En febrero de 2012, el juez de instrucción remitió a juicio a las cinco organizaciones internacionales, sin incluir al ACIJLP, pero no retiró los cargos formulados contra éste. En junio de 2013 se impusieron penas de entre uno y cinco años de prisión a 43 personas egipcias que trabajaban en las otras cinco ONG, todas ellas dictadas “in absentia” o suspendidas. En diciembre de 2018, todas estas personas fueron absueltas en un nuevo juicio, pero la investigación penal contra el ACIJLP quedó abierta

Las autoridades egipcias deben levantar de forma inmediata las prohibiciones de viajar dictadas contra los destacados abogados de derechos humanos Nasser Amin (h) y Hoda Abdelwahab (m) en relación con las investigaciones penales sobre la legitimidad del trabajo de derechos humanos realizado por las ONG. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El 20 de marzo de 2024, después de 13 años de investigación, las autoridades anunciaron el archivo de la Causa 173/2011, ampliamente conocida como la causa sobre “financiación extranjera”, que había supuesto la congelación de activos de al menos 7 organizaciones y 11 personas que trabajaban en ONG, así como la prohibición de viajar que afectaba al menos a 31 personas defensoras de los derechos humanos y trabajadoras de ONG. Ya se han levantado las prohibiciones de viaje impuestas a 29 de ellas, pero las que pesan sobre Nasser Amin y Hoda Abdelwahab, cofundadores de la ONG independiente Centro Árabe para la Independencia de la Judicatura y la Profesión Jurídica (ACIJLP), dictadas en 2016, siguen vigentes.

La decisión de archivar la Causa 173 se anunció tres días después de que la Unión Europea (UE) y Egipto declararan que elevaban su relación al nivel de asociación global y integral.

“Las autoridades egipcias afirman haber puesto fin a la farsa de la Causa 173 contra las ONG, pero a Nasser Amin y Hoda Abdelwahab se les sigue prohibiendo arbitrariamente viajar en relación con las investigaciones penales que afectan a las ONG. Estas prohibiciones arbitrarias de viajar deben levantarse de inmediato, junto con todas las demás impuestas a personas que trabajan en ONG y que han estado anteriormente detenidas en relación con otras causas de motivación política. Este paso, que tendría que haberse dado hace tiempo, debe ir acompañado de medidas genuinas que permitan a las organizaciones de la sociedad civil funcionar libremente y sin miedo a ser objeto de intimidación o enjuiciamiento ”, ha declarado Mahmoud Shalaby, investigador de Amnistía Internacional sobre Egipto.

“Las autoridades tampoco han proporcionado reparación a los defensores y defensoras de los derechos humanos por los daños sufridos tras años de hostigamiento judicial, campañas difamatorias, prohibiciones de viajar y congelaciones de activos.”

Las autoridades tampoco han proporcionado reparación a los defensores y defensoras de los derechos humanos por los daños sufridos tras años de hostigamiento judicial, campañas difamatorias, prohibiciones de viajar y congelaciones de activos.

Mahmoud Shalaby, investigador sobre Egipto

El ACIJLP fue una de las ONG investigadas en la causa sobre “financiación extranjera” a finales de 2011. La policía y la fiscalía registraron sus oficinas en diciembre de ese año y confiscaron los ordenadores y documentos que encontraron en las instalaciones. El 30 de enero de 2012, el juez de instrucción interrogó a Nasser Amin por los cargos de “fundar y dirigir una filial no autorizada de una ONG internacional y recibir fondos de entidades extranjeras sin permiso de las autoridades respectivas”. El juez ordenó la puesta en libertad de Nasser Amin en espera de las investigaciones.

En 2014, las autoridades comenzaron a investigar a otras ONG locales de la Causa 173 y dictaron prohibiciones de viajar y la congelación de activos contra al menos 31 importantes personas defensoras de los derechos humanos y que trabajan en ONG, medidas que en algunos casos se han mantenido durado seis años.

