Las armas de proyectiles paralizantes se utilizan contra personas que no presentan ningún riesgo de violencia, simplemente para castigarlas u obligarlas a cumplir órdenes. También se utilizan en el modo de contacto directo (en lo que se conoce como ’aturdimiento por conducción’), que debería prohibirse

Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe, en el que pide un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio descontrolado del material utilizado para hacer cumplir la ley.

“Todavía no puedo dormir por las noches”: El abuso global del material de descarga eléctrica documenta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizan de forma intrínsecamente abusiva armas de descarga eléctrica por contacto directo —como pistolas paralizantes y porras eléctricas— en la calle, en las fronteras, en centros de detención de personas migrantes y refugiadas, en instituciones de salud mental, en comisarías de policía y en prisiones y en otros lugares de detención.

Estos dispositivos intrínsecamente abusivos, que administran dolorosas descargas con sólo pulsar un botón, se han utilizado contra manifestantes, estudiantes, opositores políticos, mujeres (incluso embarazadas), niños y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas. Las personas supervivientes han sufrido quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y profundos traumas psicológicos.

En el informe también se analiza el creciente uso inadecuado de las armas de proyectiles paralizantes, que pueden tener una función legítima en la aplicación de la ley, pero que a menudo se utilizan de forma indebida. Son ejemplos de ello el uso innecesario y discriminatorio contra grupos vulnerables, que da lugar a lesiones graves y, en algunos casos, incluso provoca la muerte.

“Las armas de descarga eléctrica por contacto directo pueden causar sufrimiento grave, discapacidad física duradera y trastornos psicológicos. Su uso prolongado puede incluso provocar la muerte”, ha declarado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.

“Las armas de proyectiles paralizantes se utilizan contra personas que no presentan ningún riesgo de violencia, simplemente para castigarlas u obligarlas a cumplir órdenes. También se utilizan en el modo de contacto directo (en lo que se conoce como ’aturdimiento por conducción’), que debería prohibirse. Pese a los claros riesgos para los derechos humanos asociados a su uso, no existe una normativa global que controle la producción y el comercio del material de descarga eléctrica. Las armas de descarga eléctrica de contacto directo deben prohibirse de inmediato y las armas de proyectiles paralizantes deben estar sometidas a estrictos controles comerciales basados en los derechos humanos”.

Este exhaustivo informe se basa en la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional entre 2014 y 2024 en más de 40 países de todas las regiones del mundo en las que se han documentado casos de tortura y otros malos tratos con dispositivos de descarga eléctrica.

Grupos vulnerables contra los que se dirigen armas de descarga eléctrica

Los testimonios recopilados por Amnistía Internacional son desgarradores.

Durante la sublevación “Mujer Vida Libertad” de 2022 en Irán, el batallón Basij de la Guardia Revolucionaria Islámica obligó a varios niños a permanecer de pie con las piernas separadas en una fila con detenidos adultos y les administraron descargas eléctricas en los genitales con pistolas paralizantes.

En otro caso, varios niños en edad escolar fueron secuestrados por escribir en un muro la consigna de protesta “Mujer Vida Libertad”. Uno de los niños contó a Amnistía Internacional: “Me pegaron en la cara con la culata de una pistola, me aplicaron descargas eléctricas en la espalda y me golpearon con la porra en la planta de los pies y en las manos […]”.

Las armas de proyectiles paralizantes a menudo se han utilizado de facto como armas de descarga eléctrica en modo de “aturdimiento por conducción”.

Estaba tirado en el suelo y aun así me dispararon con pistolas Taser tres veces, al mismo tiempo que me golpeaban con las porras.

Persona detenida procedente del África subsahariana

Una persona detenida procedente del África subsahariana recuerda así una redada de la guardia de fronteras en el centro de detención de Medininkai, en Lituania, el 2 de marzo de 2022: “Estaba tirado en el suelo y aun así me dispararon con pistolas Taser tres veces, al mismo tiempo que me golpeaban con las porras”. Otra persona describió que unos agentes de policía la amenazaron, le colocaron una “pistola Taser” en la frente y le dijeron: “¡Cállate o te disparo!”.

