Amnistía Internacional observa con preocupación la violencia armada desatada desde el 16 de enero de 2025 en la

región del Catatumbo en Colombia. La confrontación entre los grupos armados Ejército de Liberación Nacional – ELN y Estado Mayor de Bloques y Frentes – EMBF tiene un impacto en extremo preocupante. Comunidades enteras, incluidas personas defensoras de los derechos humanos, han sido víctimas de graves ataques y continúan en riesgo de sufrir desplazamiento forzado, confinamiento forzado y otras graves violaciones de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo reportó el 21 de enero tener información de alrededor de 32.000 personas desplazadas forzadamente; y para la misma fecha, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había verificado la ocurrencia de homicidios de por lo menos 60 personas, entre ellas dos defensores de derechos humanos.

 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para la evacuación de personas y comunidades, el riesgo persiste y se requieren más medidas para garantizar su protección. Diversas organizaciones de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos, incluyendo las plataformas de la sociedad civil colombiana y organizaciones del Catatumbo como CISCA, ASCAMCAT, el MCP y ASUNCAT han exigido a los grupos armados respetar de manera irrestricta las normas del Derecho Internacional Humanitario y garantizar la vida e integridad de la población civil, cesando los ataques y amenazas contra líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, personas firmantes del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y, en general, contra la población civil. “Amnistía Internacional hace eco del llamado de la sociedad civil del Catatumbo y exige que se respete el Derecho Internacional Humanitario, que la población civil no sea objeto de ataques, y que sea protegida,” manifestó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Asimismo, llama a las autoridades colombianas a continuar y profundizar las acciones para la protección de la vida e integridad de la población civil del Catatumbo, incluidas las personas defensoras de derechos humanos, sus organizaciones y sus comunidades, así como las víctimas de desplazamiento forzado y otras graves violaciones a derechos humanos.”