Los ataques ilegales de Israel contra centros de salud y personal médico no sólo constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario y, probablemente, crímenes de guerra, sino que además tienen consecuencias devastadoras para la población civil en general

Los reiterados ataques ilegales del ejército israelí durante la guerra en Líbano contra centros de salud, ambulancias y personal sanitario, que están protegidos por el derecho internacional, deben investigarse como crímenes de guerra, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El gobierno libanés debe otorgar a la Corte Penal Internacional (CPI) jurisdicción para investigar y enjuiciar los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos en territorio libanés, y garantizar el derecho de las víctimas a un recurso, lo que incluye pedir a Israel reparación por violaciones graves del derecho internacional humanitario.

En unas conclusiones publicadas hoy, Amnistía Internacional presenta los resultados de sus investigaciones sobre cuatro ataques israelíes contra centros de salud y vehículos sanitarios en Beirut y en el sur de Líbano realizados entre los días 3 y 9 de octubre de 2024, que mataron a 19 profesionales de la salud, hirieron a 11 más, y dañaron o destruyeron varias ambulancias y dos centros médicos en un periodo de una semana, en octubre de 2024.

Durante la guerra en Líbano, en 2024, el ejército israelí atacó repetidamente centros de salud y vehículos médicos. El ejército israelí no ha proporcionado justificaciones suficientes ni pruebas concretas de la presencia de objetivos militares para esos reiterados ataques, que debilitaron el frágil sistema sanitario y pusieron vidas en peligro.

“Los ataques ilegales de Israel contra centros de salud y personal médico no sólo constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario y, probablemente, crímenes de guerra, sino que además tienen consecuencias devastadoras para la población civil en general. Pedimos al gobierno de Líbano que, con el apoyo de la comunidad internacional, dé un paso adelante y tome medidas para garantizar la rendición de cuentas de los presuntos autores de crímenes de guerra. El nuevo gobierno libanés debe otorgar a la Corte Penal Internacional jurisdicción sobre todos los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos en o desde su territorio”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Los ataques ilegales de Israel contra centros de salud y personal médico no sólo constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario y, probablemente, crímenes de guerra, sino que además tienen consecuencias devastadoras para la población civil en general.

Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional

Líbano debe adherirse con urgencia al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y realizar una declaración que otorgue a la Corte jurisdicción desde 2002. Mientras tanto, Líbano debería efectuar una declaración ad hoc por la que acepte el ejercicio de la jurisdicción de la CPI respecto a todos los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma y cometidos en o desde territorio libanés.

El ejército israelí ha acusado en repetidas ocasiones a Hezbolá de usar ambulancias para el transporte de combatientes y armas, y de utilizar centros médicos afiliados a la Autoridad Sanitaria Islámica como “tapadera de actividades terroristas”. Sin embargo, en los cuatro ataques investigados, Amnistía Internacional no halló indicios de que en el momento de los ataques los centros o los vehículos se estuvieran empleando para fines militares.

“Cuando se ataca al sistema de salud, la población civil sufre. Incluso cuando se considera que los hospitales se están empleando para fines militares y pierden su estatus de protección en virtud del derecho internacional, sólo se pueden atacar después de que se haya desoído un aviso efectuado con antelación suficiente para la evacuación de pacientes y personal. La parte atacante sigue teniendo en todo momento la obligación de cumplir el principio de proporcionalidad, ponderando la ventaja militar concreta y directa esperada frente a los daños previstos a la población civil y bienes de carácter civil, incluidas las consecuencias humanitarias persistentes derivadas del ataque”, ha sostenido Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional entrevistó a 17 personas, entre ellas personal médico, testigos de los ataques, autoridades locales y familiares de víctimas. El equipo de investigación también visitó el lugar del ataque contra el centro de la Autoridad Sanitaria Islámica en Bachoura, Beirut. Además, Amnistía Internacional verificó 46 fotografías y vídeos de los ataques enviados directamente a la organización o publicados en medios de comunicación y redes sociales. Amnistía Internacional envió sus conclusiones al ejército israelí el 11 de noviembre de 2024, pero la organización no ha recibido respuesta en el momento de publicar este documento.

