Ambos son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones

King Mwamisyo y Elias Bizimungu son dos activistas del movimiento ciudadano Lucha por el Cambio (LUCHA) de República Democrática del Congo. Los dos fueron detenidos en abril y septiembre de 2022, respectivamente, por cargos falsos, únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica tras criticar a las autoridades policiales y militares de la provincia de Kivu Septentrional porque no protegían a la población que se encontraba bajo su jurisdicción y porque eran cómplices de violaciones de derechos humanos cometidas bajo el “estado de sitio” decretado desde mayo de 2021. Ambos son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.

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Gobernador de la provincia de Kivu Septentrional / Governor of Nord-Kivu province

 Teniente general Constant Ndima / Lieutenant-General Constant Ndima

Avenue du Lac, quartier Himbi, Goma

 República Democrática del Congo

Correo-e: secretariat.cad.gp.nk@gmail.com

Señor Gobernador:

Le escribo para expresarle mi honda preocupación por el enjuiciamiento ilegítimo de King Mwamisyo y Elias Bizimungu, dos activistas de derechos humanos detenidos de forma arbitraria en relación con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

King Mwamisyo, estudiante de derecho y activista del movimiento ciudadano Lucha por el Cambio (LUCHA, por sus siglas en francés), fue detenido por el jefe de policía de Goma, la capital de la provincia de Kivu Septentrional (en el norte de República Democrática del Congo), el 2 de abril de 2022 y permaneció siete días recluido sin cargos. El día 9 de ese mismo mes, el activista fue transferido a la fiscalía militar e interrogado sobre unas publicaciones suyas en las redes sociales en las que criticaba a las autoridades municipales y provinciales (que precisamente son policías y militares a causa del “estado de sitio”) por no garantizar la seguridad y, en lugar de ello, utilizar sus facultades para extorsionar a la población y cometer múltiples violaciones de derechos humanos. Ese día también, fue acusado de “ofender al ejército” y enviado a la prisión de Goma, donde sigue recluido. El 9 de diciembre de 2022, el tribunal militar de Goma lo declaró culpable y lo condenó a cinco años de prisión y otros cinco más de privación de derechos civiles y políticos, lo que incluye la inelegibilidad para ocupar puestos públicos y la privación del derecho a votar. King Mwamisyo recurrió contra la condena, y las vistas de apelación ante el tribunal militar están en curso; la primera tendrá lugar el 5 de abril.

Elias Bizimungu, también activista de LUCHA y periodista de la localidad de Kiwanja (situada a unos 75 kilómetros al norte de Goma), fue detenido el 26 de septiembre de 2022 en un control de seguridad del ejército efectuado en la primera de las dos jornadas de movilización pacífica convocadas para protestar contra el apoyo ruandés a la "rebelión del M23". El 29 de septiembre de 2022 fue trasladado a la prisión de Goma, donde sigue recluido. El activista fue detenido sin cargos y no tuvo acceso a asistencia letrada hasta el 22 de diciembre de 2022, cuando empezó su juicio, durante el cual lo informaron por primera vez de los cargos formuladas contra él, incluido el de “participación en un movimiento de insurrección”. El 29 de diciembre de 2022, el tribunal militar admitió que carecía de competencia para juzgar ese delito. Tres meses después, el 6 de marzo, la causa fue remitida al tribunal ordinario (civil) de Goma. La primera vista se celebró el 16 de marzo.

Lo insto a que garantice la excarcelación inmediata y sin condiciones de King Mwamisyo y Elias Bizimungu, y anule las sentencias condenatorias y retire los cargos formulados en su contra. También lo insto a que tome medidas para mejorar las condiciones de detención de la prisión de Goma garantizando el derecho de la población reclusa a un alojamiento adecuado, alimentos, agua potable, atención médica y un entorno seguro, y a que elimine de inmediato y prohíba con carácter permanente los obstáculos a las visitas de los abogados y familiares tales como el cobro de tasas ilegales.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

King Mwamisyo, de 28 años, es un estudiante de derecho y activista de LUCHA de la ciudad de Goma (situada en la provincia de Kivu Septentrional, en el este de República Democrática del Congo). Compareció ante un juez por primera vez el 16 de septiembre de 2022, más de cinco meses después de su detención.

