La violencia escolar en Venezuela es una problemática creciente que afecta los derechos de niños, niñas y adolescentes. A pesar del aumento de casos, este fenómeno no está tipificado en el Código Penal, lo que deja a las víctimas en un estado de indefensión. Aunque la LOPNNA ofrece cierta protección, las brechas legales y la falta de aplicación efectiva limitan la respuesta. Expertos insisten en la necesidad de políticas socioeducativas que prevengan y atiendan esta violencia de manera integral, involucrando a docentes, familias y el Estado. La inacción perpetúa la impunidad y vulnera los derechos fundamentales de la infancia.

“En la escuela, todos los niños deben sentirse respetados, aceptados y seguros para que puedan aprender y desarrollarse. Sin embargo, muchos estudiantes siguen siendo víctimas de violencia y acoso. Y en la era de las redes sociales, estos fenómenos ya no se detienen en la puerta de la escuela: continúan y se amplifican en línea”, aseguró Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO^[1].

La violencia escolar es una problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, y Venezuela no es la excepción. Según la UNESCO, este fenómeno abarca “todas las formas de violencia que ocurren dentro o fuera de las aulas, en los alrededores de las escuelas, en el camino hacia o desde la escuela, así como en línea y otros entornos digitales”. Esto incluye castigos corporales, abusos y agresiones sexuales, acoso escolar o ciberacoso, comentarios con connotación sexual, riñas físicas y violencia psicológica ejercida por compañeros o adultos, como burlas dañinas, insultos y exclusión.^[2]

La violencia escolar en Venezuela

En Venezuela, la violencia escolar es motivo de constante preocupación. Un punto clave en esta discusión es que este fenómeno no figura en el Código Penal como un delito específico. Esto ha llevado a expertos en el tema a exigir la formulación de políticas socioeducativas que permitan generar conciencia sobre la problemática y reducir su incidencia. Asimismo, se ha solicitado que se establezcan mecanismos adecuados para penalizar a los agresores, considerando la gravedad de sus actos y el contexto en el que ocurren.

A pesar de los esfuerzos por concientizar sobre este fenómeno, los casos de violencia escolar siguen en aumento y adoptan nuevas formas. Esto no solo afecta la integridad de los estudiantes, sino que también pone en riesgo el ejercicio pleno de sus derechos.

Datos actuales en Venezuela

En 2022, CECODAP informó que la Fiscalía reportó 341 denuncias de violencia escolar en el primer semestre del año, de las cuales 207 fueron por lesiones^[3]. Posteriormente, el Instituto de Prensa y Sociedad señaló que, en el año escolar 2023-2024, se registraron 42 denuncias por violencia física, 72 por violencia verbal y 24 por amenazas, además de 25 casos de acoso reportados por el Cuadrante de Justicia y Paz.^[4]

Entre los casos recientes más impactantes se encuentran el de un grupo de niñas y adolescentes que agredieron a una compañera, hecho que fue grabado en video, y el de un estudiante que intentó lanzar a otro por un barranco.

Mecanismos legales vigentes

Si bien la violencia escolar no está tipificada en el marco legal venezolano, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) establece disposiciones que respaldan la protección de los menores de edad. Algunos artículos relevantes incluyen:

4. nbsp;    Artículo 04-A: Corresponsabilidad del Estado, padres, representantes y responsables.
5. nbsp;    Artículo 32: Integridad física.
6. nbsp;    Artículo 56: Respeto de los educadores hacia niños, niñas y adolescentes.
7. nbsp;    Artículo 93: Deberes de los niños, niñas y adolescentes.
8. bsp;    Artículo 254: Prohibición del trato cruel por parte de autoridades.

En caso de sufrir violencia escolar, los expertos recomiendan denunciar inicialmente ante las autoridades escolares (profesores, directores, consejeros) para intentar solucionar el conflicto mediante el diálogo. Si la situación persiste, se debe acudir a las instancias judiciales pertinentes, como el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, la Defensoría del Niño o el Ministerio Público. También se sugiere buscar orientación en organizaciones especializadas, como CECODAP. Cabe destacar que, según el artículo 285 de la LOPNNA, los niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de denunciar cualquier maltrato del que sean víctimas.

Brechas en la legislación y su aplicación

El marco legal venezolano presenta vacíos que dificultan el abordaje de la violencia escolar. En muchos casos, las víctimas quedan desprotegidas o los agresores son juzgados por delitos que no reflejan la naturaleza del caso. Asimismo, se ha denunciado la falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos en la LOPNNA para adolescentes en conflicto con la ley penal, como la protección de su identidad (artículo 545) y la prohibición de juzgarlos por delitos no tipificados en la ley (artículo 529).^[5]

Propuestas para fortalecer la prevención y atención

En 2022, la Asamblea Nacional aprobó una propuesta de proyecto para combatir la violencia escolar, pero hasta la fecha no ha habido avances significativos. CECODAP ha enfatizado la necesidad de implementar políticas socioeducativas que vayan más allá de la judicialización del problema. En este sentido, se debe priorizar la educación de docentes y padres para prevenir y manejar estos casos de manera efectiva.^[6]

Por último, para abordar la violencia escolar de manera integral, es fundamental contar con la asistencia de expertos en diversas áreas, como educadores, pedagogos, psicólogos y abogados. Solo así será posible analizar el fenómeno desde diferentes perspectivas y desarrollar estrategias multidisciplinarias para su prevención y tratamiento.

Además, es necesario dotar a docentes y autoridades escolares de herramientas eficaces para intervenir en estos casos. Muchas instituciones optan por remitir las denuncias a instancias del Estado por temor a asumir responsabilidades, lo que limita la efectividad de las medidas tomadas. También se requiere superar la tendencia de abordar el problema únicamente con charlas informativas para los estudiantes, ya que la violencia escolar está profundamente arraigada en la cultura venezolana y requiere un enfoque más estructural y comprometido.