Viernes, 01 de septiembre, 2023
Khadijatul Kubra, de 17 años, era una brillante alumna de la Universidad de Jagannath en Dacca (Bangladesh) cuando organizó un seminario web desde de un programa de debate online llamado “Humanidad para Bangladesh”, durante el cual uno de los invitados, antiguo mando del ejército bangladeshí residente en Canadá, criticó al gobierno. Como consecuencia, Khadijatul y el invitado fueron encausados en aplicación de la Ley de Seguridad Digital. Khadijatul Kubra, que fue detenida el 27 de agosto de 2022, se encuentra recluida sin cargos a pesar de sus problemas de salud y debe ser puesta en libertad de inmediato.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Primera Ministra / Prime Minister Sheikh Hasina
Prime Minister’s Office
Old Sangsad Bhaban
Tejgaon, Dhaka-1215
Bangladesh
Correo-e: ps1topm@pmo.gov.bd
Sra. Primera Ministra:
Le escribo en relación con la indignante situación en que se encuentra Khadijatul Kubra, alumna de segundo curso de la Universidad de Jagannath de Dacca, que lleva un año bajo custodia sin cargos. En 2020 se presentaron contra ella dos demandas en aplicación de la Ley de Seguridad Digital por un webinario que organizó, uno de cuyos participantes, residente en Canadá, realizó comentarios críticos sobre el gobierno. Aunque en aquel momento Khadijatul tenía 17 años, la encausaron como si fuera mayor de edad, en aplicación de los artículos 25.2, 29.2, 31.2 y 35.2 de la Ley de Seguridad Digital, y la arrestaron el 27 de agosto de 2022.
Además, me preocupan los informes según los cuales este año, en la cárcel, ha pasado casi una semana en una celda con personas condenadas a muerte. Khadijatul Kubra padece problemas renales y otros problemas de salud.
Tras varias denegaciones de los tribunales de Dacca, el 16 de febrero de 2023, el Tribunal Superior le concedió la libertad bajo fianza, pero el Estado recurrió y su aplicación se suspendió. El 10 de julio, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo aplazó cuatro meses la vista sobre su libertad bajo fianza, afirmando que Khadijatul debería asumir la responsabilidad de las opiniones expresadas en su programa de debate.
Khadijatul Kubra se limitó a ejercer su derecho a la libertad de expresión. Debería estar en la universidad cursando sus estudios y no en prisión esperando a que se decida su destino con arreglo a una ley draconiana.
A pesar de la decisión de su gobierno de derogar la draconiana Ley de Seguridad Digital, las demandas presentadas en aplicación de esta ley, como la de Khadijatul, continúan violando los derechos humanos.
Por consiguiente, insto a su gobierno a que:
Archive el procedimiento abierto contra Khadijatul Kubra y la ponga de inmediato en libertad incondicional;
• Ponga en libertad a todas las personas acusadas y detenidas en virtud de la Ley de Seguridad Digital únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión;
• Se asegure de que Khadijatul Kubra recibe una indemnización por los daños causados por la privación arbitraria de libertad durante un año;
• Además, hasta que quede en libertad, se asegure de que tiene acceso regular a asistencia médica adecuada y que sus condiciones de reclusión cumplen las normas internacionales.
Atentamente,
[NOMBRE]
INFORMACIÓN ADICIONAL
Las dos demandas presentadas contra Khadijatul Kubra estaban redactadas de forma casi idéntica y fueron presentadas con días de diferencia, el 11 y el 19 de octubre de 2020, por dos agentes de policía distintos en comisarías diferentes, que vieron la emisión en directo de su webinario en YouTube. Acusaron a Khadijatul de “intentar enturbiar la situación política”, “involucrar al público en general en actividades contra el gobierno”, “dañar la reputación de Bangladesh en el mundo”, “derrocar al gobierno legítimo de Bangladesh” e “insultar a la primera ministra, organismos gubernamentales gobierno e importantes figuras del Estado”.
Según la familia de la joven, Khadijatul Kubra tuvo conocimiento de las acusaciones varios meses después de que se presentaran, pero no les dijo nada. Su padre, que trabaja como empleado doméstico en Kuwait, está endeudado desde la pandemia de COVID-19, y Khadijatul sabía que su familia no podía permitirse los elevados gastos y las multas que debe costear una persona imputada bajo la Ley de Seguridad Digital. Sus progenitores no supieron de las acusaciones hasta que la policía llegó a su casa a detener a su hija.
Khadijatul no es la única persona menor de edad a la que se ha aplicado la Ley de Seguridad Digital y acusado como adulta. Dipti Rani Das, de la minoría hindú de Bangladesh, fue detenida el 28 de octubre de 2020, cuando tenía 17 años, y estuvo más de un año en un centro penitenciario por “herir los sentimientos religiosos” y “contribuir al deterioro del orden público”. El 17 de febrero de 2022 se le concedió la libertad bajo fianza, y el 15 de marzo de 2022 fue puesta en libertad. Poritosh Sarkar, un niño hindú, fue acusado de “herir los sentimientos religiosos” de los musulmanes con una publicación denigrante que subió a las redes sociales cuando estaba en 10º grado. Poritosh, que pasó ocho meses en régimen de aislamiento tras ser detenido, fue condenado a cinco años de cárcel, a pesar de que la investigación no aportó pruebas concluyentes. Mohammed Emon, estudiante de secundaria de 15 años, acusado en aplicación de la Ley de Seguridad Digital por una publicación en Facebook donde criticaba a uno de los líderes políticos de Bangladesh, pasó 16 días en un centro penitenciario para menores en Gazipur (Bangladesh) antes de ser puesto en libertad bajo fianza con la condición de presentarse ante el tribunal casi cada mes.
El 7 de agosto de 2023, el gobierno de Bangladesh anunció que la Ley de Seguridad Digital sería derogada y sustituida por otra, la Ley de Ciberseguridad. Sin embargo, las demandas interpuestas en virtud de la Ley de Seguridad Digital seguirán su curso, a pesar de que las organizaciones de derechos humanos llevan años pidiendo reiteradamente que se ponga en libertad a todas las personas detenidas en virtud de esta ley sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Si bien es importante asegurarse de que cualquier nueva ley que entre en vigor, como la Ley de Ciberseguridad, sea conforme a las normas internacionales, los procesos abiertos en virtud de la Ley de Seguridad Digital sólo por ejercer el derecho a la libertad de expresión, como el de Shahnewaz Chowdhury, que están en los tribunales, siguen violando los derechos fundamentales de las personas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Bangladesh es Estado Parte, el derecho a la libertad de expresión protege la expresión de toda clase de ideas y opiniones, incluidos los discursos políticos, los comentarios sobre asuntos públicos, y el debate sobre derechos humanos. A los relatores especiales de la ONU sobre la libertad de expresión les preocupa que algunos apartados de la Ley de Seguridad Digital, entre los que se encuentran los utilizados contra Khadijatul Kubra, penalizan grandes categorías de expresión en términos vagos y generales, otorgando al gobierno de Bangladesh “un amplio margen de discrecionalidad para penalizar indebidamente a personas por tener o difundir opiniones personales, creando un efecto disuasorio en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”.
Al derogar la Ley de Seguridad Digital, el gobierno debe poner en libertad a todas las personas detenidas en virtud de dicha Ley únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés, bengalí o su propio idioma
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 10 de noviembre de 2023
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Khadijatul Kubra (femenino)
Fotografía: Pixabay