Elias Bizimungu, de 33 años, es un periodista y activista del movimiento ciudadano LUCHA de la localidad de Kiwanja, situada a unos 75 kilómetros de la capital de Kivu Septentrional (Goma). El militar que detuvo a Elias afirmó que los actos cometidos por éste habían alterado el orden público y causado pérdidas económicas a la población y al Estado. Los dos activistas se encuentran recluidos en la prisión de Goma después de que se hayan rechazado sus solicitudes de libertad provisional.

Las condiciones de detención de la prisión de Goma son pésimas. El centro, construido para albergar a 300 personas, cuenta actualmente con unos 4.000 reclusos confinados en espacios reducidos y muy sucios, que carecen de acceso a agua corriente, electricidad, camas, asistencia médica o comida suficiente. Quienes desean visitar a las personas allí recluidas deben pagar hasta dos dólares estadounidenses de soborno a los cuatro controles de seguridad de la prisión.

Los enjuiciamientos por “ofender” al ejército, al presidente o a otras instituciones del Estado violan el derecho a la libertad de expresión y son, por tanto, incompatibles con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que República Democrática del Congo está obligada a cumplir. El Comité de Derechos Humanos, que supervisa el cumplimento del Pacto, ha señalado la especial obligación que los Estados tienen de permitir las críticas hacia instituciones tales como el ejército o el gobierno. El enjuiciamiento de personas civiles por un tribunal militar constituye también una violación del derecho a un juicio justo. Las directrices sobre juicios justos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establecen que la única función de los tribunales militares es fallar delitos de carácter puramente castrense cometidos por personal militar. El enjuiciamiento de King Mwamisyo por un tribunal militar contraviene, por tanto, las obligaciones asumidas por República Democrática del Congo en virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

El resurgimiento del grupo rebelde Movimiento del 23 de Marzo (M23) en la provincia de Kivu Septentrional agravó la crisis humanitaria y de seguridad existente en la parte oriental de República Democrática del Congo y reactivó al mismo tiempo la tensión política entre este país y Ruanda, lo que provocó una nueva oleada de protestas anti-Ruanda y anti-ONU.

En 2022, las autoridades congoleñas intensificaron la represión del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. El gobierno siguió utilizando la pandemia de COVID-19 y la prórroga del “estado de sitio” (un tipo de ley marcial que se declaró en mayo de 2021 y se ha prorrogado más de 40 veces) en Ituri y Kivu Septentrional como excusas para prohibir o reprimir las reuniones públicas y las manifestaciones llevadas a cabo por personas o grupos de los que se considerara que criticaban al gobierno. Las autoridades militares, designadas con arreglo al “estado de sitio”, siguieron deteniendo de forma arbitraria a personas críticas y prohibiendo y reprimiendo manifestaciones con impunidad. Las manifestaciones que se consideraban favorables al gobierno eran permitidas, mientras que las consideradas críticas se prohibían o reprimían con violencia. Se detenía de forma arbitraria, a menudo sin juicio, a personas activistas de la oposición y de las organizaciones de la sociedad por criticar el “estado de sitio” o al gobierno, o por ejercer sus derechos humanos de cualquier otro modo. En abril de 2022, un tribunal militar de la ciudad de Beni condenó a 12 activistas del movimiento de la sociedad civil Lucha por el Cambio a 24 meses de prisión por “incitar a la ciudadanía a desobedecer las leyes”. Esas personas habían sido detenidas en noviembre de 2021 por organizar una sentada pacífica en el ayuntamiento para protestar contra la prórroga del “estado de sitio” sin una evaluación adecuada de su repercusión en la situación de seguridad. Finalmente, quedaron en libertad en agosto de 2022 después de que el Tribunal de Apelación de Kivu Septentrional anulara la decisión del tribunal militar. El informe de Amnistía DRC: One year on, ‘State of Siege’ used as a tool to crush dissent, de 2022, ofrece más información sobre el “estado de sitio”.