Viernes, 17 de mayo, 2024
Hernández, Daniel
En 2023 murieron 5 personas LGBTIQ+ en Delta Amacuro, Zulia, Distrito Capital, Yaracuy y Aragua, es decir, una persona en cada estado, respectivamente. Del total de casos registrados fueron afectadas 394 personas. Además de la ciudad capital, Miranda, Carabobo y Bolívar lideran la lista de regiones con mayor cantidad de casos. Este panorama de violencia y discriminación impide que las personas de esta población vivan una vida digna o en condiciones de igualdad
La violencia y la discriminación continúa siendo un problema latente para las personas LGBTIQ+ en Venezuela, una situación que les impide vivir de manera digna y en condiciones de igualdad. El Observatorio Venezolano de Violencias (OVV LGBTIQ+) documentó al menos 461 casos de violencia hacia personas LGBTIQ+ en 2023, donde resultaron afectadas 394 personas, según el informe anual Voces contra el prejuicio, publicado el 17 de mayo de 2024 en el marco del Día Internacional contra la LGBTIQfobia.
La violencia LGBTIQfóbica ha cobrado vidas. En 2023 murieron 5 personas LGBTIQ+: una mujer trans pemona de 34 años de edad en Delta Amacuro quien fue asesinada a golpes en una vía pública; una mujer trans wayúu de 38 años de edad que también fue asesinada de la misma manera en Zulia. En Distrito Capital una mujer trans de 45 años de edad fue asesinada de al menos 40 puñaladas en su hogar. En Yaracuy un hombre de 50 años de edad fue asesinado a puñaladas en la entrada de su residencia. Y el último asesinato registrado el año pasado ocurrió en Aragua, donde una mujer trans de 27 años de edad murió luego de recibir un impacto de bala mientras transitaba la vía pública.
El OVV LGBTIQ+ no descarta que hayan ocurrido más casos, sin embargo, existen factores que imposibilitan que estos hechos lleguen a documentarse adecuadamente, como por ejemplo la falta de sensibilización de periodistas y medios de comunicación para respetar las identidades o porque no se denuncia el hecho, entre otros. Ante esto, se invita a las personas LGBTIQ+ a denunciar ante las autoridades o las organizaciones de la sociedad civil porque esas acciones colaboran a documentar y visibilizar las realidades de las personas LGBTIQ+ y a dignificar sus vidas. La impunidad no debe ser la norma, tampoco el silencio.
“El Estado venezolano ha estado implementando una política de homofobia y transfobia de Estado que se da a través de acciones directas y violatorias de derechos humanos así como a través de la omisión en su deber de garantizar y proteger dichos derechos. El papel del Estado de cara a los casos de violencia y discriminación o en general de las exigencias LGBTIQ es de indiferencia ante la situación que estamos padeciendo a diario. Esto se deja ver cuando hablamos 138 asesinatos de personas trans que han ocurrido en los últimos 16 años y no hay información pública sobre proceso de justicia y reparación, pero además, son inexistentes las medidas de reparación ante estos hechos fatales”, señaló Yendri Velásquez, activista por los derechos humanos y coordinador del OVV LGBTIQ+.
Cifras que exponen la realidad de las personas LGBTIQ+ en Venezuela
De los 461 casos registrados de violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+ en Venezuela en 2023, más de la mitad fueron discursos discriminatorios, con 235 casos (50,98 %), seguido de los incidentes discriminatorios, con 160 casos (34,71 %), así como los delitos basados en prejuicios por orientación sexual, identidad, expresión de género o diversidad corporal, con 50 casos (10,83 %). La violencia intragénero, con 8 casos (1,74 %); la violencia extrema, con 4 casos (0,87 %); la violencia autoinflingida o suicidios, con 3 casos (0,65 %) y las desapariciones, con un caso (0,22 %) completan el listado de violencias más comunes hacia esta población.
La mayoría de los ataques ocurrieron hacia colectividades, con 227 casos (49,24 %), y también ataques directos hacia individualidades, con 226 casos (49,02 %), mientras que 8 de los casos (1,74 %) fueron mixtos. Igualmente, gran parte de los casos estuvieron dirigidos a personas LGBTIQ+ en general, solo por formar parte de esta población, con 212 casos (45,99 %); también por su identidad de género, con 101 casos (21,91 %) y su orientación sexual, con 98 casos (21,26 %). Las identidades más afectadas durante 2023 fueron los hombres cis, con 167 casos (42,39 %), así como las mujeres trans, con 59 casos (14,97 %). Las redes sociales fueron el espacio donde se materializaron con mayor frecuencia los casos de violencia y discrimianción hacia personas LGBTIQ+ el año pasado, con 181 casos (39,26 %).
