35% de las agresiones a la población LGBTIQ+ están perpetradas por agentes del Estado. Recordando la política de homofobia que manejan, la ley contra la discriminación está mal enfocada, hace falta una mesa técnica que incluya a los grupos vulnerados

La red LGBTIQ+ de Amnistía Internacional Venezuela realizó una emisión en directo a través de su cuenta de Instagram (redlgbti_ai) para conversar sobre la situación de las 33 personas detenidas en Valencia, estado Carabobo. En el live estuvieron presentes Damaso González, monitor de la red; Andreina Colmenares, abogada y activista de los derechos humanos; Fabrizio Sánchez, periodista y Yendri Velásquez, defensor de los derechos humanos y parte del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.

Colmenares inició comentando que hace unas semanas se dio una situación irregular en un sauna al que asisten personas del colectivo LGBTIQ+, ese día estaban compartiendo de forma habitual y se dio un allanamiento irregular sin la orden pertinente. Supuestamente se dio por una denuncia anónima, donde detuvieron a 33 hombres. Fueron acusados de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica sin fundamento legal.

“No hay ultraje al pudor porque eran mayores de edad, la actividad era consensuada y en un lugar privado, adicionalmente el ultraje al pudor no es un delito”. Igualmente acotó que “es una cadena de decisiones desde el poder y no legales, ya que no solo la policía hizo acusaciones sin fundamento, el juez tomó decisiones también erradas”.

Liberaron a 30 de los 33 bajo régimen de presentación porque no tenían bases para detenerlos, los tres restantes, que eran el dueño y dos trabajadores del sauna, no les dieron la libertad por “la permisología del sauna”. Enfatizó que se espera que les retiren los antecedentes penales porque algunos de los acusados estaban a la espera de irse del país, y no es justo que tengan antecedentes penales de delitos que no cometieron.

Damaso González, monitor de la red LGBTIQ+ de AIVEN, preguntó si el Estado tenía forma de reparar el daño moral, a lo que Colmenares respondió: “El daño moral no es cuantificable, así que no se puede reparar el daño que sufrieron estas personas con todo este proceso y es positivo que se haga el sobreseimiento para aligerar esta carga”. Añadió que gracias al apoyo de la comunidad LGBTIQ+ y la presión que hicieron sobre el Estado, se aceleró el proceso, se visibilizó el caso e incluso llegó a organismos y medios internacionales enfatizando todas las irregularidades cometidas.

La abogada, además, indicó que actualmente, luego de toda la movilización de las ong y organismos internacionales, no existe una amenaza hacia la comunidad pero que sí se necesitan mecanismos para tratar situaciones parecidas. Esto es un punto de ancla para que las organizaciones se unan, para que se reconozcan sus derechos y se enfoque bien la ley anti discriminación. Comentó que esta última debería ser transversal y enfocada correctamente, pues solo está dirigida hacia la etnia y raza. Expresó que es necesaria una mesa técnica que incluya personas de la sociedad civil y de la comunidad que conozcan cómo se vulneran sus derechos para crear una ley válida y útil. Insistió en que se debe exigir una mesa técnica para tratar estos temas.

Periodismo que no revictimiza

El periodista, Fabrizio Sánchez, habló sobre el abordaje de este tema en los medios y destacó que a diferencia de otros hechos que le ha tocado abordar sobre la comunidad, en este caso, hubo más notas positivas y apegadas a la ética periodística que la primera nota, que inició el escándalo y los sometió al escarnio público. “Esta noticia se hizo con un abordaje bastante inadecuado y sensacionalista, sin rigurosidad y contraste”, puntualizó. Además se difundieron las fotos de las personas, sus identidades, se les tildó de culpables sin tener las pruebas. Luego otros medios sí se acercaron a las fuentes de primera mano y se descubrieron las irregularidades en el proceso. Por suerte, se tienen los testimonios de lo sucedido a esas 33 personas, donde denuncian que funcionarios del Estado los humillaron y acosaron.

Todo periodista debe partir de la base de los derechos humanos y la ética periodística, partir de la presunción de la inocencia, verificar, corroborar la información, respetar las identidades y atender las denuncias de las personas, darle voz a los grupos vulnerables, darle una mirada integral a los diversos temas para ejercer adecuadamente. Dijo que siempre hay que preguntarse cómo se puede hacer mejor el trabajo y cómo puede transmitirse de la mejor manera. 

