LIBEREN A LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE VENEZUELA

El 7 de enero de 2025, individuos encapuchados detuvieron arbitrariamente a Carlos Correa, reconocido defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la ONG venezolana Espacio Público, cuya suerte y paradero siguen sin conocerse. Su detención se debe únicamente a su labor en favor de los derechos humanos, al igual que la de otras cuatro personas defensoras que actualmente se encuentran detenidas arbitrariamente por su activismo en Venezuela: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Exigimos a Nicolás Maduro que garantice su liberación inmediata e incondicional y que, mientras se encuentren bajo custodia del Estado, proteja su vida y seguridad, su derecho a no ser sometidos a tortura, y su derecho a un juicio justo.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Señor Nicolás Maduro,

Presidente de la República Nicolas Maduro

Palacio de Miraflores, Av. Nte. 10, Caracas 1012, Caracas, Venezuela

Manifiesto mi seria preocupación por la detención arbitraria de Carlos Correa, cuya valiente labor en defensa de los derechos humanos en Venezuela es conocida y valorada en todo el mundo. El hecho de que se desconozca su suerte y paradero tras -al menos- 24 horas de ser detenido por hombres no identificados en Caracas, es de suma gravedad.

La defensa de los derechos humanos que ha hecho Carlos Correa durante más de 20 años ha sido notable, liderando organizaciones de la sociedad civil como Provea y Espacio Público, las cuales han servido al pueblo venezolano en circunstancias terribles y frente a numerosas amenazas y ataques por parte de autoridades gubernamentales. Exigimos que se compartan de inmediato su suerte y paradero a sus familiares y representantes.

Es más que lamentable observar que Carlos Correa se une a una creciente lista de detenciones arbitrarias por motivos políticos de defensores de derechos humanos en Venezuela, que comenzó con la detención de Javier Tarazona en julio de 2021, y continuó con la de Rocío San Miguel en febrero de 2024, Carlos Julio Rojas en abril de 2024, y Kennedy Tejeda en agosto de 2024. Muchas otras personas defensoras también han sido detenidas injustamente y posteriormente excarceladas.

La detención de personas defensoras de derechos humanos y los ataques contra la sociedad civil en general deben cesar de inmediato. Su rol en medio de una emergencia humanitaria y una política de represión que no deja de agravarse debe ser protegido y valorado.

Dado que en el país se siguen cometiendo crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos con impunidad, recordamos a las autoridades que están siendo objeto de monitoreo y escrutinio, a nivel individual y estatal, por parte de mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas defensoras de derechos humanos detenidas injustamente en Venezuela y, mientras permanezcan bajo su custodia, que se protejan plenamente sus derechos a la vida y a la integridad, a no ser sometidas a tortura y a disfrutar de todas las garantías de un juicio justo.

Atentamente,

INFORMACIÓN ADICIONAL

Carlos Correa, director de la ONG venezolana Espacio Público, fue interceptado por individuos encapuchados vestidos de negro y trasladado a un lugar desconocido el 7 de enero de 2025, alrededor de las 17:00 horas, en las calles del centro de Caracas. Se trata de un modus operandi utilizado habitualmente por las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de detener arbitrariamente y desaparecer forzosamente a quienes consideran una amenaza para el gobierno de Nicolás Maduro, incluidos las personas defensoras de derechos humanos.

Como ha denunciado Amnistía Internacional en repetidas ocasiones, las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela están expuestas a un riesgo constante de sufrir hostigamiento, ataques y detención. El defensor de derechos humanos, preso de conciencia y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, permanece detenido y procesado por defender los derechos humanos desde el 2 de julio de 2021. Rocío San Miguel, reconocida abogada, profesora y defensora de derechos humanos a nivel nacional e internacional, fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero de 2024, en paradero desconocido hasta el 15 de febrero, y permanece recluida injustamente. Carlos Julio Rojas es un periodista y activista detenido arbitrariamente el 15 de abril de 2024, presuntamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que también permanece injustamente detenido por su activismo. Kennedy Tejeda, un joven abogado y defensor de derechos humanos miembro de la reconocida ONG Foro Penal, fue detenido arbitrariamente en el estado de Carabobo el 2 de agosto de 2024 cuando intentaba ofrecer asistencia jurídica gratuita a otras víctimas de detención arbitraria. Todas estas personas que permanecen privadas arbitrariamente de su libertad, además de ser sometidas a procesos penales infundados, también sufren graves violaciones a sus garantías de un juicio justo y son perseguidas por su labor en defensa de los derechos humanos.

La prolongada política de represión del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar cualquier forma de disidencia, real o percibida, alcanzó un pico histórico tras la elección del 28 de julio de 2024, tras las que fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos más de 2.000 personas, muchas de ellas acusadas de delitos aparentemente infundados de terrorismo e incitación al odio, incluidos grupos vulnerables como niños y niñas y personas que viven con discapacidad. Dentro de esta política de represión, el gobierno ha hostigado, perseguido y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que está haciendo huir a las y los venezolanos en cantidades sin precedentes en busca de seguridad y protección. En noviembre de 2024, más de 7,8 millones de personas habían huido de Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro está impulsando distintas iniciativas para controlar y silenciar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. La ley aprobada en agosto de 2024 titulada «Ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiación de las organizaciones no gubernamentales y afines», o la llamada «ley anti-ONG», impone estrictos controles que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes, listas de donantes y registro de movimientos financieros. El incumplimiento de los requisitos de registro podría conllevar el cierre de las organizaciones de la sociedad civil y posibles acciones penales. Las disposiciones de esta ley entrarán en vigor a partir de febrero de 2025.

Desde 2020, los informes de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIDH) han documentado exhaustivamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; así como las formas en que el sistema de justicia sirve de herramienta para ejecutar la política de represión del gobierno, concluyendo que algunos de estos crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos constituirían crímenes de lesa humanidad. Concretamente en 2024, la MIIDH concluyó que tiene “a misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”.

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lleva a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, específicamente en relación con los «[c]rímenes de lesa humanidad de privación de libertad u otra privación grave de la libertad física (...); tortura (.... ); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (...); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (...), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados «colectivos»).

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 8 de julio de 2025
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Defensores y defensoras venezolanas (ellos/ellas)