El derecho internacional humanitario protege al personal médico, los hospitales y otros centros de salud. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las personas que realizan exclusivamente funciones que no son de combate en grupos armados o que simplemente son miembros de entidades políticas con un componente armado —como Hezbolá— o están afiliadas a ellas no pueden ser atacadas salvo que estén participando directamente en las hostilidades y sólo durante el tiempo en que lo hagan. El personal médico afiliado a Hezbolá, incluidas todas las personas asignadas a organizaciones de defensa civil, exclusivamente para desempeñar labores médicas o humanitarias, gozan de protección frente a los ataques.

A finales de noviembre de 2024 se anuncio un alto el fuego en Líbano. A principios de 2025, profesionales médicos que habían recibido el impacto de cuatro ataques israelíes dijeron que estaban haciendo todo lo posible para prestar servicios de atención de la salud al tiempo que seguían lidiando con los daños o la destrucción de instalaciones y vehículos y con la muerte de sus colegas. Un miembro del equipo de defensa civil, cuyo centro había sido destruido por un ataque israelí, contó que el equipo ahora estaba trabajando en la casa de un residente en la población, y que éste la había “ofrecido, temporalmente… hasta que encontráramos un nuevo local y nos trasladáramos allí”.

Es crucial que se investiguen todos los ataques contra personal médico y centros de salud para garantizar que se castigue a los perpetradores, se repare a las víctimas y que estos crímenes no se repitan jamás.

Erika Guevara-Rosas

“Es crucial que se investiguen todos los ataques contra personal médico y centros de salud para garantizar que se castigue a los perpetradores, se repare a las víctimas y que estos crímenes no se repitan jamás. El alto el fuego sólo es el primer paso para poner fin a los daños y prevenirlos. Para seguir adelante, las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas por todas las partes deben ver que se hace justicia y recibir reparación”, ha sostenido Erika Guevara Rosas.

Antes de que Israel lanzara la Operación Flechas del Norte el 23 de septiembre de 2024, Amnistía Internacional había verificado más de 80 fotos y vídeos de 11 ataques efectuados entre el 8 de octubre de 2023 y el 24 de junio de 2024 que habían impactado en personal médico y centros de salud en Líbano.

Según el Ministerio de Salud de Líbano, entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, el ejército israelí había atacado 67 hospitales, 56 centros de atención primaria de la salud y 238 equipos médicos de emergencia, y matado al menos a 222 personas que trabajaban proporcionando ayuda médica o de emergencia.

Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 21 de noviembre de 2024, “el 47% de los ataques a la atención de la salud, es decir, 65 de 137, se ha[bía]n saldado con la muerte de al menos un trabajador de la salud o un paciente en el Líbano”.

El sector sanitario de Líbano ya estaba sobrecargado debido a la combinación de múltiples crisis, incluida la gran crisis económica que se agravó a finales de 2019, seguida de la explosión en el puerto de Beirut en 2020, mientras el país trataba de recuperarse del impacto del brote de COVID-19.

El 27 de noviembre, Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para un alto el fuego de 60 días. Pocos días después ya se habían denunciado numerosas violaciones del alto el fuego. El 27 de enero, el alto el fuego se amplió algunas semanas. Posteriormente, Israel anunció su intención de mantener varias posiciones en territorio libanés.

Amnistía Internacional también ha documentado pruebas de ataques aéreos ilegales que han matado y herido a civiles. En un informe publicado en diciembre de 2024, Amnistía Internacional documentó cuatro ataques aéreos de las fuerzas israelíes sobre Líbano, que mataron al menos a 49 civiles, incluidas familias enteras; y esos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra. 

Durante la guerra, Hezbolá realizó repetidas descargas de cohetes no guiados sobre el norte de Israel, y algunos ataques que mataron o hirieron a civiles. En algunos casos, insistieron en que los ataques iban dirigidos contra objetivos militares, pero en otros dijeron que estaban atacando ciudades o localidades civiles en general.