Este proyecto de ley persigue expresamente legitimar la comisión de crímenes de guerra por las fuerzas rusas 

Ante la aprobación en primera lectura por el Parlamento nacional ruso de un proyecto de ley que en la práctica elimina la responsabilidad penal de los delitos cometidos por las fuerzas rusas y sus representantes en los territorios ocupados de Ucrania, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha afirmado:

“Este proyecto de ley, que se refiere a los territorios cuya anexión fue anunciada por Rusia el 30 de septiembre, prevé la inmunidad jurídica de las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional perpetrados en territorio ucraniano, siempre que tales crímenes tuvieran como fin ‘proteger los intereses de la Federación Rusa’.

Aunque no especifica qué delitos se considerarían ‘dirigidos a proteger los intereses de Rusia’, Amnistía Internacional cree que este proyecto de ley persigue expresamente legitimar la comisión de crímenes de guerra por las fuerzas rusas y sus representantes. Convierte en política oficial la práctica de Rusia de no garantizar justicia a las víctimas.

Los miembros de las fuerzas armadas rusas deben recordar que, aun en el caso de que finalmente esta ley se aprobara, no estaría por encima del derecho internacional ni evitaría que los criminales de guerra fueran procesados finalmente en el extranjero en virtud de la jurisdicción universal.”

Información complementaria

El 13 de diciembre, el Parlamento estatal ruso aprobó en primera lectura un proyecto de ley relativo a la aplicación del derecho penal ruso en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. Incluye una disposición que establece que un hecho considerado delictivo tanto en la legislación rusa como en la ucraniana no será calificado como tal si iba “dirigido a proteger los intereses de la Federación Rusa”.

El derecho internacional humanitario —incluidos los Convenios de Ginebra de 1949—, que regula la conducta en los conflictos armados y en el que Rusia es Estado Parte, obliga jurídicamente a los Estados a establecer sanciones penales efectivas para quienes cometen crímenes de guerra y a llevar a juicio a estas personas. El derecho internacional prevalece sobre el nacional con arreglo a la Constitución rusa y, por descontado, al derecho internacional.