Lunes, 13 de enero, 2025
El documento es un informe conjunto de Amnistía Internacional y MOSCTHA presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU para el 143º período de sesiones (marzo de 2025), que denuncia violaciones de derechos humanos en la República Dominicana. Aborda temas como las deportaciones masivas de personas haitianas, el perfilamiento racial, la violencia en operativos migratorios, la deportación de mujeres embarazadas y menores, la discriminación, la apatridia y las amenazas contra defensores de derechos humanos. El informe insta al gobierno dominicano a detener prácticas discriminatorias y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
INTRODUCCIÓN
Amnistía Internacional y MOSCTHA presentan esta información al Comité de Derechos Humanos de la ONU
antes de la adopción de la lista de cuestiones previa a la presentación del séptimo informe para República
Dominicana. Se centra en los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, igualdad y no
discriminación, derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y derechos sexuales y reproductivos.
La mayoría de los temas cubren el periodo 2023- 2024 tras las medidas tomadas por el gobierno de Luis
Abinader en el marco del conflicto por la construcción de un canal en el río Masacre y las medidas
anunciadas en octubre de 2024 por el gobierno dominicano.
DERECHOS DE MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO (ARTÍCULOS
6,7,9,10,13,14 Y 24)
Amnistía Internacional y MOSCTHA, junto a otras organizaciones de derechos humanos de República
Dominicana, han denunciado la política de expulsiones colectivas y discriminatorias de personas haitianas
entre las cuales se encuentran mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y solicitantes de asilo.
Esta política resulta en la exclusión racializada y sistémica de las personas haitianas, perpetuando
patrones de exclusión basados en su raza, color de piel y origen nacional al estar fundamentada en
prácticas de perfilamiento racial y operativos migratorios marcados por violencia y discriminación racial.
Aunque se presenta como una política neutral y de carácter general, constituye una forma de
discriminación indirecta contraria a las obligaciones internacionales en materia de discriminación racial,
ya que produce efectos discriminatorios y desproporcionados hacia las personas haitianas y otras personas
negras en República Dominicana. Esta política ha cambiado significativamente a partir de las medidas de
octubre de 2023, y ha llegado a límites alarmantes con las medidas anunciadas en octubre de 2024.
El conflicto por el canal en el Río Masacre y el empeoramiento de la situación de seguridad en Haití, en
octubre de 2023 han sido detonantes recientes para que el gobierno de República Dominicana anunciara
varias medidas1 que hacen parte de un contexto de racismo estructural y antecedentes de exclusión y
estigmatización de personas de origen haitiano en el país, que han sido históricamente normalizadas e
institucionalizadas con base en prejuicios y retórica racista y xenófoba. Entre las medidas adoptadas
estuvo la suspensión indefinida de entrega de visas a ciudadanos haitianos, militarización e
implementación de controles biométricos en la frontera y el cierre migratorio de ésta. Además, el gobierno
dominicano suspendió las vías legales para que personas de Haití puedan entrar al país, y durante los
meses de octubre de 2023 a abril de 2024 suspendió las renovaciones de residencia.2 Dichas medidas
dejaron en situación de irregularidad migratoria a las personas que se encontraban de manera legal en el
país, y las expuso a ser sujetos de operativos migratorios de deportación.