Esto constituye una violación del derecho internacional

La deportación ilegal por parte de Israel del defensor francopalestino de los derechos humanos Salah Hammouri es un crimen de guerra, que ha sido posible gracias a un entramado de leyes y políticas concebido para mantener el apartheid sobre la población palestina. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Las autoridades israelíes deportaron a Francia a Salah Hammouri, abogado e investigador sobre el terreno que trabaja para Addameer, ONG que presta asistencia jurídica y defiende los derechos de la población reclusa, el 18 de diciembre, después de que permaneciera nueve meses en detención administrativa sin cargos ni juicio. La deportación de Salah Hammouri, y la revocación de su permiso de residencia en Jerusalén Oriental, se basan en una enmienda introducida en 2018 a la Ley de Entrada en Israel, que otorga al ministro del Interior amplios poderes discrecionales para revocar la condición de residentes permanentes de Jerusalén (una condición jurídica de la que sólo gozan las personas palestinas que residen en Jerusalén) a las personas de las que consideren que han “violado la lealtad” al Estado de Israel. Esto constituye una violación del derecho internacional, que no exige lealtad por parte de la población ocupada hacia la potencia ocupante.

La deportación de Salah Hammouri demuestra el absoluto desprecio de las autoridades israelíes por el derecho internacional.

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

“La deportación de Salah Hammouri demuestra el absoluto desprecio de las autoridades israelíes por el derecho internacional, e ilustra las discriminatorias leyes y políticas que componen el núcleo del sistema de apartheid. El suplicio que Salah Hammouri ha soportado durante el último año es algo a lo que ninguna persona judía de Israel se verá jamás sometida: ha sido deportado y privado de su condición de residente en virtud de una ley creada a la medida para permitir la expulsión de palestinos y palestinas”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En un intento por ocultar esta espantosa realidad, las autoridades israelíes siguen insistiendo en un engañoso discurso según el cual Salah Hammouri fue deportado por cometer un delito. Conviene reiterarlo: la deportación de Salah —quien no se enfrentó ni a un solo cargo— fue simplemente el acto final de la campaña de las autoridades israelíes para castigarlo por su trabajo de derechos humanos, y transmite un escalofriante mensaje sobre la siniestra intención de las autoridades de Israel de reducir el número de residentes palestinos en Jerusalén.”

El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha condenado la deportación. En una declaración ha manifestado que emprendería “acciones exhaustivas” para garantizar que “se respetan los derechos de Salah Hammouri, que éste se beneficia de todos los recursos jurídicos y que puede llevar una vida normal en Jerusalén, lugar donde nació, donde reside y donde desea vivir.” Actualmente no está claro lo que supondrá esta acción de las autoridades francesas.

La discriminación convertida en ley

En el Jerusalén Oriental ocupado, las personas palestinas reciben una frágil condición de residentes que es “permanente” sólo de nombre. El ministro del Interior israelí tiene la facultad de revocarla en cualquier momento por una serie de motivos discriminatorios.

Una enmienda introducida en 2018 a la Ley de Entrada en Israel permite revocar la condición de residente permanente “si se ha demostrado, a satisfacción del ministro, que la persona que goza de esa condición ha cometido un hecho que constituye una violación de la lealtad al Estado de Israel.” La enmienda definió esa violación de manera que incluye cometer un acto de terrorismo tal como se define en la Ley Antiterrorista de 2016, o un acto de traición o espionaje con agravantes en virtud del Código Penal de 1977.

La enmienda es una de las numerosas leyes y políticas relativas a los derechos de residencia en Jerusalén creada y utilizada exclusivamente para atacar a la población palestina: la residencia permanente es una condición de la que sólo gozan las personas palestinas que residen en Jerusalén.

La deportación de Salah Hammouri demuestra la manera en que las autoridades israelíes utilizan leyes discriminatorias sobre la ciudadanía y la residencia para reducir al mínimo la presencia palestina en áreas clave bajo su control. Tal como expuso Amnistía Internacional en su informe de febrero de 2022, hace mucho que la legislación y la política israelíes están guiadas por consideraciones demográficas. Los sucesivos gobiernos israelíes han declarado públicamente su intención de minimizar el acceso de la población palestina a la tierra y su control sobre ella en todos los territorios bajo el control de Israel.

Los crímenes de guerra exigen acción

El artículo 49 del Convenio IV de Ginebra establece claramente la prohibición de que una potencia ocupante deporte del territorio ocupado a personas protegidas o las traslade forzosamente dentro de ese territorio, independientemente de sus motivos. Ese mismo artículo prohíbe que la potencia ocupante traslade a su propia población civil a un territorio ocupado, algo que Israel hace de forma sistemática y constante mediante su política de asentamientos ilegales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que Francia y Palestina son Estados partes, incluye estas violaciones de derechos humanos como crímenes de guerra.

“Algunos aspectos de la experiencia de Salah Hammouri resultarán familiares a todas las personas palestinas que viven bajo el control israelí: ya sea el acoso, la separación familiar, o el trauma de ser expulsadas de sus hogares. El caso de Salah Hammouri es un recordatorio de que el sistema de justicia de Israel está diseñado especialmente para oprimir y dominar a la población palestina”, ha manifestado Diana Eltahawy, de Amnistía Internacional.

“La posición destacada de Salah Hammouri lo ponía en especial peligro de ser blanco de ataques, y su deportación también tiene como finalidad desalentar el trabajo de otras personas palestinas que defienden los derechos humanos. El foco sobre el caso de Salah Hammouri debe dar lugar a acciones concretas de la comunidad internacional para hacer que las autoridades israelíes rindan cuentas del trato que infligen a la población palestina. Si no lo hacen, darán a Israel luz verde para seguir cometiendo violaciones de derechos humanos.”

“Esta deportación ilegal, que constituye un crimen de guerra, queda bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. De igual modo, todos los sospechosos de ser penalmente responsables de planear, ejecutar, actuar en complicidad o contribuir de cualquier otra forma a la comisión o el intento de comisión de crímenes de guerra también podrían ser juzgados en tribunales nacionales en virtud del principio de jurisdicción universal o sobre cualquier otra base extraterritorial.”

Información complementaria

En octubre de 2021, las autoridades israelíes dictaron una orden militar que designaba a seis organizaciones de la sociedad civil palestina, entre ellas Addameer, donde trabaja Salah Hammouri, como entidades “terroristas”. En agosto de 2022, las fuerzas israelíes asaltaron y cerraron las oficinas de Addameer.

Por aquel entonces, Salah Hammouri estaba bajo detención administrativa, recluido sin cargos ni juicio. Salah fue detenido el 7 de marzo y permaneció bajo custodia israelí hasta su deportación. A 30 de noviembre de 2022, las autoridades israelíes tenían a 835 personas recluidas en detención administrativa; de ellas, todas menos dos eran palestinas.