La Comisión Europea ha cedido a las demandas inviables, costosas e inhumanas de unos pocos gobiernos altivos y contrarios a los derechos humanos y a la migración

Hoy, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de la Directiva de Retorno de 2008, que modifica el marco jurídico europeo con respecto a los retornos o deportaciones fuera de la UE. En respuesta a la presión de algunos Estados miembros, introduce también una posible base jurídica sobre la creación de los llamados “centros de retorno” en la legislación europea, a través de “acuerdos” con terceros países. 

“La Comisión Europea ha cedido a las demandas inviables, costosas e inhumanas de unos pocos gobiernos altivos y contrarios a los derechos humanos y a la migración. La propia Comisión descartó el concepto de ‘centros de devolución’ en 2018 y es plenamente consciente de que estas propuestas conducirán a violaciones de los derechos humanos, al despilfarro de millones de euros y a la alienación de países aliados, en un momento en que la UE necesita amigos.”

“Pese a ello, la propuesta de hoy sienta las bases para que los Estados envíen personas a países con los que no tienen ninguna conexión, donde languidecerán recluidas en centros de detención, con pocas garantías creíbles de que se respeten sus derechos. Francamente, Europa ha tocado fondo”, ha declarado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

Amnistía Internacional y más de 100 organizaciones de derechos humanos de toda Europa advierten desde hace largo tiempo de que estas propuestas suponen una alarmante desviación del derecho internacional, tendrán graves implicaciones diplomáticas, jurídicas y económicas para Europa, y es probable que den lugar a violaciones constantes de los derechos humanos, incluidas la devolución y la detención arbitraria.

“En el programa de reclusión en alta mar de Australia, el acuerdo de Italia con Albania o el programa británico en Ruanda (descartado), hemos visto probar sin éxito este tipo de políticas. Siempre terminan por dar lugar a litigios prolongados, centros costosos que permanecen vacíos y vidas en el limbo, todo ello sumado a detenciones arbitrarias sistemáticas y otras graves violaciones de derechos. Tales propuestas, además de ser infinitamente crueles, tienen resultados catastróficos.”

Más allá de los centros de retorno, otros aspectos de las propuestas también son grave motivo de preocupación debido a su carácter punitivo y desproporcionado. Entre otros, se incluyen la ampliación y extensión de la reclusión de personas sujetas a decisiones de retorno basadas en motivos ambiguos y punitivos, nuevas sanciones por no ‘cooperar’ suficientemente con los procedimientos de retorno, un mayor uso de las prohibiciones de entrada, opciones limitadas para la salida voluntaria y amplias derogaciones para las personas consideradas un riesgo para la seguridad, eludiéndose los procedimientos de justicia penal y las garantías de juicio justo. 

Tras la adopción del Pacto sobre Migración y Asilo el año pasado, muchas más personas verán rechazadas sus solicitudes de asilo en toda la UE mediante procedimientos acelerados. En lugar de centrarse en mejorar los sistemas de asilo en suelo europeo, dar prioridad al retorno voluntario digno y garantizar el apoyo a la inclusión y el acceso a una amplia gama de permisos de residencia distintos del asilo, esta propuesta supone una mayor privación de derechos. 

“Las comunicaciones de hoy señalan la preocupante dirección que la nueva Comisión Europea planea tomar en materia de migración y asilo, y un alarmante desprecio por el derecho internacional y las políticas fundamentadas.” 

“La falta de compromiso de la UE con la solidaridad internacional y el reparto de responsabilidades no pasará desapercibida para los países de fuera de Europa, y corre el riesgo de socavar el sistema global de protección de las personas refugiadas, en un momento en el que Europa debería tender lazos en vez de quemar puentes. Este enfoque punitivo, basado en la detención y la aplicación de la ley, no hará sino aumentar los costes en los presupuestos nacionales y, más grave aún, el sufrimiento de las personas cuyos derechos están restringidos y violados”, ha afirmado Geddie. 

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