“El primer aniversario del demoledor informe de la ONU sobre Xinjiang constituye un severo recordatorio de la necesidad de que China rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad en el contexto de una respuesta ‘lamentablemente insuficiente’ de la comunidad internacional”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El 31 de agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó su largo tiempo esperada evaluación de la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en la que concluía que las violaciones de derechos por el gobierno chino contra la población uigur y otras minorías predominantemente musulmanas —incluidas la tortura y el encarcelamiento masivo en campos de internamiento— podrían “constituir […] crímenes de lesa humanidad”.

“En lugar de actuar con urgencia conforme a las conclusiones del informe sobre la existencia de violaciones graves del derecho internacional en China, la comunidad internacional —incluidos importantes componentes de la propia ONU— eludió el tipo de medidas resueltas necesarias para promover la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas”, ha manifestado Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para China.

La evaluación de la OACNUDH sobre Xinjiang se publicó el último día del mandato de la anterior alta comisionada, Michelle Bachelet. Su publicación había sufrido un grave retraso, cuando la comisionada Bachelet había indicado un año antes que se estaba “finalizando”. En un borrador de carta a Bachelet filtrada por los medios de comunicación, las autoridades chinas habían instado a la alta comisionada a “no publicar” el informe sobre la situación en Xinjiang elaborado por su oficina.

En octubre de 2022, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos rechazaron por un estrecho margen una resolución que habría exigido un debate sobre el informe, iniciativa que ya se había quedado lejos frente a lo requerido por los llamamientos de 50 de los propios expertos designados por el Consejo (los Procedimientos Especiales) para que se celebrara una sesión especial sobre la cuestión.

El sucesor de Bachelet, Volker Turk, se comprometió en diciembre de 2022 a dialogar personalmente con las autoridades chinas sobre las graves violaciones de derechos humanos que se exponen en el informe. Sin embargo, su seguimiento público —incluida una declaración en marzo de 2023 en la que afirmaba que su oficina había abierto “canales de comunicación” con Pekín, y otra en junio de 2023 en la que reiteraba los esfuerzos de su oficina por buscar “un mayor compromiso”— sigue sin subrayar claramente la urgente necesidad de rendir cuentas por estas alarmantes violaciones.

“Necesitamos que funcionarios nacionales e internacionales, especialmente los que tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, como el Alto Comisionado, utilicen todos los medios a su alcance —tanto públicos como privados— para procurar cambios significativos en las políticas represivas de China, entre otras cosas entablando un diálogo franco y basado en pruebas con las autoridades sobre las violaciones de derechos humanos que han perpetrado”, afirmó Brooks.

La evaluación de la OACNUDH reflejaba los informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones dignas de crédito en los que se documentan constantes de tortura y otros malos tratos, así como incidentes de violencia sexual y de género entre toda una serie de violaciones de derechos humanos.

El informe de la ONU concluía que la “extensión de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de la comunidad uigur y de otros grupos de predominio musulmán […] puede constituir crímenes de derecho internacional y, concretamente, crímenes de lesa humanidad”. Y proseguía afirmando que “siguen existiendo condiciones para que continúen y se cometan de nuevo violaciones graves”, lo que añade urgencia a la necesidad de un esfuerzo rápido y eficaz para abordar la situación.

El aniversario del informe llega la misma semana que el presidente Xi Jinping hacía una visita sorpresa a la ciudad de Urumqi, en Xinjiang, en la que pidió a las autoridades que reforzaran las restricciones a las “actividades religiosas ilegales”. Las autoridades chinas han rechazado reiteradamente las acusaciones de que se cometían violaciones de derechos humanos en la región.

“El primer aniversario del informe de la OACNUDH debe ser una llamada a la acción para la comunidad internacional. La necesidad de que los Estados, a través del Consejo de Derechos Humanos, establezcan un mecanismo internacional independiente para investigar los delitos de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos en Xinjiang es más urgente que nunca. Las familias de las personas detenidas arbitrariamente o sometidas a desaparición forzada o a malos tratos desean y merecen respuestas y rendición de cuentas, no demoras ni concesiones”, concluyó Brooks.

La represión de China contra personas de etnia uigur, kazaja y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang, llevada a cabo bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, se ha documentado ampliamente desde 2017, especialmente por parte de los procedimientos especiales de la ONU. En 2021, un informe  exhaustivo de Amnistía Internacional demostró que el encarcelamiento masivo, la tortura y la persecución sistemáticos perpetrados por las autoridades chinas y organizados por el Estado constituían crímenes de lesa humanidad.

La campaña de Amnistía Internacional en favor de la liberación de personas detenidas en Xinjiang ha presentado hasta la fecha los casos de 126 personas que se cuentan entre las que, en número quizá superior a un millón, están sometidas a detención arbitraria en campos de internamiento y prisiones de Xinjiang desde 2017.