En junio y julio de 2022, la fiscalía de Columbia Británica decidió interponer cargos de desacato contra 20 personas defensoras de la tierra por presuntamente desobedecer la orden judicial que les impedía acercarse a las obras del gasoducto. Siete de ellas se declararon culpables por las restrictivas condiciones de la libertad bajo fianza, así como porque el proceso penal las estaba afectando desde el punto de vista económico, psicológico y familiar. En el caso de otras cinco, se retiraron los cargos que pesaban en su contra

Una delegación de representantes de Amnistía Internacional de Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá asistirá a los juicios de los defensores y defensoras de la tierra criminalizados de la nación Wet’suwet’en en Smithers, Columbia Británica, la semana del 17 de junio. La delegación hará acto de presencia para observar el procedimiento judicial penal y mostrar solidaridad con Sleydo’ Molly Wickham (Wet’suwet’en), Shaylynn Sampson (Gitxsan) y Corey Jayohcee Jocko (Mohawk), personas defensoras criminalizadas.

El 11 de diciembre de 2023, Amnistía Internacional publicó el informe“Expulsados de nuestra tierra por defenderla”:Criminalización, intimidación y hostigamiento de los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en. En él se examinan las violaciones de derechos humanos infligidas a miembros y simpatizantes de la nación Wet’suwet’en por parte de las autoridades de Canadá y de Columbia Británica; CGL Pipeline Ltd. y TC Energy, empresas que construyen un gasoducto que atraviesa el territorio Wet’suwet’en; y Forsythe Security, empresa de seguridad privada contratada por CGL Pipeline Ltd.

Basándose en parte en declaraciones de testigos de cuatro redadas en gran escala realizadas por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) en el territorio Wet’suwet’en que se caracterizaron por el uso ilegítimo de la fuerza, el informe concluye que se detuvo arbitrariamente a defensores y defensoras de la tierra Wet’suwet’en y simpatizantes suyos por defender pacíficamente la tierra que les pertenece frente a la construcción del gasoducto y ejercer los derechos de los pueblos indígenas y su derecho de reunión pacífica. 

Na’Moks, jefe hereditario de la nación Wet’suwet’en, dijo: “El gobierno canadiense debe prestar mucha atención al hecho de que una delegación de Amnistía Internacional vaya a desplazarse a Columbia Británica para asistir a estos juicios en los que se procesa a los pueblos indígenas simplemente por proteger el aire limpio, la tierra limpia y nuestro derecho a la libertad”.

El gobierno canadiense debe prestar mucha atención al hecho de que una delegación de Amnistía Internacional vaya a desplazarse a Columbia Británica para asistir a estos juicios en los que se procesa a los pueblos indígenas simplemente por proteger el aire limpio, la tierra limpia y nuestro derecho a la libertad.

Na’Moks, jefe hereditario de la nación Wet’suwet’en.

“El mundo tiene la mirada puesta en estos juicios”, añadió el jefe Na’Moks. “De respetarse la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), se deberían retirar de inmediato todos los cargos. No es ilegal proteger el bien común.”

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha emitido la siguiente declaración: “El hecho de que la mayor organización de derechos humanos del mundo haya iniciado una campaña global para detener la criminalización de los defensores indígenas de la tierra y el agua de la nación Wet’suwet’en es ya tremendamente elocuente. Es lamentable que, en lugar de proteger los derechos de estas personas defensoras, las autoridades de Columbia Británica hayan decidido procesarlas. Algunas de ellas se enfrentan incluso a posibles condenas de prisión. Canadá forma parte de la tristemente larga lista de países de las Américas en los que los defensores y defensoras de la tierra siguen en peligro por llevar a cabo una labor de defensa que es esencial”.

