatizantes y a que, en su lugar, se muestre abierto al diálogo y a la participación de las organizaciones locales para hallar soluciones centradas en los derechos humanos para la crisis del Catatumbo.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Gustavo Petro Urrego

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7-26, Bogotá, Colombia

Correo-e: contacto@presidencia.gov.co.

X: @petrogustavo

Señor Presidente:

Le escribo para expresarle mi profunda preocupación ante los graves riesgos para la vida y la seguridad de la población civil del Catatumbo, en particular de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los miembros de las organizaciones locales de la sociedad civil. Estas personas y sus organizaciones se ven especialmente afectadas por las declaraciones emitidas por usted durante la reunión pública del gabinete nacional del 3 de marzo, en las que afirmó que las organizaciones de la sociedad civil del Catatumbo están “permeadas por las armas” y “subordinadas a las armas” en la región.

Tales palabras ponen en grave riesgo a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos, en una región que ha sufrido décadas de conflicto armado y en la que las acusaciones de colaborar con una u otra facción han costado muchas vidas. Sus declaraciones contradicen la legislación internacional y nacional, que recomienda a las autoridades abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a los defensores y defensoras de los derechos humanos, lo que les sitúa en una mayor situación de peligro y afecta a la valiosa labor que desempeñan. Sus declaraciones también contradicen su propia Directiva Presidencial 07 de 2023, que da instrucciones a todo el gobierno colombiano de “respetar, promover, facilitar y garantizar las actividades de las personas, colectivos y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos”.

Desde hace años, los defensores y defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a situaciones de violencia y hostilidad en Colombia, incluso en el Catatumbo, una región que presenta una pobreza extrema, altos niveles de militarización y violencia armada, el impacto negativo de la erradicación forzada de la coca, la ausencia de apoyo a alternativas económicas y la falta de acceso a servicios esenciales como son la salud, la alimentación, la educación, el agua y la vivienda. Las políticas estatales no han logrado garantizar los derechos económicos y sociales de la población.

En los últimos años, y especialmente desde el estallido de la actual crisis violenta a mediados de enero, las organizaciones locales de la sociedad civil del Catatumbo —entre ellas CISCA, ASCAMCAT, el MPC y ASUNCAT— han pedido sistemáticamente la paz, el respeto del derecho internacional humanitario y soluciones estructurales basadas en una mayor presencia de las instituciones civiles del Estado, como se desprende del Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, firmado recientemente.

Lo insto a que se retracte de sus declaraciones y se abstenga de seguir estigmatizando a las organizaciones de la sociedad civil del Catatumbo. En su lugar, le pido que reconozca su trabajo y garantice su participación activa en la aplicación de medidas para superar la crisis de la región, por medio de reforzar la presencia civil del Estado, de proporcionar a la población del Catatumbo los servicios públicos que están pendientes desde hace tiempo y, en última instancia, de proteger sus derechos humanos.

Atentamente,

Información complementaria

La región del Catatumbo está situada en el noreste de Colombia, en el departamento de Norte de Santander, y se extiende entre los Andes orientales y las proximidades del lago de Maracaibo en Venezuela. Se trata de una región rica en recursos naturales, especialmente petróleo, y donde la pobreza extrema, los altos niveles de militarización y violencia, y la falta de acceso a la salud, la alimentación, la educación, el agua y la vivienda han creado un entorno hostil para el liderazgo social y las actividades de defensa de los derechos humanos. Además, la región carece de infraestructuras y de conexión con el resto de Colombia y sigue siendo uno de los principales enclaves del cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína en el país.

