El 30 de abril, la Cámara de Diputados dio su aprobación preliminar al proyecto de ley sobre “Ley de Bases” que, entre varias reformas económicas y fiscales, introduce cambios en el sistema de pensiones argentino. El proyecto de ley se está debatiendo ahora en el Senado. Si se aprueba, se convertirá en ley

Antes del 25 de mayo, el Senado debatirá un proyecto de ley que pretende eliminar las moratorias previsionales (relativas a la jubilación). De ser aprobada, esta medida afectará directamente a los derechos de las personas de edad avanzada, especialmente las mujeres y las personas que realizan trabajos informales. Pedimos que se lleve a cabo un escrutinio sustancial basado en los derechos humanos y que se rechace toda alternativa que dañe el acceso igualitario a las pensiones y una vida digna para las personas mayores.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

H. Senado de la Nación Argentina

                                                                          Hipólito Yrigoyen 1849, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Honorables Miembros del Senado:

Me dirijo a ustedes para expresar mi honda preocupación por el proyecto de ley sobre “Ley de Bases” que pretende eliminar la “moratoria previsional”, ya que esta medida podría afectar seriamente al acceso a las pensiones de millones de personas en Argentina. De ser aprobado, el 90% de las mujeres y el 70% de los hombres no se jubilarán a los 60 o 65 años de edad, y tendrán que optar por alternativas que no cubren el coste de las necesidades básicas.

Según datos oficiales, 8 de cada 10 personas que se registraron para jubilarse en 2023 obtuvieron pensión gracias a la moratoria. El sistema de moratoria aplicado a las pensiones permite que las personas que no hayan contribuido durante su vida o no hayan completado los 30 años requeridos por ley accedan al 100% de la jubilación con una deducción mensual de la cantidad que adeudan al sistema de pensiones.

Este programa es fundamental teniendo en cuenta que la tasa de trabajo informal es superior al 47%. Las personas que trabajan en educación o construcción y las mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado, entre otras, se verán seriamente afectadas, ya que no han recibido aportes (contribuciones) de empleadores a la Seguridad Social durante su vida laboral.

Incluso en tiempos de crisis económicas y en virtud de las normas internacionales, los Estados deben demostrar que han hecho todos los esfuerzos para utilizar todos los recursos de que disponen para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo cual incluye realizar evaluaciones exhaustivas para garantizar que las políticas públicas adoptadas no son regresivas y no tienen un efecto desproporcionado en los grupos más vulnerables. Además, los Estados deben adoptar medidas deliberadas y específicas para proteger los derechos de las personas que sufren discriminación y marginación, incluidas las personas mayores.

Por tanto, les insto a desistir de eliminar las moratorias previsionales debido al riesgo que esta medida representa para garantizar el derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para las personas de edad avanzada, y les insto a garantizar que toda reforma de las pensiones cumpla las obligaciones internacionales contraídas por Argentina sobre este tema.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

El 30 de abril, la Cámara de Diputados dio su aprobación preliminar al proyecto de ley sobre “Ley de Bases” que, entre varias reformas económicas y fiscales, introduce cambios en el sistema de pensiones argentino. El proyecto de ley se está debatiendo ahora en el Senado. Si se aprueba, se convertirá en ley.

Este proyecto de ley dispone: i) la abolición de la moratoria previsional y ii) la incorporación de una nueva figura, la Prestación de Retiro Proporcional para quienes tengan 65 años pero no cumplan el requisito de 30 años de aportes para tener acceso a la pensión mínima de jubilación. De ser aprobado, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no podrán jubilarse a los 60 o 65 años de edad, y tendrán que optar por alternativas que no cubren el coste de las necesidades básicas. Esta modificación también tendrá un efecto significativo en el acceso a la pensión de jubilación para miles de personas. Según datos oficiales, 8 de cada 10 personas que se registraron para jubilarse en 2023 lo hicieron mediante un plan de moratoria.

Las moratorias previsionales son políticas públicas para garantizar en acceso a la jubilación a las personas que no tienen 30 años de aportes. Su objetivo es reparar situaciones de desigualdad causadas por el trabajo informal en un país en el que más del 47% del mercado laboral se lleva a cabo sin aportes ni registros. Las moratorias permiten que una persona que no ha podido contribuir durante su vida acceda a una pensión al tiempo que paga para cubrir la laguna de sus aportes.

Si se elimina la moratoria previsional, quienes no cumplan los requisitos para la jubilación sólo tendrán acceso a la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), que consiste en el 80% de la pensión mínima de jubilación. En marzo, la PUAM se estableció en 107,000 pesos/107 dólares estadounidenses, y la pensión mínima de jubilación en 134,000 pesos (134 dólares), cantidades que distan de alcanzar los ingresos necesarios para evitar la pobreza, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) son de 250,000 pesos/250 dólares. Quienes reciben la pensión mínima de jubilación están bastante por debajo del umbral de pobreza. El proyecto de ley propone que la mayoría de las personas que se jubilen en el futuro, tanto hombres como mujeres, reciban aún menos.

Aunque la ley afectará a todas las personas que no tienen aportes suficientes a causa de la realización de trabajos informales o de sus trayectorias personales específicas, tendrá un efecto desproporcionado en las mujeres, pues ellas realizan una tasa mayor de trabajos informales que los hombres. Según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, en 2022 casi 4 de cada 10 mujeres trabajaron en el sector informal en actividades relacionadas con el cuidado (trabajo doméstico, servicios sociales y de salud).

Esta desigualdad histórica se puede observar en el acceso a la jubilación: según datos oficiales, sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilación (entre 55 y 59 años) tienen más de 20 años de aportes. En la misma línea, cuando se promulgó la actual moratoria de la seguridad social, el 90% de las mujeres que iniciaban el procedimiento para acceder a una pensión de jubilación informaban de que durante muchos años habían realizado trabajo de cuidados no remunerado ni registrado.

Además, Argentina lleva varios años enfrentándose a una crisis económica y social. Los cambios propuestos en las pensiones tienen lugar en un contexto en el que Argentina ha pedido dinero prestado al FMI, mediante el préstamo más grande jamás concedido por la institución financiera internacional. El FMI ha incluido entre las condiciones para Argentina que el país tenga “déficit cero”. Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, este objetivo se ha reflejado en la adopción de un fuerte ajuste fiscal y medidas de austeridad. En su último informe sobre el país, el FMI ha señalado el coste adicional de la moratoria previsional para el PIB, al tiempo que ha pedido la protección de la población más vulnerable.

La reducción de las pensiones fue uno de los elementos principales del ajuste fiscal llevado a cabo por el actual gobierno. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional durante los dos primeros meses de 2024 (3.869.000 millones de pesos argentinos) fue de un 43% (1.682.000 millones de pesos), explicada por la reducción del gasto en pensiones y jubilación, que fue del 33% en comparación con los dos primeros meses de 2023.

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