Es lamentable que, en lugar de proteger los derechos de estas personas defensoras, las autoridades de Columbia Británica hayan decidido procesarlas. Algunas de ellas se enfrentan incluso a posibles condenas de prisión. Canadá forma parte de la tristemente larga lista de países de las Américas en los que los defensores y defensoras de la tierra siguen en peligro por llevar a cabo una labor
de defensa que es esencial.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá (habla inglesa), afirmó: “El equipo de observación de Amnistía Internacional ha viajado desde Europa y las Américas para acudir a estos procesos penales, y su presencia refleja nuestra alarma ante las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en el territorio Wet’suwet’en. El mundo será testigo de la valentía de los defensores y defensoras indígenas de la tierra que se ponen en riesgo no solo para proteger su territorio y sus derechos, sino también para garantizar un medioambiente saludable para todas las personas. Seguimos instando a Canadá a dar prioridad a los derechos de las naciones indígenas y su lucha para mitigar el cambio climático”.

El mundo será testigo de la valentía de los defensores y defensoras indígenas de la tierra que se ponen en riesgo no solo para proteger su territorio y sus derechos, sino también para garantizar un medioambiente saludable para todas las personas. Seguimos instando a Canadá a dar prioridad a los derechos de las naciones indígenas y su lucha para mitigar el cambio climático.

Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá (habla inglesa).

France-Isabelle Langlois, directora general de Amnistía Internacional Canadá (habla francesa), añadió: “La preocupación que suscita en la esfera internacional el proceso penal iniciado contra la nación Wet’suwet’en y otros defensores y defensoras de la tierra debería hacer saltar las alarmas de los gobiernos de Canadá y Columbia Británica. Pedimos a ambos gobiernos que detengan de inmediato la criminalización de las personas defensoras de la tierra que han sido arrestadas en el contexto de vigilancia intrusiva y agresiva, hostigamiento e intimidación por parte de la Real Policía Montada de Canadá y la empresa de seguridad privada Forsythe Security”.

Pedimos a ambos gobiernos que detengan de inmediato la criminalización de las personas defensoras de la tierra que han sido arrestadas en el contexto de vigilancia intrusiva y agresiva, hostigamiento e intimidación por parte de la Real Policía Montada de Canadá y la empresa de seguridad
privada Forsythe Security.

France-Isabelle Langlois, directora general de Amnistía Internacional Canadá (habla francesa).

Información complementaria

En junio y julio de 2022, la fiscalía de Columbia Británica decidió interponer cargos de desacato contra 20 personas defensoras de la tierra por presuntamente desobedecer la orden judicial que les impedía acercarse a las obras del gasoducto. Siete de ellas se declararon culpables por las restrictivas condiciones de la libertad bajo fianza, así como porque el proceso penal las estaba afectando desde el punto de vista económico, psicológico y familiar. En el caso de otras cinco, se retiraron los cargos que pesaban en su contra.

En 2023 y 2024 se enjuició a varios defensores y defensores de la tierra. En noviembre de 2023, la defensora de la tierra Sabina Dennis fue declarada inocente de desacato. En enero de 2024, las defensoras Sleydo’ (Molly Wickham) y Shaylynn Sampson y el defensor Corey (Jayochee) Jocko fueron declarados culpables de desacato penal. Sin embargo, los tres presentaron demandas por abuso procesal alegando que la Real Policía Montada había violado sus derechos humanos durante los arrestos y las detenciones. El Tribunal Supremo de Columbia Británica reanudará las vistas de sus demandas el 17 de junio de 2024.

En febrero, Dtsa’hyl, jefe de rama del clan Likhts’amisyu, fue declarado culpable de desacato penal por infringir los términos de la orden judicial, y su condena se dictará en julio de 2024. La fiscalía solicita una pena de prisión.  

Oros cinco defensores y defensoras de la tierra Wet’suwet’en que fueron detenidos en marzo de 2023 y acusados de desacato penal por violar supuestamente lo estipulado en la orden judicial están a la espera de conocer las fechas de sus juicios.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con press@amnesty.org