El 25 de agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Myanmar llevaron a cabo un ataque sistemático generalizado contra las aldeas rohinyás, después de que un grupo armado autodenominado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán cometiera ataques mortales contra puestos policiales. Arakán es otra denominación del estado de Rajine

El aumento de los ataques mortales contra la población rohinyá en el estado de Rajine (Myanmar) se asemeja terriblemente a las atrocidades ocurridas en agosto de 2017, ha declarado Amnistía Internacional en vísperas del séptimo aniversario de la crisis.

“A pocos días del séptimo aniversario de la crisis rohinyá, la horrible situación del estado de Rajine resulta preocupantemente familiar. Hombres, mujeres, niños y niñas rohinyás son víctimas de asesinatos, se vacían las aldeas y se erosionan los vestigios de la historia y la identidad rohinyás. Muchas personas buscan de nuevo cobijo en campos de refugiados situados al otro lado de la frontera, en Bangladesh, donde se han deteriorado las condiciones económicas, de seguridad y de subsistencia”, ha explicado Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

“La población civil rohinyá, tras sufrir una brutal campaña de violencia sistemática en agosto de 2017 después de decenios de persecución respaldada por el estado, se ve ahora inmersa en la intensificación del conflicto existente en el estado de Rajine entre el Ejército de Arakan y las fuerzas armadas de Myanmar, que han reclutado por la fuerza a hombres y mujeres rohinyás para que luchen en su bando”.

Las fuerzas armadas han respondido a las pérdidas en el campo de batalla con ataques aéreos devastadores, que han acabado con la vida tanto de personas rohinyás como de civiles de etnia rakáin. Han atacado zonas civiles y destruido viviendas, mercados y otras infraestructuras civiles.

“Las fuerzas armadas de Myanmar deben poner fin de inmediato a su nueva campaña de violencia y abstenerse de llevar a cabo ataques ilegítimos contra la población civil, la cual, dados los millones de personas desplazadas, es la más afectada por el conflicto no sólo en el estado de Rajine sino en todo el país”, ha declarado Freeman.

A medida que avanza por el estado de Rajine y captura más territorio, el Ejército de Arakan se enfrenta a crecientes denuncias de atrocidades.

“Además, la comunidad internacional debe presionar más al Ejército de Arakán para que respete el derecho internacional humanitario. Todas las denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas de Myanmar o cualquier grupo armado en el país deben investigarse de forma efectiva”, ha manifestado Freeman.

Según los informes, los avances del Ejército de Arakan en la localidad de Buthidaung, en el norte de Rajine, provocaron incendios a gran escala el 17 de mayo de este año, lo que obligó a miles de residentes rohinyás a desplazarse. Por otra parte, el 5 de agosto, un ataque —cuyos supervivientes atribuyeron al Ejército de Arakán— acabó con la vida de un número desconocido de civiles rohinyás que huían de Maungdaw, cerca de la frontera con Bangladesh. El Ejército de Arakán niega haber atacado a la población rohinyá.

“La rápida escalada del conflicto en Myanmar es una razón más para que el Consejo de Seguridad de la ONU remita por fin la situación del país a la CPI. No pueden conseguirse avances si no se rinden cuentas. El futuro de Myanmar depende de que se protejan, promuevan y defiendan los derechos humanos de todas las personas del país”, ha afirmado Freeman.

“Ello supone eliminar las leyes y políticas discriminatorias que se utilizan para sustentar el sistema de apartheid contra cientos de miles de hombres, mujeres y niñas rohinyás en Rajine y restablecer sus derechos a la salud, la educación y la libertad de circulación”.

Mientras tanto, Bangladesh acoge por séptimo año consecutivo a casi un millón de personas rohinyás refugiadas en campos en malas condiciones. El año pasado, al menos 12.000 personas refugiadas en estos campos quedaron sin techo debido a incendios devastadores y al impacto del ciclón Mocha. La acuciante escasez de fondos provocó inseguridad alimentaria en los campos, así como deficiencias en la atención sanitaria y la educación.

“El nuevo gobierno provisional de Bangladesh debe dar prioridad a proteger los derechos humanos de las personas refugiadas rohinyás y a su seguridad en los campos, además de hacer valer el principio de no devolución y de adoptar una política que respete los derechos de la población rohinyá”, ha declarado Freeman.

Información complementaria

El 25 de agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Myanmar llevaron a cabo un ataque sistemático generalizado contra las aldeas rohinyás, después de que un grupo armado autodenominado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán cometiera ataques mortales contra puestos policiales. Arakán es otra denominación del estado de Rajine.

La respuesta de las fuerzas armadas incluyó ejecuciones extrajudiciales, destrucción de propiedades y agresiones sexuales. Como resultado de las denominadas “operaciones de limpieza” de las fuerzas armadas, más de 740.000 mujeres, hombres, niñas y niños rohinyás han huido del norte del estado de Rajine al vecino Bangladesh. Teniendo en cuenta las anteriores oleadas de violencia, se calcula que en la actualidad hay un millón de personas refugiadas rohinyás en Bangladesh.

Amnistía Internacional ha afirmado que los ataques de 2017 contra la población rohinyá constituyen crímenes de lesa humanidad y ha recomendado que se investigue al menos a una docena de altos cargos —entre ellos el comandante en jefe Min Aung Hlaing— por su participación en la violencia.

La CPI está examinando presuntos crímenes sucedidos en 2016 y 2017 contra la población rohinyá, pero sólo los cometidos en parte en el territorio de Bangladesh o de otros Estados, porque Myanmar no ha ratificado el Estatuto de la CPI. Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita toda la situación de Myanmar a la Fiscalía de la CPI para que pueda llevarse a cabo una investigación de todos los crímenes cometidos en Myanmar.

Min Aung Hlaing no ha rendido nunca cuentas: el 1 de febrero de 2021, las fuerzas armadas tomaron el poder en un golpe de Estado, en el que Min Aung Hlaing se convirtió en presidente del recién creado Consejo de Administración del Estado (SAC). Desde el golpe de 2021, soldados, policías y milicias respaldados por el SAC han matado a más de 5.000 civiles en Myanmar.

En este periodo, Amnistía Internacional ha documentado torturas, detenciones arbitrarias y ataques aéreos ilegítimos por parte de las fuerzas armadas de Myanmar. En noviembre de 2022, Amnistía Internacional pidió la suspensión de las importaciones de combustible de aviación, que las fuerzas armadas de Myanmar utilizan para bombardear a la población civil. Si bien muchas empresas abandonaron la cadena de suministro al conocer los riesgos, los envíos han continuado.