Venezuela sufre una crisis de derechos humanos profunda y multidimensional desde hace al menos diez años. En este tiempo, Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja, que han llevado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero

En cuatro días, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias masivas de manifestantes. Según el fiscal general, al menos 1.062 personas están detenidas. Las ONG locales afirman que al menos 700 personas están siendo acusadas de "terrorismo", incitación al odio y otros delitos discrecionales. Información creíble indica que las personas detenidas están incomunicadas, sin asistencia legal y trasladadas a prisiones de máxima seguridad, expuestos a altos riesgos de malos tratos y tortura. Exigimos que las autoridades dejen de detener a quienes ejercen sus derechos y pedimos al fiscal general que garantice a todas las personas detenidas acceso a abogados de su elección y todas las garantías del debido proceso

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO Fiscal General de la República

Tarek William Saab

Edificio Sede Principal del Ministerio Público

Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México

Caracas,Venezuela

Email: ministeriopublico@mp.gob.ve

Señor Fiscal General de la República, Le escribo con una grave preocupación por la oleada de represión desatada por autoridades venezolanas desde el 28 de julio, a propósito de las manifestaciones masivas de personas ejerciendo sus derechos humanos.

Los reportes de más de mil personas, en su mayoría jóvenes, detenidas arbitrariamente por protestar en el contexto electoral es profundamente alarmante. Además, las denuncias creíbles sobre la falta total de garantías del debido proceso, así como los riesgos reales de que sufran malos tratos o incluso tortura, deben tener una respuesta urgente por parte de la Fiscalía y de las autoridades competentes. El derecho internacional de los derechos humanos y las normas venezolanas así lo exigen.

La crisis actual es la continuación de un patrón de graves violaciones de los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una consecuencia de la impunidad imperante por estos crímenes. La política de represión del gobierno, que incluye detenciones, torturas y asesinatos, debe cesar de inmediato.

Le exigimos que proteja la vida e integridad personas de cada persona detenida y garantice el cumplimiento de las garantías de debido proceso a todas ellas, incluido acceso a familiares y su representación legal de confianza. 

Atentamente

INFORMACIÓN ADICIONAL

Venezuela sufre una crisis de derechos humanos profunda y multidimensional desde hace al menos diez años. En este tiempo, Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja, que han llevado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero.

El 28 de julio, Venezuela vio una participación masiva en las elecciones presidenciales, a pesar de un contexto preelectoral caracterizado por la persecución, la censura y un discurso amenazante. Al finalizar la votación, las autoridades electorales anunciaron a Nicolás Maduro como el ganador. Sin embargo, la oposición denunció que tal resultado no se sustentaba con los datos que recabaron durante la elección. La autoridad electoral no ha publicado resultados oficiales, tal y como lo establecen las leyes venezolanas. Desde entonces, estallaron manifestaciones masivas en todo el país en apoyo de las afirmaciones de la oposición. En respuesta, las autoridades estatales desplegaron su política de represión a gran escala, que incluye: uso de fuerza letal y menos letal, que ha tenido como resultado al menos once personas fallecidas, la mayoría jóvenes, incluyendo dos adolescentes; detenciones arbitrarias masivas por motivos políticos; posible tortura de figuras clave de la oposición; allanamientos ilegales de viviendas con uso excesivo de la fuerza; movilización de grupos armados pro-gobierno (colectivos) y fuerzas de seguridad no uniformadas; y un discurso fuertemente estigmatizador contra activistas políticos, defensores de derechos humanos y ONG. Los acontecimientos en el país son muy dinámicos y volátiles, con cifras de violaciones de derechos humanos que aumentan cada hora y anuncios públicos de todos los actores, nacionales y extranjeros, que se emiten constantemente.

En los meses previos a estas elecciones se han producido incesantes ataques al espacio cívico, decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, represalias contra empresas y comerciantes que prestan servicios a figuras de la oposición, y medidas administrativas arbitrarias y abusivas. Estas violaciones son preocupaciones de larga data que Amnistía Internacional ha documentado y sobre los que ha hecho campaña durante años. Los acontecimientos que se están desarrollando en la actualidad encajan dentro de los patrones existentes de crímenes de lesa humanidad, pero a una escala muy preocupante que amerita una respuesta internacional.

En este sentido, la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendría competencia para investigar a los autores de posibles detenciones, torturas, violencia de género y persecución cometidas en el contexto de las elecciones. Todas las autoridades responsables de estos crímenes, incluida la cadena de mando, pueden y deben ser juzgadas en tribunales imparciales e independientes, con plenas garantías de un juicio justo.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español o Inglés También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 27 de septiembre de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas detenidas por protestar (ellas y ellos)

Fotografía: Pixabay