Amnistía Internacional sigue de cerca la situación de violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en la región desde hace varios años, centrándose en el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA). Desde 2020, Amnistía Internacional señala que la labor de derechos humanos del CISCA se ve obstaculizada por dos importantes factores de riesgo colectivos: los altos niveles de violencia en su área de influencia, en particular contra quienes ocupan puestos de liderazgo social, y las actividades de erradicación forzosa del cultivo de hoja de coca. Amnistía Internacional también ha reconocido que la pobreza extrema y la falta de acceso a los derechos económicos y sociales crean un entorno tenso y hostil en la región, en particular para el liderazgo social. En julio de 2023, las autoridades colombianas cesaron las operaciones de erradicación forzosa de la hoja de coca y la actividad militar disminuyó relativamente en la región, tanto por parte de las fuerzas de seguridad del Estado como de los grupos armados, pero el largo historial de militarización y el impacto humanitario del conflicto armado no permitió un entorno seguro para la movilización social y el trabajo en materia de derechos humanos, puesto que la actividad de los grupos armados continuó —intensificándose incluso– en zonas colindantes. 

Desde mediados de enero de 2025, han estallado enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que afectan gravemente a la población civil. El 18 de enero, la Defensoría del Pueblo informó de 60 homicidios en los municipios de Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú, así como de desplazamientos forzados de pueblos indígenas y comunidades campesinas; destacó también el riesgo especial al que se enfrentan los defensores y defensoras de los derechos humanos, los líderes y lideresas sociales y los exmiembros de las FARC-EP, desmovilizadas en 2016, dadas las declaraciones públicas efectuadas por el ELN en su contra. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) comunicó que, a 18 de febrero, aproximadamente 80.000 personas se habían visto afectadas (incluidas al menos 47.000 menores y 4.600 personas refugiadas venezolanas), de las cuales 52.000 habían sido sometidas a desplazamientos forzados y 8.600 permanecían confinadas por la fuerza. El ACNUR señaló que continuaban los enfrentamientos entre los grupos armados, así como entre estos y las fuerzas de seguridad colombianas, lo que suponía un riesgo de nuevos homicidios, desplazamientos forzados masivos, confinamientos forzados y desapariciones forzadas.

Las autoridades colombianas afirman que su prioridad es proteger a la población civil y han llevado a cabo procedimientos de evacuación de emergencia. Las organizaciones de derechos humanos del Catatumbo y de ámbito nacional han advertido del riesgo de una respuesta militarizada a esta crisis. En consecuencia, llaman a la paz, al respeto del derecho internacional humanitario y a que el presidente Petro respalde y aplique soluciones estructurales basadas en una mayor presencia de las instituciones civiles del Estado, como se refleja en el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, que se debatió a lo largo de los dos últimos años entre representantes del Estado y de la sociedad civil local, y que se firmó finalmente en el Catatumbo el 6 de marzo.

Sin embargo, en una reunión del gabinete de gobierno transmitida por la televisión nacional el 3 de marzo para anunciar el acto del 6 de marzo en el Catatumbo, el presidente Petro estigmatizó a las organizaciones sociales de la región al declarar que estaban “permeadas por las armas” y “subordinadas a las armas”, lo que las pone en situación de alto riesgo. Los grupos armados acusan con frecuencia a la sociedad civil local de colaborar con facciones rivales para justificar ataques contra ella. Además, en las últimas semanas, la estigmatización a nivel local contra las organizaciones sociales ha ido en aumento en las redes sociales.

Estos comentarios del Presidente, condenados con contundencia por las plataformas nacionales de derechos humanos de Colombia, contradicen las recomendaciones internacionales, incluidas las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la quinta recomendación de su Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, afirma que “Los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos”. Este principio ha sido confirmado por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia SU-546 de 2023, que recuerda el deber del Estado de garantizar un entorno sin estigmatización y abstenerse de contribuir a ella. El presidente Petro ha llegado incluso a contradecir su propia Directiva Presidencial 07, del 13 de diciembre de 2023, que da instrucciones a todo el gobierno colombiano de respetar, promover, facilitar y garantizar las actividades de las personas, colectivos y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos. 

Desde el comienzo de la crisis, Amnistía Internacional ha pedido que se proteja a la población civil, a través de una primera Acción Urgente y de una Declaración Pública.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 13 de junio de 2025.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE: Población civil del Catatumbo [femenino]

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/8941/2025/es/