En 2015, el juez de instrucción de la Causa 173 remitió la investigación del ACIJLP a la Fiscalía, aduciendo que las investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional indicaban que su caso difería del de las ONG de la causa, sin especificar los motivos, según un escrito del juez que Amnistía Internacional examinó.

La fiscalía nunca interrogó a Nasser Amin ni a Hoda Abdelwahab, pero en 2016 prohibió a ambos viajar al extranjero sin aclararles los motivos de la prohibición.

En 2017, el ministerio público remitió el expediente de su causa a la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado (SSSP, por sus siglas en ingles), desde la cual tampoco citaron a ninguno de los dos para interrogarlos. El recurso de Nasser Amin y Hoda Abdelwahab de la apelación que presentaron en 2019 ante el tribunal de lo penal —junto con otras 12 personas defensoras de los derechos humanos sobre las que también pesaban prohibiciones de viaje en relación con esa causa— fue desestimado en 2020.

En marzo de 2024, el juez de instrucción anunció que retiraba los cargos penales formulados contra cinco importantes ONG egipcias —la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), la Red Árabe por Información de Derechos Humanos, la Organización Árabe por la Reforma Penal, el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos y el Centro Al Nadeem para la Rehabilitación de Víctimas de Violencia— que todavía estaban siendo investigadas en relación la Causa 173/2011, y levantó la prohibición de viajar al menos a siete personas que trabajaban en ONG. El juez declaró que eso significaba que daba por terminado el asunto, y se retiraban los cargos formulados contra las 85 ONG involucradas, por falta de pruebas.

Sin embargo, Nasser Amin afirma que el ACIJLP no recibió ningún aviso oficial sobre su situación jurídica tras el anuncio. Las investigaciones penales en su contra derivadas de la Causa 173 siguen pendientes ante la SSSP.

Las autoridades tampoco han anulado tras el archivo de la causa las congelaciones de activos impuestas a los reconocidos defensores de los derechos humanos Azza Soliman (m), Mostafa al Hassan (h) y Hossam Bahagat (h).

Nasser Amin contó a Amnistía Internacional que el 2 de abril de 2024 había presentado una denuncia ante la Fiscalía solicitando que se sacara al ACIJLP de la Causa 173 y se levantaran la prohibiciones de viajar dictadas contra él y Abdelwahab, pero por el momento no había recibido respuesta.

Información complementaria

El ACIJLP fue una de las primeras organizaciones señaladas junto con cinco ONG internacionales con sede en El Cairo en el marco de las investigaciones relacionadas con la Causa 173/2011.

En febrero de 2012, el juez de instrucción remitió a juicio a las cinco organizaciones internacionales, sin incluir al ACIJLP, pero no retiró los cargos formulados contra éste. En junio de 2013 se impusieron penas de entre uno y cinco años de prisión a 43 personas egipcias que trabajaban en las otras cinco ONG, todas ellas dictadas “in absentia” o suspendidas. En diciembre de 2018, todas estas personas fueron absueltas en un nuevo juicio, pero la investigación penal contra el ACIJLP quedó abierta.

Aparte de la Causa 173, las autoridades egipcias llevan tiempo utilizando las prohibiciones de viaje arbitrarias contra personas anteriormente detenidas por motivos políticos, como defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de ONG, abogados y abogadas de derechos humanos y personal académico de investigación.

La asociación estratégica entre Egipto y la Unión Europea anunciada en marzo de 2023 incluye 7.400 millones de euros que la UE ofrece Egipto en subvenciones y préstamos hasta el final de 2027 para ayudar a estabilizar la economía del país. Según la propia normativa de la UE, esa ayuda económica debe estar sujeta a condiciones previas, entre ellas el respeto de los derechos humanos. Amnistía Internacional y 15 organizaciones de derechos humanos egipcias e internacionales presentaron una guía de tres puntos a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE para que respeten el derecho internacional y europeo y garanticen que la ayuda macrofinanciera concedida a Egipto en virtud de la normativa europea dé lugar a avances y reformas concretos, cuantificables, estructurales y con plazos establecidos en materia de derechos humanos en el país.