Lunes, 25 de marzo, 2024
Hernández, Daniel
Cerca del 70% de la población venezolana sufre severas restricciones del servicio de aguas. El sur del país está siendo devastado por la minería, y de ahí proviene 80% del agua superficial
Amnistía internacional Venezuela realizó el webinar “Sin agua: el derecho humano al agua, avances y retos para Venezuela”, en el que participaron María Eugenia Gil, periodista y presidenta de la fundación Agua Clara Nizar Richani, ingeniero y abogado; y a Mildred Rojas, activista y miembro de la red del agua de Amnistía Internacional.
Mira el webinar completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=EwaCUa8O_uA
Gil inició abordando temas relacionados a la calidad y disponibilidad del agua potable en el país, comentó que pese a que Venezuela es “rica en recursos hídricos” eso no garantiza el acceso para sus habitantes .Para respaldar esta información utilizó un informe de Hum Venezuela en el que se detalla que aproximadamente 25 millones de personas que hay en el país, 19,9 millones sufren restricciones severas de acceso al agua.
Asimismo destaca que 6,8 millones de personas no están conectadas al sistema de acueductos, lo que representa 23,6% de la población total. A raíz de esta situación, comenta que 9,6 millones de personas disminuyeron la ingesta de líquidos. Enfatizó con suma preocupación que esto es “atentar contra la vida” ya que hablar de acceso al agua potable es referirse también a la vida y dignidad.
En esta misma línea, agregó que 77,6% de los hospitales no tuvieron agua ni electricidad de forma regular o continua y 80,9% de los colegios no tuvieron agua durante 2023, lo que conlleva a un desmejoramiento de las infraestructuras de 90%
80% del agua que consumimos proviene de los parques nacionales, a lo que Gil acota que INPARQUES está “prácticamente desmantelado” y que se le está dando un uso diferente a lo que indica la normativa. A esto se suma que la dirección de cuencas y el Ministerio del Ambiente ya no existen, por lo que se desecharon todos los planes en contra de la desertificación que se habían planeado.
Gil hizo hincapié en que 80% del agua dulce superficial proviene del sur del país, agua que también brinda electricidad. Toda esa zona está siendo devastada por la minería, pues “no solo abarca el arco minero, sino se extendió al Delta y al Amazonas”, por lo que exhortó a la Corte Penal Internacional a “añadir el ecocidio como un crimen en contra de la humanidad”.
Lagos de Valencia y Maracaibo
Por su parte, Richani comenta que desde 1992 el Lago de Valencia ha crecido alrededor de 20 mil hectáreas, causando múltiples inundaciones en los pasados 32 años, pero a pesar de que las comunidades se están ahogando , no tienen agua en sus hogares. Comentó lo mismo para las zonas aledañas al Lago de Maracaibo y cualquier otra región en las mismas circunstancias, destaca que el problema no es el agua en sí, sino la administración del recurso, del colapso del servicio.
Con respecto a la cuenca del Lago de Valencia, destacó que es especialmente importante porque distribuye agua a todo el centro del país y que las plantas de saneamiento no están funcionando. Enfatizó que uno de los problemas más grandes es que el sitio de disposición final no tiene salida a ningún lado, por lo que cada vez crece más el lago, y aumentando la capacidad de distribución de agua, solo aumentan la velocidad con la que crece la propia cuenca y por lo tanto, aceleran las inundaciones.
Para solucionar este problema, Richani propuso la incorporación de la etapa del reuso seguro del agua, explica que consiste en reciclar el agua utilizada para crear un ciclo sostenible en el tiempo, y asegura que en Venezuela existe la tecnología y conocimientos necesarios para implementarla exitosamente y garantizar el agua a la población.
Aunque, destacó también, que no todo es cuestión delsistema o del saneamiento, sino que la distribución del agua depende en gran medida del servicio eléctrico gracias a la topografía del país, lo que dificulta aún más tener un servicio continuo e ininterrumpido del agua.
Richani propuso que hay que desligar de la política los servicios públicos, que deben llegar a un “acuerdo nacional para solucionar el problema más grande que tiene Venezuela en este momento: la ausencia de servicios básicos”.
Destaco 3 puntos importantes para actuar en materia hidrológica, empezando por reactivar toda la infraestructura existente para garantizar el servicio para los próximos 100 años; luego subrayó que toda medida tomada debe garantizar soluciones efectivas a la población y para finalizar mencionó como pilar fundamental reciclar el agua.
Activismo ambiental
Rojas señaló la importancia de la sociedad civil a la hora de darle visibilidad a los problemas y documentarlos, además de empoderar a las comunidades afectadas mediante conversatorios que los instruyan en materia de derechos humanos.
Destacó que no solo se trata del derecho al agua sino de los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) ya que interfiere con el derecho a la vivienda, pues sus hogares se están viendo afectados por el nivel freático y problemas de salud por el colapso de sistema de redes de cloacas. Gracias a la falta del servicio hídrico muchas personas se ven obligadas a comprar agua de fuentes no seguras como “carrucheros”.
“El agua llega a las comunidades alrededor del Lago de Valencia cada 10 o 15 días, cuando llega solo lo hace a nivel del piso, esto quiere decir que no tiene suficiente fuerza para subir y llenar al fregador de platos, lavadora o tanques de agua. Hay comunidades que se encuentran inundadas porque no funcionan las plantas que recolectan y tratan las aguas residuales”, explicó Rojas.
Concluyó resaltando que la Red de Agua de AI se ha aliado con otras ONG en otros estados venezolanos para evaluar el suministro de agua, buscar posibles soluciones que se le plantean a las autoridades, empoderar a las personas para que aprendan a defender sus derechos y denunciar las fallas que aún afectan a millones de personas en lo relacionado al derecho humano al agua y saneamiento.
Imagen de Provea: https://provea.org/actualidad/coalicion-clima21-fundacion-tierra-viva-situacion-del-derecho-al-agua-potable-en-venezuela-caso-area-metropolitana-de-caracas/