“Incluso cuando se utilizan a distancia, las armas de proyectiles paralizantes se han relacionado con lesiones graves y muertes”, ha afirmado Patrick Wilcken. “Entre ellas figuran laceraciones y penetración por dardos en el cráneo, los ojos, los órganos internos, la garganta, los dedos y los testículos; quemaduras, convulsiones y arritmias inducidas por descargas eléctricas, y diversas lesiones y muertes asociadas a caídas”.

El informe de Amnistía revela constantes de uso discriminatorio de armas de proyectiles paralizantes contra grupos racializados y marginados, como son los hombres jóvenes negros. En abril de 2024, durante una manifestación de solidaridad con Palestina, se grabó a la policía de Atlanta, Georgia (Estados Unidos), utilizando una pistola TASER directamente contra la pierna de un manifestante negro, al que tres agentes de policía mantenían inmovilizado en el suelo y esposado.

“Dados los altos riesgos de lesiones primarias y secundarias, el uso de las armas de proyectiles paralizantes debe regirse por parámetros rigurosos. Estas armas sólo deben utilizarse en situaciones que impliquen amenaza para la vida o riesgo de lesiones graves que no puedan contenerse con opciones menos extremas”, ha explicado Patrick Wilcken.

Necesidad urgente de establecer prohibiciones y regular el comercio

Al menos 197 empresas de todas las regiones fabricaron o publicitaron dispositivos de descarga eléctrica por contacto directo para la aplicación de la ley entre enero de 2018 y junio de 2023; estas empresas, en su mayoría, tienen su sede en países como China, India y Estados Unidos.

Según la empresa estadounidense Axon Enterprise, Inc., sus modelos de la marca TASER son actualmente utilizados por más de 18.000 agencias de aplicación de la ley en más de 80 países.

“Se precisa con urgencia un tratado jurídicamente vinculante que prohíba los equipos de descarga eléctrica intrínsecamente abusivos y controle de forma estricta el comercio de armas de proyectiles paralizantes”, ha declarado Patrick Wilcken.

“Las empresas deben implementar medidas sólidas de diligencia debida y mitigación en materia de derechos humanos para garantizar que sus productos y servicios no se utilizan sistemáticamente con fines de tortura u otros malos tratos, lo que incluye el cese de la fabricación de dispositivos de descarga eléctrica de contacto directo y la eliminación del modo de ‘aturdimiento por conducción’ en las armas de proyectiles paralizantes”.

Amnistía Internacional, junto con una red global de la sociedad civil integrada por más de 80 organizaciones en todo el mundo, lleva a cabo una campaña para que se negocie un Tratado sobre el comercio sin tortura que introduzca prohibiciones y controles globales para una gran variedad de material de aplicación de la ley, especialmente los dispositivos y armas de descarga eléctrica.

Información complementaria

• En septiembre de 2017, la Unión Europea, Argentina y Mongolia presentaron la Alianza Mundial por un Comercio sin Tortura en un acto paralelo a la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York. La Alianza la conforman actualmente 62 Estados de todas las regiones del mundo, que se comprometen a “actuar conjuntamente para continuar previniendo, restringiendo y poniendo fin al comercio” con productos empleados especialmente para infligir tortura y otros malos tratos. En octubre de 2023, la relatoría especial de la ONU sobre la tortura presentó ante la Asamblea General un informe temático en el que se abogaba por un instrumento jurídicamente vinculante para regular la producción y el comercio de equipos de aplicación de la ley e incluía listas de productos considerados como prohibidos y controlados.
  
  
• Este informe pertenece a una serie de investigación detallada que pone de manifiesto el impacto devastador de los materiales de aplicación de la ley sobre los derechos humanos; informes anteriores se centraron en el gas lacrimógeno, las porras policiales, las balas de goma y el comercio de armas menos letales para reprimir protestas.