Las autoridades tunecinas han aumentando la represión contra las personas LGBTI llevando a cabo decenas de arrestos durante los últimos meses, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Según Damj, la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad, entre el 26 de septiembre de 2024 y el 31 de enero de 2025 al menos 84 personas —principalmente hombres gays y mujeres trans— fueron arrestadas, sometidas a detención arbitraria y procesadas de manera injustificada únicamente por su orientación sexual o identidad de género reales o aparentes.
“El reciente repunte de los arrestos selectivos de personas LGBTI es un revés alarmante para los derechos humanos en Túnez. Ninguna persona debe ser arrestada, enjuiciada ni encarcelada por su orientación sexual o su identidad de género. En lugar de hostigar a las personas sobre la base de estereotipos de género y actitudes homófobas profundamente arraigadas, las autoridades tunecinas deben dejar en libertad de manera inmediata y sin condiciones a toda persona detenida por su orientación sexual o identidad de género reales o aparentes, y adoptar salvaguardias para proteger los derechos de las personas LGBTI”, afirmó Diana Wltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Amnistía Internacional entrevistó a cuatro activistas LGBTI y a tres abogados de personas detenidas entre septiembre y diciembre de 2024 por su orientación sexual o identidad de género reales o aparentes. La organización también examinó documentación jurídica y declaraciones oficiales.
El reciente repunte de los arrestos selectivos de personas LGBTI es un revés alarmante para los derechos humanos en Túnez. Ninguna persona debe ser arrestada, enjuiciada ni encarcelada por su orientación sexual o su identidad de género.
Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
Oleada de detenciones
La oleada de detenciones se produjo tras una campaña online en gran escala iniciada el 13 de septiembre de 2024, en la que se difundieron discursos de odio homófobos y tránsfobos y una retórica discriminatoria contra activistas y organizaciones LGBTI en cientos de cuentas de redes sociales, entre ellas algunas de simpatizantes del presidente tunecino Kais Said. Los medios de comunicación tradicionales también difundieron mensajes incendiarios de conocidos presentadores de radio y televisión que atacaban a las organizaciones LGBTI, pedían su disolución y la detención de activistas LGBTI.
Saif Ayadi, activista queer y responsable de programas en Damj, teme que el número real de personas LGBTI detenidas y procesadas sea mayor que las cifras documentadas por Damj. Explicó: “Nuestras cifras se basan en la asistencia directa que prestamos a los miembros de la comunidad, incluida la jurídica; no son exhaustivas. Calculamos que la cifra real es al menos tres veces superior, porque cuando hace unos años teníamos acceso a las cifras oficiales de procesamientos, descubrimos que, por término medio, nuestra documentación sólo abarcaba a un tercio de las personas afectadas, a lo sumo”.
En Túnez, las detenciones de personas homosexuales y transexuales basadas en los estereotipos de género, su comportamiento o su aspecto físico son comunes. Según varios abogados representantes de personas LGBTI, con frecuencia se utilizan para enjuiciarlas pruebas digitales que los agentes incautan ilegalmente de sus dispositivos tras la detención. La mayoría de las personas detenidas denuncian ante sus abogados que los agentes de policía les confiscan y registran el teléfono ilegalmente.
La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo hace que las personas LGBTI sean vulnerables a la violencia y los abusos de la policía, que a menudo se aprovecha de su miedo a ser detenidas y procesadas y las somete a chantaje, extorsión y, en ocasiones, abusos sexuales. En algunos casos, las personas detenidas habían sido víctimas de engaño y suplantación de identidad en redes sociales y aplicaciones de citas por parte de agentes de seguridad. Algunas personas informaron a Damj de que habían sido engañadas por miembros de las fuerzas de seguridad que se hacían pasar por personas LGBTI en redes sociales y aplicaciones de citas para personas del mismo sexo, con el fin de extorsionarlas y chantajearlas, incluso mediante amenazas de revelar su orientación sexual o sus datos personales y de detenerlas por “solicitar prostitución en línea”, entre otros motivos. Los abogados también han denunciado un aumento de las redadas policiales sin orden judicial en domicilios de personas LGBTI durante 2024.
