Según Transformative Justice Collective, la ejecución de un hombre malayo de Singapur condenado a muerte en 2018 tras ser declarado culpable de traficar con unos 50 gramos de diamorfina (heroína) está prevista para el miércoles 26 de julio

Ante la noticia de que están previstas dos ejecuciones por delitos relacionados con drogas para el miércoles 26 de julio y el viernes 28 de julio, Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, ha manifestado:   

“Es inaceptable que las autoridades de Singapur sigan imponiendo ejecuciones implacablemente en nombre del control de drogas. No hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial o influya de algún modo en el uso y la disponibilidad de las drogas. Mientras que países de todo el mundo eliminan la pena de muerte y abordan una reforma de su política sobre drogas, las autoridades de Singapur no hacen ninguna de ambas cosas.   

El único mensaje que estas ejecuciones transmiten es que el gobierno de Singapur está dispuesto a desafiar una vez más las salvaguardias internacionales sobre el uso de la pena capital.   

Ya es hora de que Singapur cambie de rumbo, relegue la pena de muerte a los libros de Historia y estudie detenidamente ofrecer más protección efectiva frente a los daños causados por las drogas, como ampliar el acceso a los servicios sociales y de salud, incluso para las personas usuarias de drogas, y abordar las causas socioeconómicas subyacentes de la implicación en el tráfico de drogas.  

Pedimos de nuevo a los gobiernos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que ejerzan más presión sobre Singapur para que todas las ejecuciones se suspendan y las políticas de control de drogas se articulen en torno a la promoción y protección de los derechos humanos.  

Y deberían empezar hoy mismo, con una condena inequívoca de las ejecuciones de dos personas condenadas por tráfico de drogas programadas para esta semana.”

Información complementaria    

Según Transformative Justice Collective, la ejecución de un hombre malayo de Singapur condenado a muerte en 2018 tras ser declarado culpable de traficar con unos 50 gramos de diamorfina (heroína) está prevista para el miércoles 26 de julio.   

A la ciudadana singapuresa Saridewi Djamani se le impuso la pena de muerte preceptiva en 2018. Su ejecución, según informes, está programada para el viernes 28 de julio, y sería la primera ejecución de una mujer en Singapur en unos 20 años. Fue declarada culpable de posesión de unos 30 gramos de diamorfina para fines de tráfico.   

Tanto la UNODC como la JIFE, órganos de la ONU encargados de elaborar y vigilar las políticas sobre drogas, han condenado el uso de la pena de muerte para castigar los delitos relacionados con drogas y han instado a los gobiernos a avanzar hacia la abolición.   

Más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena capital en la legislación o en la práctica. Malasia, vecino cercano de Singapur, está respetando la suspensión oficial de las ejecuciones declarada en 2018 y recientemente ha derogado la pena de muerte preceptiva, incluso para los delitos de drogas.  

Singapur está entre los cuatro únicos países —junto con Arabia Saudí, China e Irán— donde se confirmaron ejecuciones por delitos de drogas en 2022. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.