Reza Rasaei, de etnia kurda y perteneciente a la minoría religiosa yaresaní, corre el riesgo de ejecución inminente, en relación con el levantamiento “Mujer Vida Libertad”, a raíz de que el Tribunal Supremo desestimara el 16 de enero su solicitud de revisión judicial. Fue condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto que se basó en sus “confesiones”, forzadas bajo tortura y entre las que figuraron golpes, choques eléctricos, asfixia, colgamientos y violencia sexual.

 

 

 

 

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Reza (Gholamreza) Rasaei, de 34 años, perteneciente a las oprimidas minoría étnica kurda y minoría religiosa yaresaní de Irán, se encuentra en peligro de ejecución inminente en la prisión de Dizel Abad, provincia de Kermanshah, en relación con las protestas que tuvieron lugar en todo el país entre septiembre y diciembre de 2022. El 7 de octubre de 2023, la Sección Segunda del Tribunal Penal 1 de la provincia de Kermanshah condenó a muerte a Reza Rasaei en relación con el homicidio del comandante de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Sahneh, provincia de Kermanshah, durante una protesta acontecida el 18 de noviembre de 2022. La Sección 17 del Tribunal Supremo confirmó la sentencia el 16 de diciembre de 2023.

El 16 de enero de 2024, la Sección Primera del Tribunal Supremo desestimó la petición de revisión judicial que había presentado su abogado. Tanto la Sección 17 como la Sección Primera del Tribunal Supremo hicieron caso omiso de pruebas exculpatorias, entre ellas testimonios de testigos clave y escritos presentados por su abogado sobre investigaciones deficientes y omisión de pruebas forenses y de otro tipo. Los escritos presentados también destacaban que un testigo clave se había retractado de sus declaraciones iniciales, en las que implicaba a Reza Rasaei en la muerte del comandante, y que declaró posteriormente que las había realizado bajo tortura y otros malos tratos. Reza Rasaei ha negado reiteradamente su implicación en los hechos y ha declarado, especialmente durante el juicio, que sus “confesiones” forzadas se hicieron bajo tortura y otros malos tratos. Las autoridades han conculcado de manera flagrante el derecho de Reza Rasaei a un juicio justo, incluido el acceso a un abogado desde el momento de la detención, a impugnar de forma significativa la legalidad de su detención, a no autoinculparse y a ser juzgado por un tribunal independiente, competente e imparcial, y a una revisión significativa de su causa por una instancia judicial superior. Asimismo, los tribunales han fundado ilegítimamente sus decisiones en “confesiones” forzadas obtenidas de Reza Rasaei y de otras personas bajo tortura y otros malos tratos para declararlo culpable.

Reza Rasaei fue detenido en noviembre de 2022. Según una fuente informada, fue objeto de desaparición forzada, un delito de derecho internacional, durante los primeros cuatro meses de su reclusión. Durante ese tiempo, y para obligarlo a “confesar”, agentes de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria lo interrogaron y lo sometieron a tortura y otros malos tratos, como aplicarle choques eléctricos, asfixiarlo colocándole una bolsa de plástico en la cabeza, suspenderlo en vilo por un largo tiempo, propinarle palizas brutales y someterlo a violencia sexual. Desde su detención, las autoridades le han estado negando el acceso a atención médica adecuada, incluso para las lesiones derivadas de las torturas que sufrió, entre otras, fractura de dedos de las manos y los pies, que pueden quedar con secuelas permanentes. No se tiene constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre sus denuncias de tortura.

 

Lo insto a detener de inmediato todo preparativo para llevar a cabo la ejecución de Reza (Gholamreza) Rasaei y a anular su declaración de culpabilidad y condena de muerte, y a ordenar que sea puesto en libertad si no va a ser acusado de ningún delito común reconocible internacionalmente ni sometido a un nuevo juicio que sea justo y en el que no se recurra a la pena de muerte ni se admitan “confesiones” extraídas bajo tortura. Hasta que sea puesto en libertad, lo insto a concederle acceso regular a su familia, a abogados de su elección y a atención médica adecuada; a protegerlo de nuevos actos de tortura y otros malos tratos, a investigar sus denuncias de tortura y a hacer comparecer a los responsables ante la justicia para que sean juzgados con las debidas garantías. Por último, lo exhorto a conceder a observadores independientes acceso a los juicios de causas punibles con la pena capital relacionados con manifestaciones de protesta y a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

 

 

 

Reza Rasaei fue detenido el 24 de noviembre de 2022 en Shahriar, provincia de Teherán, seis días después de asistir a la conmemoración anual del fallecimiento de un líder espiritual de la confesión yaresaní el 18 de noviembre de 2022 en Sahneh. La ceremonia conmemorativa se convirtió en una protesta en la que, entre otras cosas, se reclamó verdad y justicia para Kian Pirfalak, a quien dos días antes las fuerzas de seguridad habían matado ilegítimamente en Izeh, provincia de Khuzestan, en el contexto de las protestas “Mujer Vida Libertad”. Durante la protesta celebrada en Sahneh el 18 de noviembre de 2022, un agente de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades acusaron a Reza Rasaei, entre otras personas presentes en la conmemoración, de haber apuñalado al oficial de seguridad, lo que él negó en repetidas ocasiones. Según una fuente informada, tras su arresto, Reza Rasaei fue transferido a un centro de detención operado por la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Sahneh, en donde agentes lo sometieron a palizas brutales, choques eléctricos y asfixia colocándole una bolsa de plástico en la cabeza.

