La gran mayoría de las mujeres no tiene independencia económica, lo que las deja más vulnerables a violencia de género y sexual. Temen ir solas en espacios públicos, incluso en compañía

La ONG Resonalia publicó un informe con perspectiva de género llamado “Solas En La Calle”, para dar a conocer  las violencias experimentadas por una diversidad de mujeres en los espacios públicos y los efectos en su vida cotidiana, además de resaltar de qué manera el género influye en el uso y disfrute de las ciudades y cómo su intersección con otras características, como la edad, el nivel socio-económico, la identidad étnica, ingresos, las capacidades físicas y lugar de residencia, condiciona y determina las opciones de movilidad de las personas.

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Para hacer estas mediciones realizaron encuestas en el Municipio Libertador, Machiques de Perijá y Maracaibo. Identificaron en la población encuestada la edad, el nivel de educación, sus ocupaciones e ingresos mensuales. Con respecto a Libertador, 63,2% de las encuestadas tiene entre 18 y 29 años, 48% tiene educación universitaria, ya sea completa o incompleta y más de 30% tienen un trabajo formal asalariado. En Machiques 40,4% tiene entre 18 y 29 años, pero en contraste, sólo 9,4% tiene educación universitaria completa o incompleta y 43,8% no tiene estudios de ningún tipo, más del 30% tiene trabajo informal. En el Municipio Maracaibo 70,4% tiene entre 18 y 29 años, 38,8% tiene educación universitaria completa o incompleta y cerca del 35% tiene un trabajo informal.

En lo que concierne a los ingresos mensuales, en Maracaibo y Machiques 38,4% gana entre 101$ y 250$, 22% gana entre 0$ y 100$ y 13% gana entre 251$ y 500$ En Libertador 45% gana entre 101$ a 250$, 21% gana entre 0$ y 100$ y aparece una nueva división, 5% gana entre 500$ y 750$.

Lo que destacan de esta medición de ingresos es que, a efectos prácticos, nadie gana lo suficiente para poder obtener la canasta básica alimentaria que, para julio de 2023, fue calculada en 509,34$. Adicionalmente, enfatizan que la dependencia económica a la que pueden estar sujetas las mujeres en esta condición es un factor de riesgo para la violencia de género.

Destacan que en Machiques, comparándolo con sus contrapartes urbanas, gran parte de las mujeres no han tenido acceso a la educación formal, poseen trabajo informal y dedican mayor tiempo al cuidado del hogar y comunitarios, esto condiciona su autonomía y acceso a los recursos necesarios para protegerse ante la violencia de género. Las mujeres con menor nivel educativo formal tienen más dificultades para acceder a información sobre sus derechos y menos oportunidades para obtener un trabajo remunerado que les permita independencia económica, sin mencionar que las mujeres que se dedican al trabajo de cuidados suelen estar poco tiempo fuera de casa, se sienten más aisladas y dependientes de sus parejas, dejándolas vulnerables a violencia física y sexual.

El siguiente tramo habla de a qué edad empezaron a sentir violencia en el espacio público, y recuerdan que la violencia no se limita a una escala de tiempo sino que indica cuando la comenzaron a percibir.

En Maracaibo y Libertador empiezan a percibirla mayoritariamente en la adolescencia, 59,8% y 52% respectivamente, mientras que en Machiques 66,7% empezó a sentirla desde la niñez, así como 72% afirmó haber presenciado violencia en espacios públicos en contraposición con 42% de Maracaibo y 47% de Libertador.

Sobre haber sido víctimas de cualquier violencia de género y de acoso, los porcentajes de las respuestas se contradicen en el caso de Maracaibo y Machiques, en el primero 57% respondió que no había sufrido violencia de género, pero al describir qué actos se consideran acoso sexual, 66,7% respondió que sí había sido víctima. En el caso de Machiques 72% respondió que sí habían sufrido violencia de género y luego 43% respondió que no había sufrido acoso sexual. 

Estos datos muestran que una cantidad importante de mujeres desconoce o naturalizan el concepto de acoso hasta el punto de no considerarlo espontáneamente al responder, así como hay violencias que están tan normalizadas y frecuentes que no lograron destacar un ejemplo específico de los lugares de ocurrencia. También subraya el informe que en Machiques la gran mayoría de las encuestadas preguntó por la definición de violencia de género, por lo que respondieron a la pregunta de carácter general de forma diferente a sus contrapartes urbanas, posiblemente incrementando el porcentaje de respuestas positivas.

