“La región no puede seguir por el camino de la represión de las protestas, la militarización de las fronteras y la seguridad ciudadana, la destrucción del medio ambiente y la desprotección de comunidades históricamente marginalizadas, como los Pueblos Indígenas, y las personas defensoras de derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Los Estados de las Américas deben abordar el cierre del espacio cívico en la región y garantizar el fin de políticas represivas para atender las demandas sociales de la población en el continente, dijo Amnistía Internacional hoy en una carta abierta a los y las jefes de Estado que asistirán la 53° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“La región no puede seguir por el camino de la represión de las protestas, la militarización de las fronteras y la seguridad ciudadana, la destrucción del medio ambiente y la desprotección de comunidades históricamente marginalizadas, como los Pueblos Indígenas, y las personas defensoras de derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Las y los jefes del Estado de las Américas tienen que cambiar el rumbo y buscar soluciones para crear un continente más libre y seguro, con pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas.”

Entre las preocupaciones de Amnistía Internacional, sobresale el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas sociales, que se ha visto en varios países del continente, incluido recientemente en Perú. Los Estados de las Américas deben garantizar que las personas puedan ejercer el derecho a la protesta pacífica y que toda fuerza desplegada por los agentes de seguridad sea necesaria, legitima y estrictamente proporcional en el control de manifestaciones. Asimismo, la organización llama a los Estados a poner fin a las detenciones arbitrarias, los homicidios ilegítimos, la tortura y los otros malos tratos que se cometen de manera frecuente en gran parte de la región.

Otro tema que deben abordar con urgencia los Estados de la región es el de la movilidad humana y necesidad de protección internacional, específicamente en el caso de las personas huyendo de las crisis de derechos humanos en países como Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Es alarmante cómo políticas migratorias restrictivas e, inclusive, inhumanas, como las de los Estados Unidos, México, Perú y Chile, hayan puesto en peligro a las personas en necesidad de protección internacional, en lugar de buscar la cooperación para atender la crisis humanitaria en diversas fronteras a lo largo del continente.

La región no puede seguir por el camino de la represión de las protestas, la militarización de las fronteras y la seguridad ciudadana, la destrucción del medio ambiente y la desprotección de comunidades históricamente marginalizadas, como los Pueblos Indígenas, y las personas defensoras de derechos humanos.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Asimismo, Amnistía Internacional considera que los estados deben encontrar alternativas para atender las crisis de seguridad pública diferente a la militarización, que se ha convertido en la norma en varios países de la región. El uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad ciudadana se ha ido acentuando en países como México y Ecuador, lo que ha generado contextos graves de violaciones a los derechos humanos, sin atender las causas raíz de la violencia criminal.

Los Estados deben tomar medidas urgentes para proteger a las personas defensoras, ya que el continente americano sigue siendo el más peligroso para quienes defienden los derechos humanos.

Según Front Line Defenders, Colombia fue el país más letal del mundo para personas defensoras en el 2022, con al menos 186 asesinatos, seguido por México (45), Brasil (26) y Honduras (17).

La crisis climática es otro peligro que amenaza la región. A pesar de que los impactos del cambio climático en comunidades rurales e históricamente marginalizadas es cada vez más notoria, los esfuerzos de los Estados han sido insuficientes y no se han abordado la dependencia de los combustibles fósiles, el principal factor de la crisis.

Asimismo, los Estados no han hecho lo suficiente para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas en las Américas. En el último año, Amnistía Internacional ha documentado casos de asesinatos de personas lideresas Indígenas, en países como Brasil, Colombia, Ecuador y México, en el marco de conflictos relacionados con la tierra. Mientras tanto, varios Estados están llevando a cabo o han otorgado concesiones a empresas nacionales y multinacionales para la realización de proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas afectados.

La violencia y discriminación contra mujeres, niñas y personas LGBTI es otro problema histórico que urge una respuesta contundente. Los Estados de la región continúan sin atender adecuadamente los altísimos niveles de violencia basada en género, incluidos los feminicidios, y, por otro lado, varios Estados han tomado medidas que ponen en peligro los derechos sexuales y reproductivos.

Finalmente, la Asamblea General tendrá que elegir a cuatro personas para conformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Frente al retiro de candidaturas de cuatro países, Amnistía Internacional urge a los Estados de las Américas a elegir personas con las más altas credenciales, cumpliendo con los principios de idoneidad, imparcialidad, independencia y reconocida competencia en materia de derechos humanos; y a asegurarse que la nominación y retiro de candidaturas esté basado firmemente en el marco jurídico interamericano.