El derecho internacional humanitario prohíbe hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra

Las fuerzas gubernamentales sirias deben levantar el brutal bloqueo que afecta a la población civil de las zonas predominantemente kurdas del norte de la región de Alepo y dificulta el acceso de las personas residentes a combustible y otros suministros esenciales, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Desde que el gobierno impusiera el bloqueo en agosto de 2022, decenas de miles de civiles, incluidas personas internamente desplazadas, han enfrentado una grave escasez de combustible y ayuda. Los suministros médicos están prácticamente agotados y la población quema artículos del hogar y material plástico para tratar de calentarse ante las gélidas temperaturas. Las zonas afectadas, entre ellas Sheij Maqsoud y Ashrafieh (en el norte de la ciudad de Alepo) y más de 50 localidades de la zona de Shahba, se encuentran bajo el control del consejo civil kurdo, afiliado a la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES, por sus siglas en inglés).

El gobierno sirio controla la entrada de los suministros esenciales —como combustible, harina y ayuda humanitaria— a esas zonas. Algunas personas residentes afirmaron que, durante el año pasado, las fuerzas gubernamentales sirias habían restringido de forma intermitente la entrada de combustible y harina en esos distritos, y el último bloqueo de duración superior a un mes había tenido lugar en abril de 2022. También explicaron a Amnistía que el inicio del bloqueo de agosto había coincidido con el inicio de las conversaciones entre Turquía y Siria, dos Estados que se oponen firmemente al gobierno de la AANES en el noreste de Siria, para normalizar sus relaciones.

“Es atroz que las autoridades sirias priven de suministros esenciales a decenas de miles de residentes de Alepo por consideraciones políticas. La población civil vive permanentemente en situación de temor, necesidad e incertidumbre, y está pagando de nuevo el precio más elevado de este conflicto que parece no tener fin”, ha declarado Diana Semaan, investigadora sobre Siria de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Beirut.

“El gobierno sirio debe tomar medidas inmediatas para abordar la terrible crisis humanitaria permitiendo que el combustible y los demás suministros esenciales, así como las organizaciones de ayuda, lleguen sin restricciones a las zonas afectadas. Esta crisis es un imperativo no sólo moral, sino también jurídico. En virtud del derecho internacional, el gobierno sirio está obligado a garantizar que la población del país tiene acceso en cantidad suficiente a alimentos, medicamentos y los demás suministros esenciales. Al bloquear ese acceso, el gobierno viola los derechos de esas personas.”

Amnistía Internacional entrevistó a siete personas residentes o internamente desplazadas, y examinó la información publicada en los medios de comunicación. La organización también analizó unas imágenes por satélite que mostraban presuntos puestos de control en ocho lugares repartidos por las carreteras principales que rodean los distritos de Sheij Maqsoud y Ashrafieh y conducen a ellos. Aunque resulta difícil determinar la fecha en que se empezaron a construir esos puestos, las imágenes muestran que tres de ellos se ampliaron en 2022.

La falta de combustible agrava el sufrimiento

Las personas entrevistadas por la organizaciones afirmaron que las fuerzas armadas del gobierno sirio, incluida la Cuarta División, habían comenzado a restringir la entrada de combustible en las zonas afectadas a finales de agosto del año pasado. En consecuencia, esos distritos sólo disponen de dos horas de electricidad al día, frente a las siete que tenían antes del bloqueo.

Los hospitales, las panaderías y otras instalaciones vitales se están quedando sin combustible, y podrían cerrar de forma inminente si se mantiene el bloqueo. Cuatro residentes de las zonas de Sheij Maqsoud y Shahba contaron a Amnistía Internacional que las fuerzas de la Cuarta División han abierto una ruta de contrabando en la que se venden pequeñas cantidades de combustible a unos precios desorbitantes.

Un médico que trabaja en un hospital de la zona de Shahba explicó a Amnistía Internacional: “Nos preocupa mucho que se nos agote el combustible con el que funciona el generador del hospital. El problema es que no podemos cortar la electricidad en ciertas partes del hospital —como la unidad de cuidados intensivos, el quirófano y el centro de atención urgente—, así que necesitamos tener electricidad las 24 horas del día. Apagamos las luces, la calefacción y los equipos médicos que no se necesitan, pero eso sólo permite ahorrar una pequeña cantidad de combustible”.

La población civil vive permanentemente en situación de temor, necesidad e incertidumbre, y está pagando de nuevo el precio más elevado de este conflicto que parece no tener fin.

Diana Semaan, Amnistía Internacional

Mustafa, vecino de Sheij Maqsoud señaló: “Las verdaderas dificultades empezaron cuando el tiempo empeoró. Los contrabandistas, que suelen ser las fuerzas gubernamentales de los puestos de control, cobran unos 2.400.000 de libras sirias [aproximadamente 350 dólares estadounidenses] por 220 litros. Antes del bloqueo comprábamos esa cantidad por 75.000 libras sirias, un precio asequible”.

Razan, una mujer que vive en Sheij Maqsoud con su esposo y dos hijos, dijo: “Quemamos los objetos o juguetes viejos que tenga, o cualquier cosa que no necesite. El problema es que inhalamos toxinas, y tanto mis hijos como yo tosemos constantemente. Los colegios estás abiertos, pero allí tampoco hay calefacción, así que mis hijos están siempre enfermos”.

Acceso a medicamentos y ayuda

Las personas residentes de las zonas afectadas contaron a Amnistía Internacional que no han recibido ayuda alimentaria desde el inicio del bloqueo y que las reservas de medicamentos esenciales de los hospitales han disminuido.

Razan explicó a Amnistía Internacional que a su esposo se le ha acabado la medicación para la tensión, pero que los hospitales ya no tienen y las farmacias la venden a precios exorbitantes.

Mustafa afirmó que una organización de ayuda humanitaria que tenía previsto proporcionar apoyo a un centro médico de Sheij Maqsoud había tenido que aplazar el proyecto a la espera de la autorización de las autoridades sirias. Él y otras personas residentes agregaron que la Media Luna Roja Árabe Siria, organización humanitaria dependiente del gobierno, no ha distribuido ayuda desde el inicio del bloqueo.

Dijo lo siguiente: “Acudí también a la clínica que la Media Luna Roja dirige aquí [en Sheij Maqsoud] para conseguir la medicación, sólo unos analgésicos, y me dijeron que se les habían agotado las reservas. Pregunté que cuándo esperaban recibir más existencias y me dijeron que no sabían”.

Información complementaria

Durante los últimos diez años, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han documentado los asedios ilegales de zonas civiles efectuados por las fuerzas gubernamentales sirias, especialmente en Damasco Rural, Deraa, Alepo y Homs. En 2017, la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional mostró que el gobierno sirio había privado a la población civil de las zonas asediadas de todo el país de acceso a alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, y la había sometido a implacables ataques ilegítimos que formaban parte de una estrategia militar calculada, y que esas violaciones de derechos humanos constituían crímenes contra la humanidad.

El derecho internacional humanitario prohíbe hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. Las partes en el conflicto deben permitir y facilitar el tránsito rápido y sin trabas de asistencia humanitaria imparcial a civiles que lo necesiten.