Al transitar por espacios públicos, el informe arroja que la gran mayoría siente miedo en mayor o menor medida, principalmente, les temen a hombres desconocidos, ya sean solos o en grupo, ya sea por violencia física, sexual o verbal. También mencionaron a las parejas o exparejas como un potencial agresor importante, seguidos de policías o militares, pero en menor medida. En Machiques las mujeres que se auto reconocieron como indígenas reconocen terratenientes y dueños ilegítimos de sus tierras como agresores.

Con esta información, subrayan que “esto pone en evidencia una brecha importante entre las luchas feministas por lograr la paz en nuestros territorios: las mujeres indígenas requieren equidad en dos maneras, una la búsqueda individual por proteger la seguridad y dos, una búsqueda colectiva para preservar una conexión vital, espiritual y legal con la tierra para poder sobrevivir como pueblo”.

El momento en el que sienten más temor en Libertador y Machiques es principalmente durante la compra de alimentos u otro tipo de productos. En Maracaibo es yendo y viniendo del trabajo seguido por actividades recreativas como el cine, teatro, playa o paseando con amigxs.

Para evitar el contacto con la violencia de género, 73% en Maracaibo, 80% en Libertador y 88% en Machiques respondió que ir acompañada era su forma de evadirla, seguida con no frecuentar sitios solos u oscuros. El resto de respuestas no superó el 5%, pero las comunes a los tres municipios son el uso de ropa “recatada”, alargar trayectos para evitar las rutas más peligrosas, ignorar a los agresores y limitar rutas y modos de transporte público.

En el informe se puntualiza que independientemente de la probabilidad de ser víctima o de la frecuencia total de las violencias experimentadas, existe un miedo en las mujeres que impacta en sus vidas e igualmente la experiencia de una agresión probablemente las deje con un miedo intensificado por futuras agresiones. Subrayan que lejos de presentar a la mujer como simples “víctimas”, reivindican su derecho a salir afrontando el riesgo que esto representa, resistiendo contra una ciudad que las excluye y que, a pesar del miedo, desarrollan estrategias de evasión, mitigación y resistencia incluyendo la sororidad y el acompañamiento mutuo.

En Libertador y Maracaibo, las zonas en las que sienten más inseguridad son en zonas residenciales, y en Machiques en las zonas recreativas, los callejones fueron una respuesta casi general en los 3 municipios ante los lugares más inseguros de sus parroquias.

Para el informe crearon un mapa interactivo para los tres municipios marcando los sitios en los que se podría sufrir violencia. Denotaron hasta 19 tipos diferentes de violencia, entre los que están la psicológica, física y sexual, acoso sexual callejero e incluso violencia racista u odio contra la comunidad LGBTIQ+.

También recuerdan que, aunque haya zonas en el mapa que no están marcadas, “por muy grave que sea la violencia, la ocurrencia nunca es cero. En cualquier lugar del país y en cualquier espacio las mujeres están sujetas a ser víctimas”.

Para finalizar realizaron una serie de recomendaciones, primeramente, en torno al acceso a la justicia, recuerdan que el Estado venezolano está suscrito a un marco legal nacional y mecanismos internacionales en materia de violencia de género que facilitan y enmarcan las acciones para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres. También destacan que a nivel nacional existe la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se describe qué es acoso, y aunque hay otras, como el exhibicionismo, consideradas más “leves”, también deberían tener sanción penal.

En torno a los territorios y comunidades, exponen planes que los gobiernos municipales y regionales podrían adoptar en contra de la violencia de género en el espacio público, como Incorporar la perspectiva de género en la planificación y gestión del espacio público, promover una cultura de respeto y tolerancia, además de fortalecer los sistemas de respuesta a la violencia contra las mujeres.

Respecto a las mujeres indígenas mencionan que el Estado debe garantizar que tengan acceso a la justicia y a los servicios de protección, promover su participación plena en los procesos de toma de decisiones, apoyar su desarrollo económico y social, proteger sus derechos sobre su tierra y sus recursos naturales y que la comunidad internacional debe apoyar los esfuerzos de las mujeres indígenas para defender sus derechos.

En cuanto a las recomendaciones para la población masculina, resaltan que deben reconocer que la violencia es un problema que afecta a todos y todas, adicionalmente a buscar activamente ayuda profesional y tomar responsabilidad por sus actos.