El ciudadano ucraniano Oleksandr (Aleksandr) Marchenko contó a sus abogados que en diciembre de 2018 viajó por asuntos personales desde Kiev, la capital de Ucrania, a través de Rusia a Donetsk, que se halla en una zona de Ucrania oriental ocupada por Rusia. El 18 de diciembre de 2018, unos hombres enmascarados lo secuestraron mientras regresaba a través de Rusia. Según Oleksandr Marchenko, esos hombres le pusieron una bolsa en la cabeza, le quitaron el teléfono móvil y otros objetos personales y lo trasladaron en un vehículo a una prisión secreta controlada por la denominada “República Popular de Donetsk” (DNR). Allí fue recluido en régimen de incomunicación en un sótano, en una celda sin ventanas, cama, inodoro ni agua corriente. Desde el primer día de su secuestro, Oleksandr Marchenko fue sometido a tortura y otros malos tratos, incluidas descargas eléctricas, hasta que aceptó leer su “confesión” autoincriminándose en un vídeo.

El 18 de febrero de 2019, lo obligaron a firmar unos documentos que afirmaban que no tenía ninguna queja contra el “Ministerio de Seguridad del Estado de la DNR”, lo trasladaron en un vehículo a la frontera rusa y lo entregaron al Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia. Los agentes del FSB pusieron a Oleksandr Marchenko una bolsa en la cabeza y condujeron durante varias horas hasta llegar al FSB regional de Krasnodar. Allí lo interrogaron sobre un hombre que él asegura que no conoce. Oleksandr Marchenko dijo a sus abogados que tras ser interrogado fue trasladado por agentes del FSB a una comisaría de policía donde pasó la noche siguiente. Sobre la base de unos falsos antecedentes de infracción administrativa, redactados por la policía, un tribunal ordenó al día siguiente la detención de Oleksandr Marchenko durante 10 días. Posteriormente, la policía falsificó otros dos expedientes administrativos contra Oleksandr Marchenko —en cada ocasión en el día en que éste habría de ser puesto en libertad por haber cumplido íntegramente su anterior detención administrativa (el 1 de marzo de 2019 y el 16 de marzo de 2019)—, de modo que continuó bajo custodia.

Durante su detención administrativa arbitraria, las autoridades del FSB, junto con “altos cargos de seguridad” de la “DNR”, interrogaron repetidas veces a Oleksandr Marchenko y le hicieron firmar una “confesión”. Profirieron amenazas contra él y su familia y le negaron el acceso a asistencia letrada. El 1 de mayo de 2019, un tribunal decretó la prisión preventiva de Oleksandr Marchenko, inicialmente por un periodo de dos meses, acusándolo de contrabando. Posteriormente, su detención se prorrogó varias veces más. El 6 de diciembre de 2019, Oleksandr Marchenko fue acusado de espionaje. El 26 de noviembre de 2020, el Tribunal Regional de Krasnodar declaró a Oleksandr Marchenko culpable de espionaje en virtud del artículo 276 del Código Penal de Rusia y le impuso una pena de 10 años de prisión en una colonia penal con un régimen estricto. Sus recursos de apelación fueron rechazados.

A Oleksandr Marchenko le extirparon la tiroides en 2016 debido a un cáncer. Desde esa intervención quirúrgica, necesita medicarse a diario, hacerse análisis de sangre mensuales y someterse a otras pruebas médicas cada tres meses. Sin embargo, desde que lo privaron de libertad en 2018, sólo se le ha realizado un análisis de sangre, en julio de 2021, gestionado de forma privada por su familia. Según los abogados de Oleksandr Marchenko, las autoridades penitenciarias le han negado en al menos dos ocasiones, y durante periodos prolongados, la medicación que necesita. La primera de ellas, entre abril y mayo de 2021, mientras se hallaba recluido en el centro de detención preventiva SIZO-1 y en la colonia penal IK-14 en Krasnodar, y la otra, del 12 al 28 de diciembre de 2021, estando recluido en SIZO-1, en Ulan-Ude, Buriatia. La privación de su medicación vital ha provocado un importante deterioro de su salud. Actualmente, en la colonia penal IK-8 se le niegan los análisis periódicos que necesita, y los medicamentos indispensables deben aportarlos sus familiares pagándolos de su bolsillo. La negación de atención médica puede constituir tortura y otros malos tratos.

Según los abogados de Oleksandr Marchenko, la dirección de SIZO-1 en Ulan-Ude lo amenazó de muerte y con someterlo a violencia sexual. Además, según informes, fue recluido en una celda de castigo durante 15 días junto a un hombre con tuberculosis, por tratar de ponerse en contacto con el cónsul de Ucrania. En 2022, las autoridades de la colonia penal IK-8 lo recluyeron en celdas de castigo o aislamiento en al menos ocho ocasiones y le negaron el contacto con su pareja.

Amnistía Internacional y otras organizaciones que velan por los derechos humanos han documentado casos de personas privadas de libertad por el denominado “Ministerio de Seguridad del Estado” en la Ucrania oriental ocupada por Rusia en los que se las somete a detención secreta y tortura y otros malos tratos a fin de obtener una confesión forzada que posteriormente se emplea para declararlas “culpables”. Si desean más información sobre estas prácticas, consulten el informe conjunto de Amnistía Internacional y Human Rights Watch: You Don’t Exist: Arbitrary detentions, enforced disappearances, and torture in eastern Ukraine, https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/4455/2016/en/

El 4 de marzo se aprobaron nuevas disposiciones legislativas por las que se penaliza la “difusión de información deliberadamente falsa” sobre las fuerzas armadas rusas (artículo 207.3 del Código Penal) y la “desacreditación” de las fuerzas armadas rusas (artículo 280.3 del Código Penal y artículo 20.3.3 del Código de Infracciones Administrativas). Toda persona acusada de cometer estos “delitos” se enfrenta a pagar multas exorbitantes o a cumplir una pena de hasta 15 años de prisión. A lo largo de los tres días siguientes, más de 140 personas fueron detenidas en aplicación de la nueva legislación, que en la práctica prohíbe la palabra “guerra” y los llamamientos en favor de la “paz”. En diciembre, las causas penales en curso por estos cargos eran, respectivamente, 180 y 100, y había al menos 5.518 procesos administrativos abiertos por “desacreditación”. Quienes se han enfrentado a sanciones administrativas por “desacreditación” podrían enfrentarse a cargos penales la próxima vez que fueran acusados de ellas.

Pueden escribir llamamientos en: Ruso, inglés o su propio idioma.