Lunes, 27 de enero, 2025

En respuesta a la solicitud presentada ayer por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se dicten órdenes de detención contra el líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, y el jefe del poder judicial talibán, Abdul Hakim Haqqani, por su presunta responsabilidad en el crimen de lesa humanidad de persecución de género en Afganistán, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El anuncio de la Fiscalía de la CPI es un importante avance que brinda esperanza, tanto dentro como fuera del país, a las mujeres y niñas afganas y a todas las personas perseguidas a causa de su identidad o expresión de género, como los miembros de la comunidad LGBTQI. Se trata de un paso crucial para hacer rendir cuentas a todos los presuntos responsables de la privación, basada en el género, de los derechos fundamentales a la educación, la libertad de circulación y de expresión, la vida privada y familiar, la libertad de reunión y la integridad física y la autonomía. Amnistía Internacional también pide a la comunidad internacional que reconozca el apartheid de género como crimen de derecho internacional a fin de intensificar los esfuerzos para combatir los regímenes institucionalizados de opresión y dominación sistemáticas impuestas por motivos de género”.

El anuncio de la Fiscalía de la CPI es un importante avance que brinda esperanza, tanto dentro como fuera del país, a las mujeres y niñas afganas y a todas las personas perseguidas a causa de su identidad o expresión de género, como los miembros de la comunidad LGBTQI.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“El fiscal ha reconocido que los cargos representan únicamente una fracción de la victimización que se ha producido en todo Afganistán desde hace más de dos años y que ha afectado a gran parte de la población. Corresponde a la CPI y a la comunidad internacional en su conjunto redoblar de forma urgente y significativa los esfuerzos por abordar la persecución de género y otros crímenes de derecho internacional cometidos en Afganistán, ya que el acceso a la justicia en el país lleva un retraso considerable.”

“Instamos enérgicamente al fiscal de la CPI a que amplíe también sus investigaciones en Afganistán para incluir todas las violaciones graves de derechos humanos cometidas desde mayo de 2003 que constituyen crímenes de derecho internacional, como los homicidios extrajudiciales, la tortura y otros malos tratos, la detención y reclusión arbitraria y la desaparición forzada, la masacre de civiles, y los ataques constantes, sistemáticos y generalizados contra el grupo étnico hazara y las minorías religiosas por parte del Estado Islámico de la Provincia de Jorasán.”

“Amnistía Internacional pide asimismo al fiscal de la CPI que reconsidere su decisión de 2021 de restar prioridad a las investigaciones sobre los crímenes de guerra presuntamente cometidos por el ejército estadounidense, personal de la CIA y otras fuerzas internacionales que han tenido presencia en el país, así como el aparato de seguridad del antiguo gobierno. Esta decisión amenaza con contribuir a la percepción de que hay un enfoque selectivo de la justicia internacional que da prioridad a los intereses de los Estados poderosos y sus aliados en detrimento del derecho de las víctimas de crímenes de derecho internacional.”

Información complementaria

El 23 de enero, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emitió una declaración en la que anunciaba la solicitud de que se dictaran órdenes de detención en la situación de Afganistán. Las solicitudes de órdenes de detención presentadas por el fiscal serán consideradas por los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI para determinar si consideran que hay motivos razonables para creer que los individuos en cuestión cometieron los presuntos crímenes. La Fiscalía declaró también que hay investigaciones en curso. Eso significa que podría haber más solicitudes, contra otras personas y por otros presuntos crímenes.

En 2023, Amnistía Internacional publicó su informe The Taliban’s war on women, que trataba sobre el crimen de lesa humanidad de persecución de género contra mujeres y niñas en Afganistán. El informe de 2022, Death in slow motion: Women and Girls Under Taliban Rule, también documentó los ataques generalizados, sistemáticos e intencionados de los talibanes contra los derechos de las mujeres, junto con el uso de la tortura y otros malos tratos y la desaparición forzada. Las restricciones discriminatorias a los derechos de las mujeres y las niñas afectan a todos los ámbitos de su vida, y están institucionalizadas mediante las políticas, las decisiones y las leyes talibanas.

Afganistán estuvo sometido a un examen preliminar de la Fiscalía de la CPI desde 2007 hasta 2017. En 2022, la Fiscalía reanudó su investigación sobre la situación de Afganistán después de que la CPI concluyera que no se había llevado a cabo ninguna investigación genuina en el ámbito local. De hecho, desde que los talibanes regresaron al poder, han destruido vías para acceder a un juicio justo y han abolido la Constitución y leyes que estaban en vigor antes de su regreso.