En 2022, la Fiscalía de la CPI, encabezada por Karim Khan, buscó autorización para reanudar la investigación en Venezuela, la cual había sido suspendida anteriormente por solicitud del Estado. Una cifra histórica de víctimas, familiares y organizaciones se dirigieron a la Corte para hacerle saber su deseo de que continuara la investigación

En 2023, la comunidad internacional siguió pronunciándose acerca de la crisis de derechos humanos en Venezuela.

Pese a los grandes esfuerzos del gobierno de Venezuela por generar una imagen de normalización y estabilidad de cara a la comunidad internacional, en el mundo se sigue denunciando lo que pasa en Venezuela. Las organizaciones de la sociedad civil han trabajado en la documentación, exigencia e incidencia ante múltiples instancias y mecanismos, que han mostrado preocupación ante la crisis de derechos humanos que continúa atravesando el país. 

El proceso ante la Corte Penal Internacional

En 2022, la Fiscalía de la CPI, encabezada por Karim Khan, buscó autorización para reanudar la investigación en Venezuela, la cual había sido suspendida anteriormente por solicitud del Estado. Una cifra histórica de víctimas, familiares y organizaciones se dirigieron a la Corte para hacerle saber su deseo de que continuara la investigación. A pesar de la resistencia del gobierno, la Sala de Cuestiones Preliminares aprobó la solicitud, subrayando la ausencia de investigaciones genuinas y transparentes a nivel nacional. El Estado intentó bloquear nuevamente la investigación a través de una apelación; en la audiencia, también histórica, frente a la Sala de Apelaciones, se escuchó la voz de las víctimas y la falta de acciones efectivas en el sistema de justicia venezolano. Aguardamos esperanzados su decisión.

El Fiscal Khan ha realizado hasta la fecha tres visitas oficiales al país, y durante la Asamblea de Estados Parte, confirmó la instalación de una Oficina de Asistencia Técnica en Caracas para principios de 2024. 

Evaluaciones ante Comités de Tratado

Venezuela fue examinada en 2023 por dos Comités de Tratado de la ONU: el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de Derechos Humanos. El Comité CEDAW destacó barreras diferenciadas para las mujeres venezolanas en el acceso a la justicia, estereotipos de género, altos niveles de violencia sin medidas de protección y la subrepresentación política. El Comité identificó tres áreas de acción prioritarias sobre las que el Estado debe reportar progreso en los próximos 2 años: violencia de género, trata y tráfico de mujeres y niñas, y salud sexual y reproductiva.

El Comité de DDHH evaluó violaciones a derechos civiles y políticos, denunciando desde censura hasta muertes en custodia. El diálogo constructivo con el Estado se llevó a cabo en un ambiente de hostilidad de parte de los representantes del gobierno hacia los expertos y expertas del Comité, que aun así cuestionaron al Estado sobre sus prácticas de represión, situación de las personas privadas de libertad, inhabilitaciones políticas, entre otras. Las áreas de acción prioritaria que establecieron, incluyen: acciones para recuperar la independencia del poder judicial, acciones para garantizar la libertad de expresión y medidas para garantizar el ejercicio de la participación política sin restricciones indebidas.

Defensa del Espacio Cívico

En diciembre de 2023, el monitor internacional CIVICUS degradó la calificación del espacio cívico en Venezuela; ahora se encuentra en la categoría más baja: estado cívico cerrado.  Durante el año se documentaron cientos de agresiones a personas defensoras. Al marco legal ya restrictivo, se sumaron nuevos proyectos de ley que vulnerarían el derecho de asociación. Se documentaron arrestos arbitrarios, intimidación, censura, denegación de registro, persecución por motivos políticos, etc.

Cientos de periódicos y emisoras de radio han sido forzadas a cerrar, otras se han autocensurado o se han desplazado al extranjero, y quienes quedan se enfrentan a una intimidación aún mayor. "Este cambio de calificación es el resultado de décadas de ataque contra el espacio cívico", afirmó Rafael Uzcátegui, coordinador de @PROVEA. "La situación es desoladora, ya que las autoridades venezolanas han cerrado por completo el espacio de actuación de la sociedad civil".

Oficina del Alto Comisionado para los DDHH y Misión de Determinación de los Hechos

En 2023, el Alto Comisionado para los DDHH, Volker Turk, visitó Venezuela. Con ocasión de su visita, las organizaciones de la sociedad civil enviaron una comunicación en la que solicitaban el cumplimiento del mandato de su Oficina en terreno en materia de seguimiento de recomendaciones, que hasta la fecha sigue sin atenderse. En la carta se mencionó también la necesidad de cumplir con el mandato de protección y de darle la misma importancia a la defensa de los DDHH, que a la asistencia técnica a las autoridades. Al concluir su visita, el Comisionado solicitó la liberación de detenidos arbitrarios, el cese de la tortura y mejoras en las condiciones de detención. 

La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicó su cuarto informe en septiembre de 2023, enfocándose en el espacio cívico y la persecución a la sociedad civil.  La Misión afirmó que el aparato represivo en Vzla sigue intacto, y que en los últimos años hemos visto la sofisticación de las técnicas de represión.  “Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

En este 4to informe se investigaron 43 nuevos casos, que han afectado a 72 víctimas directas. También se investigaron 9 casos de muertes que podrían entrar dentro de los patrones de represión contra opositores reales o percibidos. A juicio de la Misión, la Defensoría del Pueblo, de manera sistemática y deliberada, ha omitido dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de DDHH. La Misión lamentó la falta de cooperación del Gobierno venezolano.

Estos reconocimientos de parte de la comunidad internacional sobre la situación en Venezuela reflejan que sí hay conocimiento sobre la crisis de derechos humanos. A pesar de la diplomacia del gobierno que busca crear una narrativa de normalización, la ONU y la comunidad internacional continúan emitiendo pronunciamientos sobre la situación en el país, conscientes de que #VenezuelaNoSeArregló.

La justicia internacional avanza y las cifras históricas de participación de las víctimas en el proceso ante la Corte Penal Internacional demuestran que los venezolanos y venezolanas siguen buscando justicia. No se puede tapar el sol con un dedo, y la comunidad internacional reconoce esta realidad. Las personas defensoras siguen trabajando incansablemente para visibilizar la crisis y exigir sus derechos. A pesar de los desafíos, la determinación de la sociedad civil y la atención global reflejan la necesidad urgente de abordar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Fuente: Justicia y Verdad