Amnistía Internacional sigue pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que remita cuanto antes la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI)

Tras la adopción hoy de una resolución, largamente demorada, del Consejo de Seguridad de la ONU que pide el fin de la violencia y la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente en Myanmar, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

“Con la adopción de esta resolución, el Consejo de Seguridad ha dado finalmente un paso pequeño pero importante para reconocer la pésima situación en Myanmar. El Consejo debe ahora hacer un seguimiento con reuniones abiertas periódicas y reforzar sus demandas con resoluciones adicionales en virtud del Capítulo VII”.

La resolución no incluye otras medidas que se necesitan urgentemente para abordar la situación en el país, como por ejemplo un embargo integral de armas, sanciones específicas contra dirigentes militares responsables de graves violaciones de derechos humanos, y la remisión de la situación a la Corte Penal Internacional.

“Las autoridades militares deben cumplir la resolución, poner fin de inmediato a la violencia y liberar a las personas privadas de libertad arbitrariamente. Además, el Consejo debe imponer un embargo de armas integral, que incluya el combustible para aviación, y sanciones específicas contra dirigentes militares”, ha manifestado Agnès Callamard.

“Esta resolución debería ser un mensaje que indique al ejército de Myanmar que no puede seguir cometiendo graves violaciones de derechos humanos y ataques contra civiles. El Consejo está vigilando.”

Información complementaria

Amnistía Internacional sigue pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que remita cuanto antes la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional (CPI), para que se empiece a abordar la impunidad que ha imperado tanto para las atrocidades contra la población rohinyá como para los crímenes cometidos desde el golpe de Estado de febrero de 2021. El Consejo sólo ha utilizado en dos ocasiones su poder de remitir a la CPI situaciones de atrocidad (Sudán y Libia), y ahora debe remitir urgentemente la grave situación de Myanmar.

Casi dos años después del golpe de Estado militar de febrero de 2021, más de 1,4 millones de personas están desplazadas dentro de Myanmar, más de 13.000 están detenidas en condiciones inhumanas, al menos 73 están condenadas a muerte y 7,8 millones de niños y niñas están sin escuela.

Según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos, desde el golpe de Estado el ejército de Myanmar ha matado a más de 2.600 personas. Entre las víctimas hay manifestantes pacíficos, activistas en favor de la democracia y otros civiles. El ejército de Myanmar ha ignorado flagrantemente las peticiones de que respete los derechos humanos, incluido el consenso de cinco puntos de la ASEAN que el propio ejército accedió a implementar en abril de 2021.

Las atrocidades cometidas desde el golpe de Estado del año pasado vinieron precedidas de la brutal campaña de crímenes de lesa humanidad emprendida en 2017 que, por medio de ejecuciones extrajudiciales, incendios provocados y agresiones sexuales, expulsó a Bangladesh a más de 740.000 rohinyás del estado de Rajine. Se calcula que un millón de personas refugiadas rohinyás viven actualmente en Bangladesh, y muchos de sus poblados en Rajine han sido borrados del mapa.