El 16 de agosto de 2024, Luis Abinader asumió un segundo mandato como presidente de República Dominicana. Durante su período anterior, Amnistía Internacional denunció preocupantes violaciones de derechos humanos en el marco de la política migratoria contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana por agentes de migración, policías y miembros de las fuerzas armadas que asisten a la Dirección General de Migración (DGM) en operativos migratorios. Amnistía Internacional ha enfatizado la necesidad urgente de que las instituciones dominicanas erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial, y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana.  

“El inicio del nuevo gobierno debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses. Es crucial que se establezcan políticas migratorias que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas” expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

El inicio del nuevo gobierno debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde 2022 República Dominicana se convirtió en el país que deporta más personas haitianas en movilidad, a pesar del llamamiento en noviembre de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los Estados para detener los retornos forzados a Haití. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 personas haitianas, de ellas más de 20.000 son adolescentes, niñas y niños. Durante 2024, y aun con la grave crisis en Haití, el gobierno dominicano ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 adolescentes, niñas y niños. 

Amnistía Internacional ha constatado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas. Dichas expulsiones colectivas son contrarias a las obligaciones internacionales de la República Dominicana porque no permiten una evaluación individualizada de las necesidades de protección de cada persona afectada, ni de los riesgos a los que se enfrentarían las personas al ser devueltas a Haití. Asimismo, son realizadas con operativos migratorios que perfilan y discriminan racialmente, faltando a la garantía del principio de igualdad y no discriminación. 

Un punto álgido en el mandato anterior de Luis Abinader fue el conflicto por el canal en el Río Masacre, en octubre de 2023. El gobierno dominicano anunció la suspensión indefinida de entrega de visas a personas haitianas, la militarización e implementación de controles biométricos en la frontera y el cierre migratorio de ésta. Desde entonces, se autorizó la participación de varias fuerzas públicas como el ejército y policías a realizar operativos migratorios. Durante meses, el Gobierno dominicano suspendió las vías para que personas de Haití pudieran renovar sus visados de estudio, residencia y trabajo en la República Dominicana, dejando en situación de irregularidad migratoria a las personas y separando familias. La suspensión de otorgamiento de visados a personas haitianas, que aún persiste, ha implicado el cierre de las pocas vías legales de acceso al país, limitado opciones de reunificación familiar, o imposibilitado el acceso a opciones de estudio y trabajo. 

Organizaciones locales informaron a Amnistía Internacional de que estas medidas resultaron en el aumento del número de personas detenidas, así como el número de personas deportadas colectivamente.  

La organización recibió testimonios alarmantes de víctimas y organizaciones de la sociedad civil local, y examinó videos mostrando la forma discriminatoria y deshumanizada de los operativos migratorios, los traslados de las personas y las condiciones de los centros de detención.  

El Evidence Lab de Amnistía Internacional verificó 12 videos publicados entre julio de 2023 y julio de 2024 en los cuales personas de supuesta nacionalidad haitiana aparecen detenidas por la DGM de República Dominicana. En dos videos se ven niños junto a hombres y mujeres dentro de camionetas pertenecientes a la DGM. En otros dos videos, se ve cómo suben a personas a los mismos vehículos de manera forzosa, incluso un hombre llevado por las manos de cuatro agentes y una mujer que alega no ser de nacionalidad haitiana. Otros cinco videos verificados muestran un centro de detención donde no hay camas ni sillas y docenas de hombres duermen apiñados en el suelo.   

La violencia y el uso excesivo de la fuerza son una constante en los testimonios de las víctimas. Amnistía Internacional conoció testimonios de allanamientos sin órdenes judiciales, de autoridades que no usaban uniformes ni identificaciones, con uso de violencia, robo de pertenencias, incluso durante la noche mientras las personas dormían. En el marco de estos operativos, en abril trascendió una denuncia de violencia sexual contra una niña de 14 años. 

