En su carta abierta dirigida en febrero de 2020 a Ebrahim Raisi, entonces presidente de la magistratura, Anvar Khezri subrayaba las múltiples violaciones graves de derechos humanos que había sufrido a manos de los agentes del Ministerio de Inteligencia, los jueces y las autoridades penitenciarias

Anvar Khezri, Farhad Salimi, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat, todos ellos pertenecientes a la minoría kurda suní de Irán, están en grave peligro de ejecución en la prisión de Ghezel Hesar, provincia de Alborz, en medio de la creciente oleada de ejecuciones en todo el país y tras las ejecuciones arbitrarias de otros tres hombres kurdos iraníes entre noviembre de 2023 y enero de 2024, juzgados en su misma causa. Los siete hombres fueron declarados culpables de “corrupción en la tierra” (ifsad fil-arz) y condenados a muerte en un juicio manifiestamente injusto y empañado por denuncias de tortura y otros malos tratos.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles (Bélgica)

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Me preocupa profundamente que Anvar Khezri, Farhad Salimi, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat, pertenecientes a la minoría kurda suní de Irán, están en grave peligro de ejecución en la prisión de Ghezel Hesar, Karaj, provincia de Alborz, tras las ejecuciones arbitrarias de Ghasem Abesteh el 5 de noviembre de 2023, Ayoub Karimi el 29 de noviembre de 2023 y Davoud Abdollahi el 2 de enero de 2024, condenados a muerte en la misma causa. Según informes, las autoridades penitenciarias sometieron a Ghasem Abesteh a tortura y otros malos tratos, que le provocaron la fractura de la nariz, poco antes de ejecutarlo. Según informes de los medios de comunicación, para entregar los cadáveres de Davoud Abdollahi y Ayoub Karimi a sus familias, las autoridades pusieron como condición que éstas no hicieran públicas las ejecuciones. La Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán declaró a Anvar Khezri, Ayoub Karimi, Davoud Abdollahi, Farhad Salimi, Ghasem Abesteh, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat culpables de “corrupción en la tierra” (ifsad fil-arz) y de delitos contra la seguridad nacional, y los condenó a muerte tras un juicio manifiestamente injusto en torno a junio de 2018, durante el cual el presidente del tribunal prohibió hablar al representante letrado de todos los acusados. A pesar de las graves violaciones del derecho a un juicio justo, el 3 de febrero de 2020, la Sección 41 del Tribunal Supremo confirmó sus sentencias condenatorias y condenas a muerte y, a principios de septiembre de 2020, la Sección 38 de este tribunal rechazó su solicitud de nuevo juicio. En agosto de 2023, los hombres fueron trasladados de la prisión de Rajai Shahr, en la provincia de Alborz, a la prisión de Ghezel Hesar, donde están recluidos en un ala penitenciaria de máxima seguridad.

Tras sus arrestos, practicados entre principios de diciembre de 2009 y finales de enero de 2010 en la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste de Irán), los siete fueron conducidos a un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Urmia (Azerbaiyán Occidental) y acusados de pertenencia a “grupos salafistas”, acusación que todos negaron. Posteriormente, Anvar Khezri, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat fueron también acusados de herir mortalmente a un hombre con un automóvil; ellos niegan toda implicación en esta muerte. Anvar Khezri, Khosrow Basharat y Farhad Salimi afirmaron en cartas abiertas que agentes del Ministerio de Inteligencia los sometieron a tortura repetidamente durante los interrogatorios y, como resultado, les obligaron a hacer “confesiones” forzadas. Entre los métodos de tortura denunciados figuraban palizas repetidas, suspensión del techo, simulacros de ejecución, privación del sueño y tortura psicológica.

Lo insto a detener de inmediato todo plan de ejecutar a Anvar Khezri, Farhad Salimi, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat, anular su condena a muerte y su sentencia y concederles un nuevo juicio de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte y sin hacer valer “confesiones” forzadas. Lo insto a garantizar su protección frente a nuevos actos de tortura y otros malos tratos, así como la investigación de sus denuncias de tortura, y a hacer comparecer a los responsables ante la justicia para que sean juzgados con las debidas garantías. Por último, es preciso establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte.

