En una conferencia de prensa la organización analizó tres ejes principales: violencia digital, jubilados y gestión del conflicto social.  

El martes 19 de marzo se cumplen 100 días del gobierno del presidente Javier Milei quien a lo largo de su gestión utilizó una receta infalible compuesta por confrontación y desinformación para romper límites que generaron retrocesos en materia de derechos humanos. En una conferencia de prensa la organización analizó tres ejes principales: violencia digital, jubilados y gestión del conflicto social.  

Del encuentro con los medios participaron en representación de Amnistía Internacional Argentina Mariela Belski, directora ejecutiva; Paola García Rey, directora adjunta y Santiago Juncal, director de Política y Justicia Internacional.  

“Pese al poco tiempo transcurrido, advertimos con preocupación el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en en la vida y los derechos de las personas. Hace años que monitoreamos a los gobiernos de todos los espectros políticos y es nuestro deber exponer las medidas que generan retrocesos. Al empobrecimiento económico de gran parte de la sociedad , esta administración suma un muevo modelo de liderazo de no dialogo y de violencia permamente . Así se fija el interés del debate público en la confrontación, el odio o la pelea. Esto no es nuevo ni excluyente de Argentina”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.  

La confrontación y el odio como regla 

En varias partes del mundo, como en Estados Unidos, India, Brasil, Hungría, Turquía o Filipinas, líderes promovieron y promueven narrativas de demonización y división para ganar apoyo popular, basando sus estrategias en culpabilizar a mujeres, migrantes, personas LGBTIQ+, entre otros, por problemas económicos, sociales o de seguridad. Y con ello generar el escenario y adoptar todo tipo de medidas que violan los derechos de las personas. 

La construcción de la idea de “casta” y de “los mismos de siempre” funciona en ese sentido: desencadena cataratas de expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la violencia, a la agresión, al odio y que fomentan la dinámica “amigo-enemigo”. 

“X (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos, indirectas y acusaciones. Los otros poderes, referentes de la oposición, periodistas, artistas, medios de comunicación y organizaciones, son frente de ataque. Cuando, además, quien está al frente de esos ataques es el presidente de la Nación, tiene efectos silenciadores y amedrentadores que socavan la libertad de expresión”, agregó Belski. 

Los jubilados, un sector castigado 

Amnistía Internacional afirma que los jubilados no son ni un sector ni un segmento etario. Son los que han perdido y no solamente capacidad de compra, sino tranquilidad y dignidad en los últimos años y con especial énfasis en los últimos meses. Ajustar a los ajustados no parece ningún castigo a poderosos, sino lo contrario. Por eso trabajar en una propuesta que permita que recuperen el poder adquisitivo perdido y proyecten un acompañamiento de las variables económicas a futuro es un imperativo de derechos humanos. 

La ecuación que se pretende con los jubilados es que no “pierdan” frente a la inflación. Pero el objetivo que debe perseguirse es el de que puedan “ganarle” y mejorar su poder adquisitivo, lo cual requeriría una recomposición efectiva de sus niveles de ingresos de acuerdo con sus necesidades. Las fórmulas actuales propuestas no explicitan cómo los jubilados irían paulatinamente aumentando su poder adquisitivo por fuera del “empate” con la jubilación. 

“El “no hay plata” no puede empujarnos a la disyuntiva de si recomponer su jubilación o dejar morir a los jubilados y pensionados. Hay una obligación moral pero también un compromiso internacional: la Argentina se encuentra obligada por tratados internacionales a garantizar los derechos a la seguridad social de manera progresiva hasta el máximo de sus recursos disponibles”, indicó Santiago Juncal, director de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina. 

Administración del conflicto social 

La devaluación de diciembre de 2023 subió los precios y, pese al esfuerzo del gobierno de paliar la situación socioeconómica, incrementando los valores de las transferencias de las políticas sociales, esto no alcanzó para revertir la tendencia en ascenso de la pobreza e indigencia. El cierre del año se dio con un el 49,5% de la población bajo la línea de pobreza y en enero de 2024 ascendió, según la UCA, a 57,4%.  

Este número es aún mayor en las infancias. Según los últimos datos disponibles del INDEC, ya en el primer semestre de 2023 el 56,2% de los niños y niñas de entre 0 y 14 años era pobre. Es evidente que la evolución de la inflación durante la segunda mitad del año y principios de 2024 profundizó la crisis social general. La cuadruplicación interanual del valor de la Canasta Básica Alimentaria (subió 301,1%) y la suba semejante en la Canasta Básica Total (290,2%) registradas en febrero son, en ese sentido, señales de un mayor deterioro de las condiciones de vida y de alimentación de niños, niñas y adolescentes en todo el país.  

La pauperización general de la economía y los ataques a quienes exponen voces de disenso conducen al conflicto social. Esta cruda realidad no puede anularse, por más represión y restricciones que se impongan. Cuando sucede la protesta es porque la tensión que genera el conflicto es insostenible. Al hambre no se le da respuesta con mano dura.  

“Argentina necesita un cambio. Somos conscientes, y así lo hemos denunciado a lo largo de los distintos gobiernos de todo color e ideología; la profunda crisis económica y social que viene atravesando Argentina en los últimos años exige un rumbo nuevo. Pero cómo esos procesos de cambio se lleven adelante y la manera en que esos cambios impactan en las personas es tan relevante como el objetivo que se pretende conquistar. En ese recorrido, es importante que las personas ocupen un lugar central para elaborar planes y respuestas eficaces y de largo plazo. Debe gobernarse para la gente, no para las finanzas. Los ajustes de hoy no pueden ni deben dejar a la deriva a nadie”, concluyó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. 

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