El 13 de noviembre de 2024, una sala del Tribunal Supremo compuesta por los jueces B R Gavai y K V Viswanathan dictó la sentencia tras oír las peticiones de que se establecieran directrices sobre la demolición de propiedades. El alto tribunal señaló que un funcionario ejecutivo no puede convertirse en juez, declarar culpable a una persona acusada y demoler su casa. Tras calificar estas acciones de “prepotentes y arbitrarias”, el tribunal las declaró inconstitucionales y equivalentes a un “castigo colectivo”

En respuesta a las directrices de ámbito nacional establecidas hoy por el Tribunal Supremo de India para impedir la demolición arbitraria de propiedades en el país, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Esta sentencia histórica del Tribunal Supremo de India debe poner fin al clima de impunidad que rodea a la práctica cruel e inhumana de castigar a las personas mediante la demolición ilegal de sus hogares y propiedades. La sentencia reafirma lo que Amnistía Internacional ha documentado anteriormente: que estas demoliciones ilegales, instigadas a menudo desde las más altas esferas del gobierno contra musulmanes en particular, han socavado reiteradamente el Estado de derecho y las garantías procesales. Semejante ilegalidad nunca debía haberse cometido y celebrado como “justicia de la excavadora” en primer lugar.

Esperamos que esta sentencia marque un punto de inflexión que disuada las campañas discriminatorias de odio, hostigamiento y violencia contra las minorías en India.

Nunca más deben repetirse acciones tan profundamente injustas e ilegítimas en el país.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“Amnistía Internacional pide a los ministros principales de varios gobiernos estatales, como los de Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Assam y Gujrat, entre otros, que han participado en las acciones inconstitucionales, que respeten las directrices del Tribunal Supremo y las apliquen lo antes posible.

“Las personas que han sido objeto de desalojos forzosos y castigos colectivos y arbitrarios, en violación tanto de la Constitución india como del derecho internacional de los derechos humanos, deben recibir una indemnización inmediata. Por último, las autoridades que participaron en las demoliciones ilegales deben rendir cuentas.

“Esperamos que esta sentencia marque un punto de inflexión que disuada las campañas de odio, hostigamiento y violencia contra las minorías en India. Nunca más deben repetirse acciones tan profundamente injustas e ilegítimas en el país”.

Información general:

El 13 de noviembre de 2024, una sala del Tribunal Supremo compuesta por los jueces B R Gavai y K V Viswanathan dictó la sentencia tras oír las peticiones de que se establecieran directrices sobre la demolición de propiedades. El alto tribunal señaló que un funcionario ejecutivo no puede convertirse en juez, declarar culpable a una persona acusada y demoler su casa. Tras calificar estas acciones de “prepotentes y arbitrarias”, el tribunal las declaró inconstitucionales y equivalentes a un “castigo colectivo”.

Anteriormente, Amnistía Internacional había publicado dos informes en febrero de 2024 que documentaban las demoliciones arbitrarias y punitivas en al menos cinco estados de India en una campaña de odio contra la comunidad minoritaria por protestar contra leyes y prácticas discriminatorias. Esta misma semana, Amnistía Internacional acogió con satisfacción una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba la “justicia de la excavadora”.