La comunidad internacional debe mantener el escrutinio internacional y la lucha por la justicia por las gravísimas y vigentes violaciones de derechos humanos en Venezuela

Por Clara del Campo, Encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional

Hace tres años, a las 3 de la madrugada del 14 de noviembre del 2020, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar entraron en el hogar Guillermo Zárraga y le detuvieron arbitrariamente por considerarlo una amenaza a los intereses del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién es Guillermo, y por qué exigimos su libertad?

Guillermo Zárraga es un ingeniero de 59 años que se desempeñó como técnico operario de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la petrolera estatal del país, en la refinería Cardón del Complejo de Catalítica, ubicado en Coro, estado Falcón. También era líder sindicalista del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa. Hoy espera un juicio injusto y sin garantías desde la prisión Yare II, estado Miranda, mientras su situación de salud es tan precaria que pone en riesgo su vida.

Como tantas otras víctimas de la política de represión del gobierno venezolano, la vida de Guillermo quedó detenida por una acusación sin sustento en los hechos ni en evidencia contrastada. Según la acusación de la fiscalía, órgano estrechamente alineado con las autoridades del poder ejecutivo, a Guillermo se le acusa de “traición a la patria” y “asociación para delinquir”, como parte de un incoherente relato de hechos vinculado a un ciudadano de Estados Unidos, quien supuestamente era un agente de la agencia de inteligencia de ese país. Sin embargo, parecería que la principal ‘evidencia’ de la supuesta culpabilidad de Guillermo es una fotografía con el prominente líder de la oposición en aquel momento, Juan Guaidó. Mientras el supuesto agente de inteligencia extranjera fue liberado, Guillermo sigue inexplicablemente detenido.

Desde su detención hace tres años, Guillermo ha sufrido una dramática pérdida de 20 kilos de peso, un síncope cardíaco, varios desmayos por desnutrición y repetidas denegaciones de atención médica. Como para gran parte de la población privada de libertad en Venezuela, son sus familiares quiénes deben proveerle de comida, agua potable y cualquier otro bien de primera necesidad, a pesar de que ellos mismos no cuentan con los medios económicos para enfrentar esas necesidades debido a la emergencia humanitaria compleja que sufren millones de personas en el país. De hecho, más del 25% de la población total de Venezuela ha debido huir del país por las violaciones masivas de sus derechos económicos y sociales, y violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos civiles y políticos.

En Venezuela no existe la independencia judicial. Las autoridades judiciales y de seguridad están bajo el poder de Nicolás Maduro. Él es el responsable de la política de represión que mantiene a cientos de personas detenidas injustamente y él es quién debe asegurar la libertad inmediata e incondicional de Guillermo Zárraga. Mientras siga injustamente detenido, la ministra del poder popular para asuntos penitenciarios, Celsa Bautista, debe garantizar la salud, integridad y vida de Guillermo, asegurando que reciba atención médica urgentemente. Su situación no es la única. Amnistía Internacional emitió una acción urgente global para exigir que la ministra proteja la salud y la vida de Guillermo y de Emirlendris Benítez, quien también sufre una situación crítica de salud mientras está injustamente detenida en Venezuela, en parte como consecuencia de la tortura que sufrió durante su detención.

Los Estados de la comunidad internacional que declaran seguir con interés la situación de derechos humanos en el país, como España, Argentina o Chile, no pueden desconocer casos como el de Guillermo Zárraga, Emirlendris Benítez, o el del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, ni el del estudiante universitario John Álvarez, entre cientos de otras personas cuyas vidas han sido detenidas injustamente por la política de represión del gobierno venezolano. Tampoco deben hacer caso omiso de las incesantes denuncias de la sociedad civil venezolana; de los lapidarios informes de organismos de la ONU; de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la primera sobre un país en las Américas; o de la investigación abierta en Argentina bajo en principio de jurisdicción universal, también por crímenes de lesa humanidad.

La comunidad internacional debe mantener el escrutinio internacional y la lucha por la justicia por las gravísimas y vigentes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan. Cientos de personas continúan injustamente privadas de su libertad por los intereses políticos del gobierno. Llamamos a la comunidad internacional a que sumen esfuerzos para lograr su libertad inmediata e incondicional y el cese definitivo de la política de represión en Venezuela.