“Organizaciones que trabajan en la frontera entre Haití y la Republica Dominicana registran continuamente casos de personas deportadas víctimas de golpizas propinadas por las autoridades dominicanas”, aseveró Johanna Cilano Pelaez, Investigadora Regional para El Caribe de Amnistía Internacional.  

Las medidas que autorizaron la participación de la Policía Nacional, miembros de las fuerzas armadas y otras fuerzas públicas en operativos migratorios han generado dispersión de funciones en materia migratoria, discrecionalidad y opacidad en los procedimientos. También preocupa la ausencia de capacitación de esos cuerpos del orden respecto a los derechos humanos, que pueda asegurar un trato digno y sin discriminación a personas migrantes.    

Amnistía Internacional ha conocido hechos de corrupción, extorsión y posible tráfico de influencias por parte de las autoridades durante las detenciones, traslados y estancia en los centros de detención, en el curso de operativos migratorios, incluyendo la zona de cruce fronterizo.  

Múltiples testimonios apuntan que esta dispersión de las funciones produce confusión sobre las rutas que recorren las personas en búsqueda de protección internacional y migrantes tras su detención, fomentando una amplia red de extorsión a las personas migrantes y limitado el acceso a la justicia de las personas migrantes haitianas, quienes, por miedo, no suelen acudir a instituciones como la policía o fiscalía cuando sufren algún delito. Esto limita en particular las denuncias de violencia de género contra mujeres y niñas migrantes haitianas. A pesar de que se han registrado investigaciones que involucran a agentes migratorios, las autoridades no han puesto medidas consistentes y concretas para garantizar el acceso a la justicia de personas migrantes que sufren violaciones de derechos humanos.  

Amnistía Internacional recibió información de que las rutas que recorren las personas luego de ser detenidas en los operativos migratorios varían dependiendo de la autoridad que les haya detenido. Generalmente, cuando son detenidos por agentes de migración de la DGM, son introducidos en unos vehículos conocidos como “camionas”. Aunque tienen una capacidad para 30 o 40 personas, reportes apuntan que las autoridades introducen a más personas. Las personas son golpeadas y subidas de manera forzosa, se encuentran muchas veces sin espacio para moverse, y con dificultades para respirar. Son dejadas ahí con altas temperaturas durante horas, antes de ser trasladadas al centro de interdicción, sin acceso a agua, servicios sanitarios o alimentación, poniendo en grave riesgo su integridad.  

Amnistía Internacional tuvo conocimiento de las graves condiciones dentro de algunos centros de interdicción donde las personas son llevadas para “depurar” su situación migratoria, previo a la deportación. Las instalaciones no cuentan con servicios y espacios adecuados, existe hacinamiento, falta de acceso a agua, alimentación, restricciones para comunicarse con familiares o abogados, retiro de teléfonos celulares. Las autoridades responsables no preguntan o evalúan si tienen alguna condición de salud que requiere atención, ni se les da acceso a solicitar protección internacional. Además, la organización recibió información de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual por parte de autoridades en los centros de detención y durante su deportación, incluyendo tocamientos, comentarios sobre sus cuerpos y exigencia de favores sexuales a cambio de la liberación. En ocasiones, estas situaciones trascienden a la violación por parte de autoridades.   

Estas denuncias sugieren violaciones al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, en el marco de los operativos migratorios. 

Amnistía Internacional ha conocido que personas negras, tanto dominicanas como extranjeras, han sido detenidas arbitrariamente con base en perfilamiento racial y con fines de deportación. Esto pone en riesgo a personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo a personas beneficiarias de la Ley No. 169-14, que “establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio dominicano inscritas irregularmente en el registro civil y sobre naturalización”. 