Enjuiciamientos abusivos basados en la “moralidad” y la “indecencia”
Las personas arrestadas han sido detenidas y procesadas en virtud del artículo 230, que tipifica como delito las relaciones entre personas del mismo sexo (por “sodomía y lesbianismo”), y/o de los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que penalizan la “indecencia” y los actos considerados ofensivos para la “moral pública”. El artículo 230 prevé penas de hasta tres años de prisión y multa, mientras que los artículos 226 y 226 bis prevén penas de hasta seis meses de prisión.
“Los artículos del Código Penal que penalizan la ‘indecencia pública’ o los actos que se considera que atentan ‘contra las buenas costumbres o la moralidad pública’ son especialmente peligrosos, ya que son excesivamente amplios, imprecisos y no cumplen el principio de legalidad, lo que permite un amplio margen de interpretación e incoherencia. Estas disposiciones excesivamente amplias y su aplicación subjetiva y discrecional permiten a las fuerzas del orden llevar a cabo detenciones masivas de personas simplemente por no ajustarse a las normas de género o por tener una apariencia o expresión de género no conforme a esas normas”, afirmó Diana Eltahawy.
El 27 de octubre de 2024, el Ministerio de Justicia emitió una declaración en la que condenaba el creciente uso de plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram para difundir contenidos “contrarios a la moral pública”, instando a los fiscales a tomar las medidas judiciales necesarias e iniciar investigaciones contra cualquiera que produjera, mostrara o publicara datos, imágenes y videoclips con contenidos que atenten contra los valores morales. Según Damj, la declaración del ministerio desencadenó una campaña contra las personas LGBTI.
Pocos días después de esta declaración, cinco personas creadoras de contenido —entre ellas Khoubaib, que no se ajusta a las convenciones de género— fueron detenidas y acusadas de “indecencia pública y difusión de contenidos contrarios a las buenas costumbres”, entre otros cargos. Fueron declaradas culpables y condenadas el 31 de octubre de 2024 a penas de hasta cuatro años y medio de prisión. Tras su apelación, el 5 de febrero se confirmaron las condenas y se redujeron las penas de cuatro de ellas, que quedaron en libertad. La quinta persona acusada, que no se ajusta a las convenciones de género, sigue encarcelada, ya que fue condenada a dos años de prisión y a pagar una multa de 1.000 dinares en virtud del artículo 234 del Código Penal por “atentar contra la moral incitando a menores al libertinaje” por unos vídeos que creó y publicó en las redes sociales.
“Exploraciones” anales forzadas que constituyen tortura
Los hombres acusados de mantener relaciones homosexuales son sometidos habitualmente a “exploraciones” anales forzadas realizadas por médicos. Amnistía Internacional considera que las exploraciones anales forzadas son una forma de tortura. Las autoridades tunecinas deben dejar de practicarlas de inmediato.
El 3 de diciembre de 2024, el tribunal de primera instancia de El Kef condenó a dos hombres a un año de prisión en virtud del artículo 230. Ambos fueron sometidos a exploraciones anales forzadas para obtener una “prueba” de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Ataques selectivos contra activistas LGBTI
El hostigamiento de las autoridades contra las asociaciones y las personas activistas LGBTI también ha ido en aumento. Las personas activistas queer Saif Ayadi, Assala Madoukhi y Mira Ben Salah fueron citadas para interrogatorios en varias ocasiones, las más recientes en octubre y noviembre de 2024. La policía las interrogó sobre su activismo, su trabajo con organizaciones de la sociedad civil y su participación en protestas. Mira Ben Salah, activista trans y coordinadora de la oficina de Damj en Sfax, fue sometida a reiterados interrogatorios acerca del trabajo de la organización, incluida su labor con personas migrantes y refugiadas. Mira se enfrenta a múltiples cargos en relación con su trabajo en Damj y está a la espera del resultado de la investigación.
En julio de 2023 y febrero de 2024, Mira Ben Salah presentó sendas denuncias ante el fiscal del tribunal de primera instancia de Sfax por el hostigamiento reiterado al que la sometía la policía. Contó a Amnistía Internacional: “Me han citado e interrogado muchas veces por mi trabajo y mi activismo, pero cuando he presentado denuncias por el hostigamiento, las amenazas y la violencia que he sufrido no me llaman a declarar ni se toman en serio mis denuncias.” Añadió que mientras la investigación de las autoridades contra ella avanzaba rápidamente, la investigación de las denuncias que ella había interpuesto no había progresado.