Las autoridades tunecinas han atacado a presuntos críticos y opositores al presidente con investigaciones y encausamientos penales en un clima de amplio retroceso de los derechos humanos

La decisión de las autoridades tunecinas de ampliar una investigación penal basándose en acusaciones infundadas de “conspiración” mediante la adición de cuatro disidentes a la lista de personas acusadas es una señal profundamente preocupante de la creciente represión, ha manifestados hoy Amnistía Internacional. Entre las personas acusadas figuran el destacado defensor de derechos humanos Ayachi Hammami, la abogada feminista Bochra Belhaj Hamida y los políticos de la oposición Nejib Chebbi y Noureddine Bhriri.

“Las autoridades tunecinas ya han hecho el suficiente daño al derecho a la libertad de expresión y al Estado de derecho con la detención arbitraria de disidentes por acusaciones infundadas. Deben cerrar la investigación con carácter urgente, dejar en libertad de inmediato a todas las personas que hayan sido detenidas en relación con ella y poner fin al uso del sistema judicial como instrumento de represión”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“En un momento en que la crisis económica tunecina continúa agravándose, las autoridades deben procurar promover un debate sano sobre el futuro del país. Al contrario de eso, están atacando deliberadamente a eminentes abogados y figuras políticas de la oposición que llevan años luchando por un futuro mejor para Túnez con el propósito de sembrar el miedo y silenciar la disidencia, lo que transmite el mensaje disuasorio de que quien se atreva a oponerse al presidente Saied corre peligro de sufrir represalias.”

En febrero de 2023, las autoridades tunecinas abrieron una investigación penal contra 17 sospechosos y detuvieron a 12 de ellos. Un juez dejó luego en libertad a al menos uno, pendiente de investigación.

El presidente ha calificado públicamente de “terroristas” a los detenidos y los ha acusado de conspirar para atacar el Estado y fomentar la tensión social. Un juez de instrucción del tribunal antiterrorista de Túnez los investiga en virtud de diez artículos del Código Penal —entre ellos el artículo 72, que impone la pena de muerte por intentar “cambiar la naturaleza del Estado”— y más de una decena de artículos de una ley de lucha contra el terrorismo de 2015.

Las autoridades tunecinas ya han hecho el suficiente daño al derecho a la libertad de expresión y al Estado de derecho con la detención arbitraria de disidentes por acusaciones infundadas.

Heba Morayef, Amnistía Internacional

El 3 de mayo, el fiscal general del Tribunal de Apelaciones de Túnez informó al Colegio de Abogados de Túnez que el juez que supervisaba la investigación añadía a cuatro personas —todas ellas profesionales de la abogacía— a la lista de sospechosos, según abogados que conocen el caso. En la información al Colegio, el fiscal empleó los procedimientos oficiales de las investigaciones penales contra abogados.

Las cuatro personas que están siendo investigadas son Ayachi Hammami, abogado que ha representado a otros dirigentes políticos de la oposición investigados en la causa; el veterano líder de la oposición Nejib Chebbi; la prominente activista Bochra Belhaj Hamida, y Noureddine Bhiri, miembro destacado del partido opositor Ennahda.

Hammami ya está siendo investigado en aplicación de una draconiana ley de ciberdelincuencia por criticar públicamente a las autoridades. Por otro lado, Bhiri, antiguo ministro de Justicia, fue detenido el 13 de febrero al por “intentar cambiar la naturaleza del Estado” presuntamente y está bajo custodia desde entonces.

Desde que suspendió el Parlamento y se otorgó poderes excepcionales el 25 de julio de 2021, el presidente Saied ha adoptado una nueva constitución que desprotege los derechos humanos y ha emitido decretos leyes que socavan la independencia judicial y la libertad de expresión.

Las autoridades tunecinas han atacado a presuntos críticos y opositores al presidente con investigaciones y encausamientos penales en un clima de amplio retroceso de los derechos humanos.