“Una de las poblaciones más afectadas a través de los discursos discriminatorios es la poblaciones trans, que además, es una de las poblaciones más vulnerables dentro de la población LGBTIQ+. Para atender esto los funcionarios del Estado deben detener sus narrativas discriminatorias y prejuiciosas en contra de las personas LGBTIQ+, pero que además deben implementar medidas desde el Ejecutivo, como campañas de prevención y alerta para evitar la promoción del odio en contra de las personas LGBTIQ+”, explicó Yendri.
Distrito Capital, con 85 casos (18,44 %); Miranda, con 56 casos (12,15 %); Carabobo, con 16 casos (3,47 %); Bolívar con 14 casos (3,04 %) y Zulia con 13 casos (2,82 %) fueron las entidades con mayor cantidad de casos registrados, no obstante, el OVV LGBTIQ+ registró al menos un caso en todas las entidades del país. La mayoría de casos ocurrieron en temporadas donde se conmemoran festividades propias de la población LGBTIQ+, como el mes del Orgullo LGBTIQ+. La marcha del Orgullo LGBTIQ+ fue el 2 de julio en el país. Los meses con mayor cantidad de casos reportados fueron julio (87 casos), junio (57 casos) y agosto (55 casos).
“En los estados se ha aplicado la política de homofobia y transfobia por parte del Estado y esto se refleja claramente en casos como el de las 33 personas de la comunidad LGBTIQ+ detenidas durante un procedimiento policial arbitrario en un local privado en Valencia, estado Carabobo, o la detención arbitraria de la activista Zikiu Rivas quien es una mujer trans, activista y líder comunitaria en el estado Anzoátegui quien fue detenida por exigir el derecho agua”, subrayó Prissila Solórzano, activista y parte del equipo del OVV LGBTIQ+.
Personas de influencia o en situación de poder y miembros del Estado entre los agresores documentados
El OVV LGBTIQ+ documentó al menos 573 agresores, en su mayoría hombres o mujeres cis. Casi la mitad eran personas de influencia o en situación de poder (212 casos, un 45,99 %), civiles (98 casos, un 21,26 %) y funcionarios del Estado (59 casos, un 12,80 %). El poder de algunas personas facilita que se materialicen distintas formas de violencia y discriminación. Eso se ve reflejado claramente en los casos de discursos discriminatorios. Algunos fueron realizados por personas o movimientos abiertamente antiderechos, como Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas IFEDEC (41 casos); el movimiento Por la familia Venezolana (36 casos); Pablo Aure, secretario general de la Universidad de Carabobo (29 casos); el fiscal general de la República (4 casos) y el presidente de la República (2 caos).
“El aumento de los discursos discriminatorios basados en prejuicios por parte de funcionarios del Estado se da en el contexto de una alianza con grupos evangélicos, enmarcados en el momento electoral que estamos viviendo actualmente. Debido a esa alianza estimamos que estos discursos aumenten su intensidad y nivel de agresividad en contra de las personas LGBTIQ+”, añadió Velásquez.
Y es que los espacios públicos y privados se han vuelto hostiles para las personas LGBTIQ+. Los incidentes discriminatorios reportados dejan ver que el patrón de incidentes discriminatorios hacia personas LGBTIQ+ incluyen humillar, gritar, descalificar o ridiculizar (90 casos), negar la permanencia en un espacio (54 casos), irrespetar las identidades de género (37 casos), así como intimidar o amenazar (26 casos). Dentro de los delitos registrados en 2023 de personas LGBTIQ+, además de los 5 asesinatos, se documentaron 3 intentos de homicidios, 20 agresiones físicas, 10 extorsiones, 4 casos de acoso y/o abuso sexual y 3 amenazas de muerte. Estos hechos se concretaron, en gran medida, en espacios comerciales y de disfrute en 35 casos (21,88 %); espacios públicos al aire libre en 25 casos (15,63%), en el hogar o el ámbito familiar con 20 casos (12,50 %) y en el ámbito laboral en 13 casos (8,12 %).
Gracias a la Unidad de Atención Psicolegal del OVV LGBTIQ+, se logró atender 49 casos que solicitaron asesoría y acompañamiento en la interposición de denuncias o trámites judiciales y administrativos. En los procesos se logró redactar 29 escritos: 13 fueron dirigidos al Ministerio Público, 6 a la Defensoría del Pueblo, 2 a la Inspectoría del Trabajo y 8 a distintas instancias internacionales.
