La detención arbitraria de Leila de Lima es un reflejo del contexto general de impunidad creciente por las violaciones de derechos humanos en el país

Ante la noticia de que un tribunal de Filipinas ha archivado una de las dos causas sobre drogas abiertas contra la exsenadora Leila de Lima, Montse Ferrer, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Investigación, ha declarado:

“La absolución parcial de la presa de conciencia y defensora de los derechos humanos Leila de Lima debía haberse producido hace tiempo. Aunque la justicia ha sido lenta para ella, llega después de años de detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos que ha tenido que soportar.

“Instamos a las autoridades a que anulen también la restante causa por drogas y a que garanticen que se tramita con rapidez e imparcialidad su solicitud de libertad provisional en este caso pendiente. Las autoridades no deben demorar más su excarcelación y deben permitirle que se reúna con su familia, amistades y simpatizantes después de seis largos años.

Instamos a las autoridades a que anulen también la restante causa por drogas y a que garanticen que se tramita con rapidez e imparcialidad su solicitud de libertad provisional en este caso pendiente.

Montse Ferrero, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional

“Desde su detención arbitraria en 2017, Amnistía Internacional y muchos otros grupos de la sociedad civil sostienen que los cargos formulados contra Leila de Lima son falsos y consecuencia del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión. Leila de Lima no debería haber estado ni un solo día entre rejas, y ya es hora de que sea debidamente resarcida por las violaciones de derechos humanos que ha sufrido.

“Más allá de la excarcelación de Leila de Lima, pendiente desde hace tiempo, la administración Marcos debe trabajar para hacer rendir cuentas a los responsables de su detención arbitraria, que violó claramente sus derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a otras garantías procesales”.

Información complementaria

El 12 de mayo, un tribunal de Muntinlupa absolvió a la presa de conciencia y exsenadora Leila de Lima en una de las dos causas abiertas contra ella por conspiración para cometer tráfico de drogas ilegales. En la otra causa sobre drogas, aún pendiente, otro tribunal de Muntinlupa aplazó su decisión sobre la solicitud de libertad bajo fianza de Leila de Lima. Para ser excarcelada, hace falta que se apruebe su solicitud de libertad bajo fianza en la otra causa. No se sabe con exactitud cuándo tomará su decisión ese tribunal.

De Lima está detenida en la jefatura de la Policía Nacional de Filipinas desde su arresto, el 24 de febrero de 2017 por cargos de drogas. Como activista de derechos humanos y exsenadora, es una de las críticas más acérrimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la administración del expresidente Rodrigo Duterte. Desde su detención, Amnistía Internacional, junto con muchas otras organizaciones nacionales e internacionales, ha afirmado reiteradamente que los cargos contra ella eran falsos, al igual que las declaraciones de testigos en su contra.

Las autoridades detuvieron a de Lima después de que ésta hubiera intentado investigar los abusos perpetrados en el marco de la llamada “guerra contra las drogas” durante la administración del expresidente Duterte, incluida la ejecución extrajudicial de miles de personas como presuntas consumidoras o traficantes de drogas, que, Amnistía afirma, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Como en el caso de Leila de Lima, prácticamente no ha habido justicia ni rendición de cuentas para las víctimas de estos abusos ni sus familias.

Las actuaciones judiciales contra de Lima de los últimos seis años se han caracterizado por demoras indebidas, como la incomparecencia reiterada ante el tribunal de testigos de la acusación y los cambios en los miembros de la judicatura que juzgaban las causas abiertas contra ella. En 2018, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Leila de Lima era arbitraria porque carecía de base jurídica y no se respetaban las normas internacionales relativas el derecho a un juicio justo.

La detención arbitraria de Leila de Lima es un reflejo del contexto general de impunidad creciente por las violaciones de derechos humanos en el país que incluyen homicidios; y amenazas a, y hostigamiento de, activistas políticos, personas que defienden los derechos humanos, y miembros de los medios de comunicación y de otros grupos afectados. Se ha tenido constancia de casos similares recientes durante la administración Marcos, como el asesinato en octubre de 2022 del periodista Percy Lapid y el homicidio de dos activistas en la provincia de Negros en noviembre de 2022.