Las acciones de las autoridades paquistaníes son de carácter general y discrecional, y han dado lugar al acoso y la detención de personas refugiadas que estaban en posesión de documentos y visados válidos

En respuesta a los informes sobre detención arbitraria y acoso contra personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas por parte de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley en Islamabad, Pakistán, Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:

“Los asaltos policiales nocturnos, el acoso y la detención arbitraria de centenares de personas refugiadas afganas, entre ellas mujeres, niños y niñas, en la capital forma parte de una política discriminatoria más amplia contra la población afgana en el país. El requisito de que todas las personas refugiadas afganas en Islamabad deben obtener un certificado de no objeción impone una pesada obligación a estas personas, que se suma a los requisitos de documentación existentes. El gobierno paquistaní ha puesto en marcha de forma reiterada y arbitraria políticas que aumentan la precariedad de las personas refugiadas afganas en el país, y que han obligado a miles de personas a regresar a Afganistán en los últimos 15 meses; esta nueva medida política ha puesto en peligro a una población que ya está en situación de riesgo”.

El gobierno paquistaní ha puesto en marcha de forma reiterada y arbitraria políticas que aumentan la precariedad de las personas refugiadas afganas en el país […]; esta nueva medida política ha puesto en peligro a una población que ya está en situación de riesgo.

Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional

“Las acciones de las autoridades paquistaníes son de carácter general y discrecional, y han dado lugar al acoso y la detención de personas refugiadas que estaban en posesión de documentos y visados válidos. Todas las personas refugiadas y solicitantes de asilo, independientemente de la situación en la que se encuentre su documentación, tienen derecho al debido proceso y a la protección contra la devolución forzada, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.”

“Amnistía Internacional insta a Pakistán a cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional, incluido el principio de no devolución (non-refoulement), tomando medidas inmediatas para garantizar la liberación de todas las personas detenidas y la revocación inmediata de la política que obliga a obtener un certificado de no objeción.”

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Comité de Actuación Conjunta para las Personas Refugiadas (Joint Action Committee for Refugees) ha informado de que más de 800 afganos y afganas han sido detenidos en Islamabad desde el 1 de enero de 2025. Anteriormente, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, anunció que no se permitiría a ninguna persona de ciudadanía afgana permanecer en el interior de la capital, Islamabad, sin un certificado de no objeción. Este anuncio se produjo después de las protestas celebradas el 26 y 27 de noviembre en Islamabad por el Movimiento por la Justicia en Pakistán, durante las cuales las fuerzas de seguridad hicieron un uso ilegítimo de la fuerza que causó una docena de muertes. Desde las protestas, se ha informado de que la policía de la capital ha estado actuando de forma racialmente discriminatoria contra el grupo étnico pastún, lo que ha dado lugar a la detención arbitraria de personas afganas y de Jaiber Pastunjuá que viven en la ciudad.

En octubre de 2023, el gobierno de Pakistán desveló el “Plan de repatriación de extranjeros ilegales”, cuya fase 1 implicaba un plazo de 30 días para que las personas refugiadas afganas “indocumentadas” abandonaran el país si no querían ser deportadas. Desde entonces, 783.918 personas han regresado a Afganistán. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades paquistaníes que anulen esta decisión a la luz de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y que brinden a las personas refugiadas afganas protección frente a la detención arbitraria y el acoso. En abril de 2024, Pakistán anunció su intención de iniciar la fase 2 de su plan para deportar a las personas titulares de la tarjeta de ciudadanía afgana, pero esta fase aún no se ha aplicado en su totalidad.