En Venezuela se han reportado más de 344 víctimas fatales desde 2014 hasta 2023. Los cuerpos de seguridad, como la GNB, son los principales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, destacan en el informe

La organización Justicia, Encuentro y Perdón publicó un nuevo informe llamado “Tipologías estatales e impunidad en Venezuela”, cuyos autores, Fernando Fernández y Daniela Suárez, abogados dedicados a los derechos humanos, presentaron la segunda parte de esta investigación centrada en el crimen, los patrones, la selectividad de los grupos armados con las víctimas y la recurrencia con la que ocurre en Venezuela los delitos de persecución, detención arbitraria, torturas y persecución. 

“Nos centramos en las muertes durante manifestaciones, presos políticos o en circunstancias políticas. Hemos registrado 344 víctimas fatales desde el 2014 hasta el 2023”, destacó Suárez.

En Venezuela no se encuentran datos oficiales de casi nada. Fernandez explicó que son las ONG y la Corte Penal Internacional quienes las documentan, incluyendo las cifras de las ejecuciones extrajudiciales. Adicionalmente, señaló que “el asesinato debería ser considerado como delito autónomo ya que está vinculado a la persecución”.

Al Estado venezolano se le pueden aplicar algunas tipologías, entre ellas, anómica, frágil y dual. Puntualizó que por anómica se entiende que omite leyes y normas además de ser incapaz de proveer instrumentos legales adecuados; por frágil se refiere a que carece de legitimidad política y no es capaz de garantizar la estabilidad, la seguridad ni los derechos, así como el acceso a bienes para la mayoría de las personas.

Con respecto a lo “dual”, detalló que abarca la justicia, economía y sociedad. La justicia dual señala que las autoridades pueden ser “amigables y colaboradoras” así mismo como pueden ser autoras de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos.

Suárez señaló que desde 2014 se han detectado dos tipos de políticas; la primera, son las ejecuciones extrajudiciales que, generalmente se dan en zonas populares y contra hombres jóvenes y, la segunda política, es la discriminación existente en el país. Comentó que “Venezuela entra en el fenómeno de persecución negativa, cualquier persona es una potencial víctima frente al Estado, van desde sindicalistas, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, no importa qué haga esa persona, si el Estado la marcó como potencial riesgo, será perseguida”.

Destacó que la organización logró identificar tres categorías de víctimas: asesinatos cometidos en manifestaciones pacíficas, asesinatos por encontrarse en las inmediaciones de las manifestaciones, pese a no formar parte de ellas y por último los asesinatos cometidos en contra de víctimas selectivas.

Los manifestantes son atacados ejerciendo el derecho a la protesta, por las fuerzas armadas en conjunto de grupos civiles armados “justo como prevé el Plan Zamora”, así son privados de sus derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad personal, ya que son percibidos como enemigos internos del gobierno, y de esta forma desincentivan el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. “Es una disuasión general basada en el temor”, puntualizó Suárez

“El gobierno ejecuta la maquinaria represiva sin importar si es un oficial de las fuerzas armadas, un diputado o un activista, en Venezuela la política es matar al enemigo” 

La GNB es el cuerpo de seguridad que más ha estado involucrado con los asesinatos registrados desde 2014, luego la Guardia del Pueblo, seguida por el CONAS. Los siguientes son los cuerpos de policías, incluyendo al CICPC, de penúltimo lugar está la DGCIM y de último el SEBIN.

“El caso de la CICPC es alarmante, porque ellos están encargados de investigar esos casos, pero también son los ejecutores”, enfatizó Suárez.

En todos los cuerpos señalados existe la opacidad de información, también indicó que tienen página web y podrían publicar la cadena de mando. Existen divergencias en el marco normativo, ya que algunas fueron creadas por resoluciones o decretos. Todos estos cuerpos de seguridad responden al presidente de la república, ya sea en su puesto de Comandante en Jefe o de presidente.

Fernández y Suárez hicieron hincapié en la importancia de la responsabilidad individual, sin embargo, comentaron que la forma adecuada de juzgar estos asesinatos debe ser por “autoría mediata de estructuras organizadas de poder”. Añadieron que el Código Penal de Venezuela no reconoce otras autorías fuera de la figura de “perpetrador”.

Las conclusiones a las que llegaron en el informe son que existe una conexión entre el crimen de persecución y los asesinatos cometidos por motivos políticos, la tipología del Estado venezolano es híbrida, la cadena de mando de los cuerpos de seguridad del estado que participan en la comisión de los crímenes son susceptibles de responsabilidad penal y que la autoría mediata por estructuras organizadas de poder resulta aplicable.

Para finalizar, hicieron una serie de 13 recomendaciones entre las que están: Instaurar en Venezuela la jurisdicción universal para los crímenes atroces en cualquier parte del mundo, independientemente de la nacionalidad de las víctimas y victimarios; codificar los delitos comunes y transnacionales que se encuentran desperdigadas en más de 100 leyes especiales y tipificar el delito de asesinato común como un delito autónomo, sustituyendo la del homicidio calificado debido a su ineficacia para permitir las ejecuciones extrajudiciales.

Las últimas cinco recomendaciones van dirigidas a reformas del Poder Público y ministerios así como de la Defensoría del Pueblo, pues Suárez recalcó que “sin una limpieza y reforma de los poderes públicos es prácticamente imposible conseguir un cambio real y efectivo. Esto junto a la voluntad política nos permitirá subsanar la situación”