El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso por el cual todos los Estados miembros de la ONU son sometidos cada pocos años a un examen de su historial de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. China es objeto ahora de su cuarto examen; el tercero se hizo en 2018. Hoy, en Ginebra, una nutrida delegación del gobierno chino ha escuchado las recomendaciones y respondido a preguntas de los Estados sobre diversas cuestiones de derechos humanos

Ante el Examen Periódico Universal (EPU) de hoy, dedicado al historial en materia de derechos humanos de China, la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, ha declarado:

“El examen de derechos de hoy debería haber sido un verdadero ajuste de cuentas para las autoridades chinas: un espacio excepcional para que otros gobiernos expusieran con detalle las graves violaciones de derechos humanos que sufren las víctimas en China y más allá”.

“En cambio, hemos visto a China tratando de manipular a la comunidad global, negando el alcance y la envergadura de las violaciones de derechos humanos documentadas en los informes de la ONU al mismo tiempo que ofrecía su enfoque contrario a los derechos humanos como modelo para otros países.”

“Las autoridades se han negado en redondo a reconocer hechos fundamentales presentando su represión de la población uigur como una lucha efectiva contra el terrorismo y su supresión del espacio de la sociedad civil en Hong Kong como aportación a la estabilidad de la ciudad.”

“Y aun así, no todo ha salido como China quería. Un ejemplo: muchos Estados formularon recomendaciones a China para que cooperase de forma más significativa con el sistema de la ONU y sus mecanismos, incluida la implementación de recomendaciones en materia de política de los expertos y expertas de esta organización y el acceso sin trabas a los expertos y expertas internacionales en derechos humanos. Esto muestra la importancia fundamental del trabajo del sistema de la ONU, así como el consenso cada vez mayor de que los intentos de China por debilitarlo —distorsionando el diálogo y la cooperación— son muy problemáticos.”

“La tragedia de este Examen Periódico Universal es que la táctica de eficacia probada de China de reprimir a quienes defienden los derechos humanos —sea en Xinjiang, Tíbet, Hong Kong u otro lugar— hace que las personas más indicadas para hacer avanzar este trabajo no estuvieran en la sala sino silenciadas, encarceladas o sometidas a otras formas de privación de libertad, vigiladas, en el exilio. Si los gobiernos quieren que estas recomendaciones se hacen realidad, el apoyo a quienes defienden los derechos humanos en China debe estar en el centro de sus relaciones con el país.”

Información complementaria

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso por el cual todos los Estados miembros de la ONU son sometidos cada pocos años a un examen de su historial de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. China es objeto ahora de su cuarto examen; el tercero se hizo en 2018. Hoy, en Ginebra, una nutrida delegación del gobierno chino ha escuchado las recomendaciones y respondido a preguntas de los Estados sobre diversas cuestiones de derechos humanos. China aceptará o tomará nota de las recomendaciones, y el Consejo de Derechos Humanos adoptará el informe con los resultados del examen en junio. El propósito expreso del EPU es ser un “mecanismo cooperativo” para mejorar la situación de los derechos humanos en el terreno.

En los EPU anteriores de China, el gobierno demostró su compromiso de mala fe con el proceso del que está sistemáticamente excluida la sociedad civil china independiente. El ejemplo más flagrante es la muerte bajo custodia de la defensora de los derechos humanos Cao Shunli, que fue detenida cuando intentaba viajar a Ginebra para participar en el segundo EPU, en 2013. El próximo 14 de marzo de 2024 se conmemora el décimo aniversario de su muerte. China se ha envalentonado desde entonces en el despliegue de su táctica de represalias: la sociedad civil de Hong Kong se enfrenta ahora a la amenaza de enjuiciamiento en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 por cooperar con el sistema de la ONU.

China afirma en su informe estatal para el examen de hoy que “concede gran importancia al trabajo de seguimiento” de las 284 recomendaciones que aceptó de las 346 formuladas en su tercer EPU, en 2018. Sin embargo, muchas de dichas recomendaciones aceptadas eran débiles o problemáticas, o animaban a China a “continuar” políticas que violaban los derechos humanos. Con respecto a algunas recomendaciones firmes, China alegó que “ya habían sido implementadas” y no se comprometió a hacer nada más. Amnistía Internacional concluyó que no se había implementado la mayoría de las recomendaciones que se habían “aceptado” y, aún más, que en algunas áreas el progreso había retrocedido.

En 2018, China rechazó varias recomendaciones sobre el acceso de personas expertas independientes dentro del sistema de procedimientos especiales de la ONU —medida clave de cooperación con el sistema de la ONU— alegando que constituían una injerencia en la “soberanía y los asuntos internos” de China. El gobierno no ha concedido aún acceso completo y sin trabas a la ONU ni a otras entidades de observación independientes de la situación de los derechos humanos. Sólo una persona titular de mandato de procedimientos especiales ha visitado el país durante el periodo objeto de examen, mientras que se ignoraron 13 solicitudes y recordatorios de visitas.

Desde 2018, diferentes órganos de derechos humanos de la ONU han manifestado su preocupación por el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en China, reflejando las conclusiones de Amnistía Internacional. En 2022, la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos concluyó que, en un contexto de leyes, políticas y prácticas de índole restrictiva y discriminatoria, las medidas de China contra miembros de la comunidad uigur y de otros grupos de predominio musulmán “podrían constituir crímenes internacionales, en concreto, crímenes de lesa humanidad”.

Ese mismo año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió la derogación de la Ley de Seguridad Nacional y de las disposiciones sobre sedición de la Ordenanza sobre Delincuencia de Hong Kong. En su lugar, el gobierno local prevé seguir legislando este año sobre este tipo de delitos con el nuevo Proyecto de Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional en virtud del artículo 23 de la Ley Fundamental de Hong Kong, la “miniconstitución” del territorio.

China debió haber presentado su informe ante el Comité contra la Tortura de la ONU hace cuatro años. En contra de lo que afirma el gobierno en su informe en el sentido de que “está comprometido a dar al pueblo un sentido de equidad y justicia”, Amnistía Internacional ha documentado durante este periodo detenciones arbitrarias, torturas, otros malos tratos y juicios injustos de miembros de minorías étnicas y personas que defienden los derechos humanos.

Activistas, periodistas y profesionales de la abogacía en China, incluida Hong Kong —como Chow Hang-tung, Ding Jiaxi, Xu Zhiyong, Wang Jianbing y Zhang Zhan— siguen en prisión a pesar de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que debían ser puestos en libertad.