En Venezuela, la comunidad LGBTIQ+ enfrenta grandes desafíos debido a la crisis económica y la represión política. El entorno socio-cultural conservador, influenciado por la iglesia católica y otros grupos religiosos, perpetúa la discriminación y el estigma. Esto se refleja en el rechazo y la exclusión social en la familia, la escuela y el trabajo. A nivel político, la falta de leyes que protejan los derechos LGBTIQ+ agrava la situación, ya que la Constitución no contempla protecciones específicas contra la discriminación ni reconoce el matrimonio igualitario, la adopción o el cambio de género legal. Estos factores impactan profundamente en la salud mental, el acceso a servicios básicos y la estabilidad económica de la comunidad. La falta de reconocimiento legal y protección perpetúa la desigualdad y vulnerabilidad, mientras que la represión política dificulta el activismo. A pesar de estos desafíos, organizaciones y activistas siguen luchando por un futuro más inclusivo y justo para las personas LGBTIQ+ en Venezuela.

En un país donde la crisis económica y la represión política dominan el panorama, la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela enfrenta una lucha constante por sus derechos y su dignidad. A pesar de los numerosos desafíos, valientes activistas y organizaciones trabajan incansablemente para construir un futuro más inclusivo y justo.

Es importante puntualizar primero que el entorno socio-cultural y político al que se enfrenta una persona LGBTIQ+ en Venezuela es complejo y desafiante. A nivel socio-cultural, Venezuela es un país con profundas raíces conservadoras y religiosas, lo que influye en la percepción y aceptación de la diversidad sexual. La iglesia católica y otros grupos religiosos tienen una presencia significativa en la vida cotidiana y a menudo promueven valores tradicionales que refuerzan el estigma y la discriminación hacia las personas LGBTIQ+. Esta situación se refleja en la familia, la escuela y el lugar de trabajo, donde las personas LGBTIQ+ pueden enfrentar rechazo, acoso y exclusión social. Además, la falta de educación y sensibilización sobre temas de diversidad sexual agrava la ignorancia y los prejuicios, creando un ambiente hostil para esta comunidad.

En el ámbito político, la situación no es menos complicada. Aunque la Constitución de Venezuela garantiza ciertos derechos humanos, no existen leyes específicas que protejan a las personas LGBTIQ+ contra la discriminación ni que reconozcan sus derechos en áreas como el matrimonio igualitario, la adopción o el cambio de género legal. La crisis política y económica del país exacerba estas dificultades, ya que las prioridades gubernamentales están centradas en otros asuntos y los derechos LGBTIQ+ no suelen estar en la agenda política. Además, los activistas LGBTIQ+ a menudo enfrentan represión y censura, y sus actividades pueden ser vistas como amenazas al orden público, lo que limita aún más su capacidad para promover cambios significativos y proteger a su comunidad.

Estos factores socio-culturales y políticos tienen un impacto profundo y multifacético en la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, afectando su bienestar físico, emocional y social. Aquí algunos de los principales efectos:

Discriminación y estigma

El fuerte conservadurismo cultural y la influencia de la religión refuerzan la discriminación y el estigma contra las personas LGBTIQ+. Esto se traduce en un entorno cotidiano lleno de prejuicios, donde estas personas son frecuentemente objeto de burla, exclusión social y acoso. Esta discriminación puede comenzar en el núcleo familiar y extenderse a otros espacios como la escuela, el trabajo, comunidad donde habita, instituciones públicas y privadas, dificultando el desarrollo personal y profesional de estas personas.

Salud mental y bienestar

El rechazo social y la falta de aceptación tienen un impacto significativo en la salud mental de las personas LGBTIQ+. La constante exposición a situaciones de discriminación, violencia y exclusión puede llevar a altos niveles de estrés, ansiedad y depresión. Además, la falta de apoyo y comprensión dentro del entorno familiar y social incrementa el riesgo de aislamiento, lo que agrava aún más estos problemas de salud mental. Y pueden conducir al individuo o grupo inclusive a atentar contra su propia vida.

Acceso a servicios básicos y salud

La discriminación y el estigma también afectan el acceso a servicios básicos y de salud. Las personas LGBTIQ+, especialmente las personas trans, enfrentan barreras significativas al buscar atención médica adecuada y respetuosa. La escasez de medicamentos y la falta de capacitación del personal de salud sobre temas LGBTIQ+ pueden resultar en una atención deficiente. Además, la discriminación laboral limita las oportunidades de empleo, afectando la estabilidad económica y el acceso a recursos esenciales. Por ejemplo, en clínicas, laboratorios y hospitales públicos las personas LGBTIQ+ son estigmatizadas con la presunción a priori como portadores de Enfermedades de Transmisión Sexual, y que, por ende, no pueden donar sangre, ni siquiera sin haber hecho estudios previos que evalúen la condición del donante, o den indicios de alguna afección médica que padezca en el momento.

