Viernes, 07 de febrero, 2025

En respuesta a las informaciones según las cuales el Tribunal Supremo de Irán ha rechazado la solicitud de revisión judicial del fallo condenatorio y la pena de muerte impuesta a la cooperante Pakhshan Azizi, de 40 años y perteneciente a la oprimida minoría étnica kurda de Irán, Diana Eltahawy, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado

“La comunidad internacional debe instar inmediatamente a las autoridades iraníes a detener la ejecución de Pakhshan Azizi, cooperante detenida arbitrariamente y condenada a muerte tras un juicio manifiestamente injusto ante un Tribunal Revolucionario el año pasado.

“Pakhshan Azizi fue detenida únicamente por sus actividades pacíficas humanitarias y de derechos humanos, como prestar apoyo humanitario en el nordeste de Siria a mujeres y niños y niñas desplazados tras los ataques del grupo armado Estado Islámico. En lugar de enfrentarse a una ejecución inminente, debería ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional.”

La comunidad internacional debe instar inmediatamente a las autoridades iraníes a detener la ejecución de Pakhshan Azizi, cooperante detenida arbitrariamente y condenada a muerte tras un juicio manifiestamente injusto. 

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

“La decisión del Tribunal Supremo de rechazar su petición de revisión judicial pone de manifiesto una vez más la absoluta determinación de las autoridades iraníes de usar la pena de muerte como herramienta de represión política para infundir miedo en la población. En una entrevista concedida a los medios de comunicación, Amir Raesian, uno de los abogados de Pakhshan Azizi, declaró que la decisión le había sido notificada el 5 de febrero, y añadió que su ejecución podría llevarse a cabo en cualquier momento. También señaló que los escandalosos errores cometidos en el caso por el tribunal de primera instancia se repetían en la sentencia del Tribunal Supremo.”

“La pena de muerte es abominable en cualquier circunstancia; pero imponerla tras un juicio manifiestamente injusto ante un Tribunal Revolucionario, en el que no se han investigado las denuncias de tortura y otros malos tratos, incluida violencia de género, formuladas por Pakhshan Azizi, hace que su aplicación sea arbitraria e ilustra una vez más el desprecio descarado de las autoridades iraníes por el derecho a la vida. Los gobiernos de todo el mundo deben alzar ahora su voz contra esta injusticia para detener la ejecución de Pakhshan Azizi antes de que sea demasiado tarde.”

Información complementaria

La Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a muerte a Pakhshan Azizi en julio de 2024. Fue declarada culpable de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) únicamente en relación con sus actividades pacíficas de derechos humanos y humanitarias. Por ejemplo, entre 2014 y 2022 participó en actividades para prestar apoyo humanitario a mujeres y menores desplazados tras los ataques del grupo armado Estado Islámico y ofrecer refugio en campos en el nordeste de Siria y la región del Kurdistán de Irak. En enero de 2025, el Tribunal Supremo confirmó su condena de muerte. Se presentó una solicitud de revisión judicial que más tarde el Tribunal Supremo rechazó.

El 4 de agosto, agentes del Ministerio de Inteligencia detuvieron arbitrariamente a Pakhshan Azizi en Teherán y la trasladaron a la Sección 209 de la prisión de Evin, también en Teherán, controlada por el Ministerio de Inteligencia, donde la mantuvieron en régimen de aislamiento prolongado durante cinco meses sin acceso a representación letrada ni a su familia. Según fuentes informadas, en ese periodo Pakhshan Azizi sufrió tortura y otros malos tratos en los interrogatorios. Los agentes le dijeron en repetidas ocasiones que no tenía derecho a vivir y amenazaron con ejecutarla. También la sometieron a violencia de género para forzarla a “confesar” su vinculación a grupos de oposición kurdos, lo que ella negó repetidamente. A principios de diciembre de 2023 fue trasladada al pabellón de mujeres de la prisión de Evin, donde permanece recluida.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.