Atentamente,

Información complementaria

En su carta abierta dirigida en febrero de 2020 a Ebrahim Raisi, entonces presidente de la magistratura, Anvar Khezri subrayaba las múltiples violaciones graves de derechos humanos que había sufrido a manos de los agentes del Ministerio de Inteligencia, los jueces y las autoridades penitenciarias. Escribió que había intentado suicidarse después de sufrir torturas —incluidos golpes reiterados en el pecho, la cabeza y las plantas de los pies— durante 56 días en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia al que se refirió como “cámara de tortura”. Tuvo que recibir transfusiones sanguíneas en un hospital por la pérdida de sangre sufrida en su intento de suicidio; pero al día siguiente, los agentes volvieron a llevarlo a prisión en contra de la opinión del personal médico. Allí, según contaba, se había visto obligado a firmar “confesiones” forzadas tras reanudarse las torturas. Contaba que en agosto de 2017 lo habían sacado de su celda esposado y con los ojos vendados para someterlo a un simulacro de ejecución. Khosrow Basharat, según una fuente informada, fue golpeado repetidamente con cables eléctricos mientras permanecía atado a una cama, suspendido del techo por las manos esposadas durante largos periodos y obligado a escuchar de noche los gritos de otras personas a las que parecía que estaban torturando, lo que le impedía dormir y le causaba angustia extrema. Después de sufrir tales torturas durante tres semanas, se vio obligado a firmar una “confesión” preparada. En una carta abierta con fecha de febrero de 2020, Farhad Salimi escribió que en torno a esas fechas había sido presionado insistentemente para que hiciera “confesiones” forzadas que lo incriminaban y para que despidiera al representante letrado de su elección. No consta que se abrieran investigaciones sobre las denuncias de tortura de los hombres.

Tras su arresto, los siete hombres fueron recluidos por separado en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Urmia antes de su traslado a prisiones de la provincia de Azerbaiyán Occidental. A finales de mayo de 2016, cuando los hombres llevaban más de seis años recluidos sin juicio, la Sección 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán los condenó a muerte por “corrupción en la tierra”. Además, el tribunal los declaró culpables de delitos contra la seguridad nacional por su presunta “pertenencia a grupos salafistas”, entre los cuales figuraban Al Qaeda, los talibanes y grupos de oposición kurdos según agentes del Ministerio de Inteligencia. El juicio fue manifiestamente injusto y consistió en una sola vista celebrada a mediados de marzo de 2016 que apenas duró cinco minutos. En torno a marzo de 2017, sus sentencias y condenas fueron anuladas en la vista de apelación ante la Sección 41 del Tribunal Supremo, que remitió sus casos a la Sala 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán para que se celebrara un nuevo juicio. A mediados de 2018, la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán declaró a los siete hombres culpables de “corrupción en la Tierra” y los condenó a muerte. El 3 de febrero de 2020, la Sección 41 del Tribunal Supremo confirmó sus sentencias y condenas en apelación. El 19 de septiembre de 2017, Anvar Khezri, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat fueron trasladados de la cárcel de Rajai Shahr a la de Urmia para ser juzgados en una causa aparte por asesinato ante un tribunal penal de Urmia. A principios de julio de 2018, este tribunal declaró a Kamran Sheikheh culpable de asesinato y le impuso una condena a muerte más 10 años de prisión, mientras que a Anvar Khezri y Khosrow Basharat los declaró culpables de complicidad en el asesinato y los condenó a 10 años de prisión.

Las ejecuciones arbitrarias de Ghasem Abesteh, Ayoub Karimi y Davoud Abdollahi forman parte de una alarmante oleada de ejecuciones que han llevado a cabo las autoridades iraníes en los últimos meses. Solamente en noviembre de 2023, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 115 personas, cifra que casi duplica el número de las ejecuciones que tuvo lugar en noviembre de 2022. Este repunte se produce en el contexto de un uso intensificado de la pena de muerte por parte de las autoridades iraníes en 2023 como herramienta de represión contra miembros de minorías oprimidas, manifestantes y disidentes.

La discriminación que sufren las minorías étnicas de Irán —kurda, árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi y turcomana, entre otras— limita su acceso a la educación, al empleo y a un cargo político. Las condenas a muerte impuestas por delitos de ambigua definición como el de “corrupción en la tierra” afectan de manera desproporcionada a las minorías étnicas; además, a estas personas se las ejecuta en secreto y después las autoridades se niegan a entregar sus cadáveres a las familias para que les den sepultura. Por su parte, las minorías religiosas —musulmana suní, bahaí, cristiana, derviche gonabadí, judía y yaresana, entre otras— sufren discriminación en la legislación y en la práctica, que afecta a su acceso a la educación, el empleo, la adopción infantil, los cargos públicos y los lugares de culto. Además, las autoridades someten a detención arbitraria, procesamiento injusto o tortura y otros malos tratos a miembros de minorías religiosas por profesar o practicar su fe. El 30 de junio de 2022, Ali Salehi, fiscal de Teherán, visitó la prisión de Rajai Shahr, donde los siete estaban entonces recluidos. Según medios informativos kurdos sobre derechos humanos, durante la visita declaró que “la población suní no merece el derecho a la vida en Irán”, lo que provocó que 22 personas suníes presas iniciaran una huelga de hambre en protesta por el comentario.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 8 de marzo de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Anvar Khezri, Farhad Salimi, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat (masculino)

Imagen: Pixabay