Derechos legales y protección

La falta de reconocimiento legal y protección específica en la legislación venezolana deja a las personas LGBTIQ+ en una situación de vulnerabilidad constante. La ausencia de leyes que reconozcan el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y el cambio de género legal, entre otros derechos, perpetúa la desigualdad y la discriminación estructural. Sin protección legal, las personas LGBTIQ+ tienen menos recursos para defenderse contra la discriminación y la violencia.

Por ejemplo, la posibilidad de cambiar de identidad por autopercepción en el caso de las personas trans no es posible, lo que las enfrenta día a día a dificultades que no solo afectan el respeto como personas, sino también el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Sin una identidad legal que refleje su identidad de género, las personas trans enfrentan barreras significativas en el acceso a servicios básicos, educación, empleo y atención médica adecuada.

Además, la obsolescencia del código civil impide la unión de hecho o el matrimonio de las personas LGBTIQ+, lo que tiene repercusiones negativas en el reconocimiento y derechos de aquellas personas que tienen una relación sentimental y han construido una convivencia estable. Esta falta de reconocimiento legal afecta aspectos tangenciales como la propiedad de bienes muebles e inmuebles, la herencia y los derechos de sucesión, dejando a las parejas LGBTIQ+ en una situación de vulnerabilidad jurídica y económica. La ausencia de protección legal adecuada perpetúa la desigualdad y la discriminación estructural, limitando la capacidad de estas personas para vivir plenamente y con dignidad.

Emigración y desarraigo

Debido a la combinación de discriminación, falta de oportunidades y represión política y las limitaciones en el acceso a la salud, muchas personas LGBTIQ+ optan por emigrar en busca de un entorno más seguro y respetuoso de sus derechos. A costas de un sentimiento de duelo migratorio y desarraigo y, muchas veces, hasta de frustración por enfrentarse a nuevas realidades que son propias del destino y que muchas veces no se está preparado por la misma situación de agobio que padece en el origen, generando nuevas dinámicas y desafíos en los países de acogida.

Represión y activismo

El entorno político represivo en Venezuela también impacta negativamente en la capacidad de la comunidad LGBTIQ+ para organizarse y luchar por sus derechos. Los activistas enfrentan riesgos significativos, incluyendo acoso, amenazas de detenciones y violencia. La censura y la falta de espacios seguros para la expresión limitan la visibilidad y la efectividad del activismo, dificultando la creación de un movimiento fuerte y cohesionado que pueda presionar por cambios legales y sociales.

El trabajo de organizaciones de la diversidad

Como lo señalamos anteriormente, el entorno socio político en Venezuela es desafiante para la comunidad LGBTIQ+, pero aún más para las organizaciones de derechos humanos, pues el gobierno ha venido cerrando el espacio cívico de manera progresiva al punto que hoy día hay proyectos legislativos que amenazan con someter el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil limitando en ultima instancia la denuncia de las víctimas, el reconocimiento de su causa y su necesario reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación.

No obstante, en Venezuela hay organizaciones que se dedican al trabajo en la promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, que a pesar del contexto hostil y estigmatizante, han hecho incidencia ante instituciones públicas para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, creación de espacios seguros y la cohesión en para la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos, como por ejemplo lo fue en el caso de 33 hombres miembros de la comunidad que fueron detenidos en julio de 2023, caso en el cual, las acciones del movimiento LGBTIQ+ incluidas las organizaciones de derechos humanos hizo la incidencia necesaria para su liberación. Por otra parte, organizaciones han creado programas de atención psicológica, programas de generación de capacidades económicas, campañas de sensibilización y la formación de funcionarios públicos para reducir la estigmatización de las personas LGBTIQ+.

No obstante, si bien estas organizaciones sirven muchas veces de refugio, o lugar seguro tanto para activistas como para el resto de las personas, hay que tener conciencia que es necesario un nivel financiero que muchas veces exacerba las capacidades de estos entes y se desborda la demanda por la fala de programas sociales y de protección que requieren las personas LGBTI+.

Urge que las instituciones del Estado reconozcan los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ pues, a fin de cuentas, todos somos ciudadanos que convivimos, interactuamos y nos relacionamos como venezolanos que somos.