Estados Unidos está dispuesto a castigar a una institución que garantiza que los máximos responsables de la comisión de atrocidades no puedan eludir la acción de la justicia

En respuesta a la orden ejecutiva anunciada hoy por el presidente Trump, que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado:

“Esta temeraria acción transmite el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del gobierno israelí y asume la impunidad. 

“La orden ejecutiva de hoy es vengativa. Es agresiva. Es una medida brutal que intenta menoscabar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante decenios, si no siglos: normas globales que son aplicables a todas las personas y tienen como objetivo hacer justicia para todas las personas. Las sanciones constituyen otra traición a nuestra humanidad común. 

“Estados Unidos está dispuesto a castigar a una institución que garantiza que los máximos responsables de la comisión de atrocidades no puedan eludir la acción de la justicia. Ninguna persona responsable de crímenes de derecho internacional debe gozar de protección o ayuda en sus intentos de eludir la rendición de cuentas individual, y mucho menos con la asistencia del gobierno de Estados Unidos sobre la base de las alianzas políticas del presidente Trump.”

“En un momento histórico en el que asistimos al genocidio contra la población palestina en Gaza, a la agresión de Rusia contra Ucrania y a las amenazas contra el Estado de derecho global en múltiples frentes, instituciones como la Corte Penal Internacional son más necesarias que nunca para promover la protección de los derechos humanos, prevenir atrocidades futuras y obtener justicia para las víctimas.

Ninguna persona responsable de crímenes de derecho internacional debe gozar de protección o ayuda en sus intentos de eludir la rendición de cuentas individual, y mucho menos con la asistencia del gobierno de Estados Unidos sobre la base de las alianzas políticas del presidente Trump.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Este ataque contra la CPI intenta menoscabar la búsqueda independiente de justicia internacional por parte de la Corte. Las sanciones dictadas menoscabarán la rendición de cuentas, un elemento decisivo de la seguridad global a largo plazo. Envalentonarán a los responsables, presentes y futuros. Tendrán consecuencias negativas para los intereses de todas las víctimas en el mundo y de quienes acuden a la Corte en busca de justicia en todos los países donde lleva a cabo investigaciones, como Darfur, Libia, Filipinas, Palestina, Ucrania y Venezuela.

“La CPI desempeña una función fundamental al investigar los crímenes de derecho internacional, en muchos casos cometidos por las personas más poderosas, en situaciones en las que —sin su intervención— los responsables gozarían de impunidad perpetua. Las sanciones también son una afrenta para los 125 Estados miembros que han decidido colectivamente que la Corte debe poder obtener justicia de forma efectiva, lo cual significa que debe poder desempeñar funciones judiciales independientes, como la emisión de órdenes de arresto, por ejemplo, contra Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin. 

“Los gobiernos de todo el mundo y las organizaciones regionales deben hacer todo lo posible para mitigar y bloquear los efectos de las sanciones del presidente Trump. Mediante acciones colectivas y concertadas, los Estados miembros de la CPI pueden proteger a la Corte y a su personal. Es necesario actuar con urgencia, como nunca lo había sido.

Información complementaria

El 14 de enero, Amnistía Internacional, la Coalición por la Corte Penal Internacional y más de 140 de las ONG y coaliciones de todo el mundo que la integran emitieron una declaración conjunta en la que se oponían a los intentos de Estados Unidos de imponer sanciones relacionadas con la CPI e instaban a los Estados miembros a defender la Corte, a sus funcionarios y a quienes cooperan con ella frente a medidas encaminadas a menoscabar su indispensable mandato de hacer justicia.