“La violencia y discriminación son los principales obstáculos que vivimos las personas LGBTIQ+ para acceder a nuestros derechos, gozar y disfrutarlos. Vivir en un contexto sin Estado de derecho, con ausencia de democracia y en medio de una emergencia humanitaria compleja profundiza todos los obstáculos que podamos estar viviendo y hace más complicado que podamos romper los ciclos de pobreza, pero también romper otros ciclos de discriminación y violencia que enfrentamos en los espacios más íntimos, como en nuestros hogares o en la vía pública, colegios, universidades o espacios laborales, etc”, expresó Velásquez.
El impacto de la violencia en las personas LGBTIQ+ y la importancia de sumar esfuerzos para avanzar
Al igual que en el informe semestral Voces contra el prejuicio de enero a junio de 2023, las personas LGBTIQ+ afectadas por los hechos de discriminación y violencia indicaron sentir miedo, estrés, ansiedad, conmoción psíquica, así como sentimientos de culpa, inhutilidad e impotencia. Gracias a la atención psicológica brindada por el OVV LGBTIQ+ parte de las personas de esta población ha podido transitar el impacto psicológico que generan estos hechos. A ello se le suman las iniciativas como los grupos de apoyo presenciales en Caracas y regionales, así como los virtuales realizados en 2023, que buscaron crear un espacio donde las personas puedan contar sus historias, visibilizar sus realidades y conectar con otros para crear redes de apoyo ante el contexto violento.
“La personas LGBTIQ+ debemos alzar más la voz ante cada hecho de discriminación y violencia cada vez que seamos víctimas de hechos como estos hay que denunciar, reportar y acudir a las instituciones porque, aunque entendemos que se vive un proceso de revictimización, es importante transitar los caminos institucionales porque eso muestra otra forma de violencia, la institucional, al no garantizar el acceso a la justicia”, añadió Yendri Velásquez.
El contecto de impunidad, violencia y discriminación, así como las inacciones del Estado mantienen a Venezuela rezagada en América en materia de derechos humanos para la población LGBTIQ+. Pese a los intentos para que se creen políticas públicas y leyes, estas iniciativas han sido frenadas por grupos antiderechos dentro del Estado. Por ejemplo, durante 2023 se discutió un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación en la Asamblea Nacional, no obstante, el proceso no avanzó luego de la etapa de discusión pública. También se buscó que se hiciera efectivo el cambio de nombre con base al artículo 146 de la Ley de Registro Civil, que contempla el cambio de nombre para personas trans, pero no se publicó en Gaceta Oficial el instructivo para facilitar el acceso a este derecho.
“Esta ausencia de iniciativas y políticas públicas trae como consecuencia discriminación y estigmatización, dando como resultado violencia verbal y física. Hemos visto cómo personas en situación de influencia de poder han venido emitiendo discursos discriminatorios a través de las redes sociales y otros espacios. Las personas trans, de género no binario e intersex venezolanas seguimos siendo vulnerades e invisibilizades siendo la demostración más clara de la política de transfobia del Estado que se ejecuta en Venezuela, una política que se ejecuta a través de la acción y la omisión”, destacó Solórzano.
Además, la discriminación, el estigma y la violencia limitan a las personas LGBTIQ+ de vivir una vida plena, traduciéndose a un menor nivel educativo, menor atención a la salud, la vivienda y el trabajo. Bajo el panorama de discriminación y violencia, las personas LGBTIQ+ continúan alzando su voz contra la violencia y el prejuicio, sin perder la esperanza que en algún momento sus exigencias históricas sean escuchadas y que, al igual que en otros países de la región, finalmente sea real el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y transfilial, una ley de identidad de género, así como otras políticas públicas e iniciativas sociales y legislativas orientadas a mejorar sus vidas.
Pero la población LGBTIQ+ no puede sola. Para la activista Prissila Solórzano, todos los sectores de la sociedad civil juegan un papel importante para prevenir y atender los casos de violencia y discriminación, pero sobre todo para lograr cambios estructurales y lograr la igualdad de derechos. Para ella deben realizarse campañas informativas, formaciones en comunidades, capacitaciones en donde se eduque a la población sobre la diversidad y la empatía. Invita a los medios de comunicación a formarse y educarse en materias de derechos LGBTIQ+ para que la información que reciban las audiencias no llegue sesgada y tampoco se reproduzca desinformación sobre la población LGBTIQ+.
“El resto de la ciudadanía debe cuestionarse lo que nos han enseñado hasta hoy en día, estas normas basadas en el género binario, que nos enseñan a discriminar y a generar violencia en contra de otra persona que se perciba como diferente ante la norma, los estereotipos o lo que uno espera de ser hombre, ser mujer o en general del ser humano. Debemos poner más en ejercicio la posibilidad humana de la empatía, pero que el Estado se apegue a sus funciones, las garantías de derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Para eso es importante la recuperación del Estado de derecho y el sistema democrático”, concluyó Velásquez.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia y servicios de atención psicolegal para atender cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).