Amnistía Internacional ha sido informada de la entrega de niñas, niños y adolescentes por parte del Consejo Nacional para Niñez y Adolescencia (CONANI) a las autoridades haitianas sin que exista un protocolo para dicha entrega, ni mecanismos que garanticen el principio de interés superior del niño, sus derechos humanos y seguridad, e ignorando las obligaciones constitucionales e internacionales de las autoridades como lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, directrices de las Naciones Unidas y principios interamericanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que prohíben la detención de niñas, niños y adolescentes y obligan al Estado a garantizar los principios del interés superior de la niñez y de la unidad familiar. 

“El presidente Abinader, a través de CONANI, debe garantizar el interés superior de la niñez, abstenerse de deportar y detener a niños y niñas haitianos debido a su situación migratoria o la de su madre y/o padre”, aseveró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

De acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, los Estados deben respetar el interés superior de la niñez, junto con sus derechos a la libertad y a la vida familiar, por medio de leyes, políticas y prácticas que permitan a los niños permanecer con los miembros de sus familias o sus tutores sin estar sometidos a custodia y en un entorno comunitario, mientras se resuelve su situación como inmigrantes y se evalúa cuáles son los intereses superiores de los niños, así como antes de su retorno. La detención de cualquier niño o niña inmigrante debería estar prohibida por la ley y esta prohibición debería aplicarse plenamente.  

Organizaciones en Haití denuncian que CONANI no cumple con los estándares de protección de la niñez en movimiento y muestran especial preocupación por que siguen deportando niñas y niños en áreas donde no hay autoridades u organizaciones adecuadas presentes, como en la localidad de Malpasse, en Haití,  frontera con Jimaní, en la República Dominicana, a sabiendas que en Malpasse los accesos se encuentran controlados actualmente por bandas criminales.  

“Cuestionamos las deportaciones de niñas y niños. Estas acciones ponen en duda el compromiso del gobierno del presidente Abinader con la seguridad y el bienestar de las niñas y niños”, Añadió Piquer. 

Con relación al perfilamiento, detención y deportación a mujeres embarazadas, Amnistía Internacional ha constatado que su efecto amedrentador pone en grave riesgo su vida y salud. Según testimonios recabados, algunas mujeres haitianas embarazadas residentes en bateyes o que requieren cuidados posnatales no buscan atención médica por miedo a la detención y deportación en los hospitales públicos o al salir de sus comunidades. Esto las deja sin opciones de salud adecuadas y oportunas, o las obliga a buscar atención privada, con un gran impacto en sus ingresos. Organizaciones internacionales que trabajan en la frontera confirmaron a Amnistía Internacional la persistencia de esta práctica discriminatoria.  

“Las personas migrantes y las personas en necesidad de protección internacional no deben ser sometidas a medidas punitivas, como la detención. La situación de irregularidad migratoria no constituye un delito. Aplicar, de manera generalizada, medidas de restricción de la libertad por la situación de irregularidad en el país, genera detenciones arbitrarias y supera el interés legítimo del gobierno del presidente Abinader por gestionar la migración.’’ apuntó Johanna Cilano Pelaez. 

Aplicar, de manera generalizada, medidas de restricción de la libertad por la situación de irregularidad en el país, genera detenciones arbitrarias y supera el interés legítimo del gobierno del presidente Abinader por gestionar la migración.

Johanna Cilano Pelaez, Investigadora Regional para El Caribe de Amnistía Internacional.

El gobierno del presidente Abinader tiene la oportunidad de rectificar y cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos. En tal sentido, debe abstenerse de retornar de manera forzada a cualquier persona haitiana en movilidad y a nacionales de la República Dominicana, y detener las expulsiones colectivas.  

Amnistía Internacional exige al gobierno de República Dominicana acciones urgentes para combatir el racismo estructural en el país. Es imperativo la investigación y sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos y otros abusos, así como la adopción de medidas concretas para eliminar y prevenir la violencia racista y la discriminación racial en los operativos migratorios, con especial atención en la niñez y personas gestantes.  

Para más información a concertar una entrevista, contacte a press@amnesty.org