 

Según la información obtenida por Amnistía Internacional, otros métodos de tortura de los que fue objeto incluyeron suspenderlo en vilo del techo con las manos y piernas atadas a la espalda durante periodos prolongados. Una fuente informada indicó a la organización que los agentes también sometieron a Reza Rasaei a violencia sexual, incluso desnudándolo frente a otros detenidos y aplicando hielo a sus genitales mientras estaba suspendido en vilo.

Los agentes de la Guardia Revolucionaria presionaron intensamente a varios de los abogados elegidos por la familia de Reza Rasaei para que dejaran de representarlo.

 

Solo pudo contratar y reunirse con un abogado de su elección después de finalizada la etapa de investigación, y fue transferido a la prisión de Dizel Abad aproximadamente en marzo de 2023. El juicio de Reza Rasaei ante la Sección Segunda del Tribunal Penal 1 de Kermanshah se celebró en tres sesiones y la audiencia final tuvo lugar el 21 de septiembre de 2023. Cuando Reza Rasaei le dijo al juez durante el juicio que sus “confesiones” forzadas las había realizado bajo tortura y otros malos tratos en el curso de los interrogatorios en los primeros cuatro meses de su reclusión, el juez que presidía el tribunal se limitó a pedir a Reza Rasaei que mostrara los hematomas causados por la tortura, aun cuando el juicio se estaba celebrando más de seis meses después de que los interrogatorios hubieran terminado y cuando ya no había hematomas visibles. El juez no ordenó que se investigaran sus denuncias de tortura ni remitió a Reza Rasaei para que se le hiciera un examen forense.

 

Tanto durante la apelación como durante la solicitud de revisión judicial, los tribunales hicieron caso omiso de pruebas clave, incluidos los escritos del abogado de Reza Rasaei en los que se detallaba la naturaleza deficiente e incompleta de las investigaciones, destacando, entre otros aspectos, motivos de preocupación respecto al dictamen del médico forense sobre la cantidad de armas que se usaron en el homicidio del agente. Por otra parte, en los escritos del abogado se resaltaba que el único testigo del juicio que durante los interrogatorios afirmó que había visto a Reza Rasaei apuñalar de frente al agente se retractó posteriormente de sus declaraciones iniciales y dijo que las había realizado bajo tortura y otros malos tratos.

Entre septiembre y diciembre de 2022 tuvo lugar en todo Irán un levantamiento popular sin precedentes contra el régimen de la República Islámica a raíz de la muerte bajo custodia de Jina/Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022, días después de su detención arbitraria por la “policía de la moral” iraní.

 

Las autoridades dispararon de forma generalizada e ilegítima munición real, perdigones metálicos y gases lacrimógenos, y sometieron a palizas brutales a quienes protestaban. Cientos de manifestantes y transeúntes fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos decenas de niños y niñas, y otros miles resultaron heridos. Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a nueve personas en relación con las protestas de 2022 tras juicios manifiestamente injustos y plagados de denuncias de tortura, y en medio de un repunte en el número de ejecuciones de manifestantes y disidentes en los últimos meses.

 

El 23 de enero de 2024, las autoridades iraníes ejecutaron arbitrariamente al manifestante Mohammad Ghobadlou tras un proceso y una sentencia marcados por el secretismo. Al abogado de Mohammad Ghobadlou se le avisó con menos de 12 horas de antelación que se había programado la ejecución de su defendido, una decisión inesperada e ilegítima. Las autoridades han ejecutado por lo menos a 14 personas en relación con las protestas en todo el país desde 2018, y están usando cada vez más la pena de muerte para atormentar y aterrorizar a la población de Irán e imponer el silencio y la sumisión mediante la fuerza bruta.

 

En Irán, las minorías étnicas y religiosas sufren una arraigada discriminación en la legislación y en la práctica. Las autoridades iraníes limitan el acceso de las minorías étnicas a la educación, al empleo y a cargos políticos. Las minorías religiosas —como la yaresaní— sufren discriminación en la legislación y en la práctica, que afecta a su acceso a la educación, el empleo, la adopción infantil, los cargos públicos y los lugares de culto. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante.

 

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 4 de abril de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Reza (Gholamreza) Rasaei (masculino)

 

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/7561/2024/es/ 

 

Fotografía: Pixabay