Resaltó que este caso se trata de homofobia estatal porque con todo el proceso se buscaba criminalizar a la comunidad LGBTIQ+, y esta narrativa ha ido creciendo a lo largo de los años, y con los discursos religiosos que se sumaron a la política nacional, se acrecentó. 

“Con la difusión de información falsa y estigmatizante también hay responsabilidades personales, y el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exhortaron hacer un buen trabajo periodístico, sin embargo, no pueden proceder a una demanda por lo reducido y limitado que están”, destacó Sánchez.

Dijo que es importante que los gremios periodísticos hayan alzado la voz porque, en caso de que vuelva a pasar algo así, ya sabemos que contamos con su respaldo. "Es importante que como periodistas no demos espacio a los discursos de odio, como ha pasado con los grupos religiosos, hay que dar espacio al debate pero desde los derechos humanos, no con discursos que atenten contra los demás".

“Hay que mantener la disposición de aprender continuamente para hacer una labor periodística correcta, darle voz a los grupos vulnerables, respetarlos y seguir buenas prácticas para hacer un mejor trabajo. Existen maneras de realizar contenido apegado a la veracidad y atractivo sin necesidad de sensacionalismo, sin difundir discursos incriminatorios y estigmatizantes”, finalizó Sanchez.

Vigilancia a la actuación de funcionarios

Yendri Velásquez, defensor de los derechos humanos y parte del observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, comentó que hay que hacer hincapié y revisión en el trabajo de la policía de Valencia, ya que estos atraparon a las personas porque tuvieron una intención ilegal de hacerlo, además le hicieron llegar información falsa a los medios y esto demuestra su actuación malintencionada.

Resaltó que 35% de las agresiones de la comunidad están perpetradas por agentes del Estado, recordando la política de homofobia que tiene el Estado. "Hay que alzar la voz en contra de la injusticia, sólo así se conseguirán los cambios necesarios".

Asimismo, recalcó que la política de homofobia tiene diferentes manifestaciones, como los allanamientos, extorsión, violencia y la omisión, no atender las demandas de la población LGBTIQ+ también es homofobia. 

Señaló que los diferentes sectores políticos tienen la misma visión anti derechos humanos contra la comunidad.

“Se le intenta vender a las personas que estos derechos no son prioritarios, sin embargo, a nosotros también nos afecta la realidad del país, pero nos afecta un poco más por el morral de desigualdades que vivimos”, narró Velásquez. “Se nos hace dos y tres veces más complicado que al resto de la población, como les sucede a las personas trans con trabajo forzado sexual, o acoso a los gays y lesbianas”. Todo esto se suma como consecuencia de la desigualdad y el acoso que permite el Estado venezolano.

"La criminalización del Estado está sistematizada, la defensa de los derechos humanos está criminalizada, siempre debemos tener estrategias para defender nuestros derechos, ya que esto no solo afecta a la población LGBTIQ+, también a sindicalistas, mujeres, población indígena y cualquier defensor de los derechos humanos".

Velásquez recalcó que a veces conocer los derechos no siempre es suficiente, ya que hay un uso instrumental de las leyes y las instituciones por parte del Estado. “Es importante que sepan que ser LGBTIQ+ no es un delito, juntarse para divertirse no es delito, la policía no puede realizar allanamiento sin una orden, no te pueden llevar preso sin pruebas, pero cuando se ejerce la fuerza de las autoridades no hay argumento válido, pero hay que interiorizar eso para defenderse mejor”.

Añadió que hay organizaciones en todo el país que pueden apoyarlos en lo que necesiten, “no están solos y ser como somos no es un delito, no podemos permitir que el Estado nos criminalice por eso”. Aunque no seamos uno de los 33, nos ataca a cada uno de nosotros, “el silencio nunca nos ayuda”.

Por su parte, González subrayó que ha sido una oportunidad para que la comunidad se junte y unifique, “porque no solo son 33 personas, es toda la comunidad, pues en ellos vemos reflejados todos los problemas que vive la comunidad y la violencia institucional”. Comentó que es una oportunidad para pronunciarse y articularse, buscar diferentes estrategias para defender los derechos LGBTIQ+.

Al cierre del conversatorio González resaltó que “no se pueden defender arbitrariedades con arbitrariedad”, hay que entrar en contexto, se criminaliza judicialmente a diversos colectivos y con conocimiento de derechos humanos podemos desde la sociedad civil y campañas a favor de los derechos humanos no normalizarlo y exigir que el Estado garantice los derechos de las personas que sufren discriminación.

Fotografía: Nancydowd en Pixabay